Vecinos de Ramos Mejía marcharon para pedir justicia por el crimen de un kiosquero. Se produjeron incidentes con la Policía y hubo críticas a las autoridades.
En medio de los reclamos de los vecinos y otros familiares de víctimas de la inseguridad, volaron algunas botellas y piedras y la policía respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos.
Eso desató corridas y más furia de los vecinos que comenzaron a gritar «Que se vayan todos, que no quede ni uno solo».
Como consecuencia de los incidentes, a l menos un policía resultó herido y un camarógrafo de televisión sufrió un corte en la cabeza
La convocatoria se realizó mediante redes sociales y entre los propios vecinos, mas la difusión por parte de políticos opositores.
Las autoridades locales desplegaron vallas en las inmediaciones y un gran número de efectivos policiales se hicieron presentes.
Pese a ello, pasadas las 19 y hasta las 22.15, se produjeron algunos forcejeos con vecinos que marcharon del kiosco donde fue asesinado Sabo a la comisaría 2 ° de Ramos Mejia.
Además, un grupo de personas derribó el vallado puesto para que los manifestantes no lleguen hasta la comisaría y los policías armaron un cordón con los escudos.
En un momento de la protesta se hizo presente Pedro Sabo, padre de la víctima del crimen, pero después fue retirado del lugar por sus allegados.
“Hay zona liberada en todos lados. Quiero Justicia ”, reclamó entre lágrimas.
Por su parte, el joven de 29 años detenido por el crimen de Sabo, podría recibir en un eventual juicio oral una pena de prisión perpetua, mientras que sobre la adolescente de 15 años que actuó en complicidad se dictó una «medida de seguridad», por lo que fue remitida a un instituto de menores.
Así lo indicó la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, quien indicó que Suárez está imputado por «robo agravado por el uso de armas y la utilización de una menor» y también por homicidio «agravado por criminis causa y el uso de armas de guerra «.
«Por los elementos que tenemos esta persona no debería que salir», expresó la fiscal, una vez que indicó que la pena que la correspondería es prisión perpetua, el máximo castigo contemplado por el sistema legal argentino.
Además, sostuvo que en el crimen de Sabo habría utilizado dos armas de fuego: una pistola semiautomática 7.65 con numeración limada y un revólver calibre 22.
