El máximo tribunal debe resolver qué hace con la DAJuDeCO
Tras el reclamo de los jueces de la Corte, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) defendió el informe en el que relevó los aprietes públicos de dirigentes de Cambiemos a magistrados y fiscales. Ahora se espera una definición por parte del máximo tribunal. Mientras, la DAJuDeCO apuesta a crear nuevas sedes en el país.
Después del pedido de explicaciones de la Corte Suprema, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) –que incluye la oficina de escuchas telefónicas– defendió por escrito el informe que le entregó al fiscal Franco Picardi en la causa sobre «la mesa judicial» donde se relevaron mensajes en redes sociales y medios de comunicación por parte de referentes de Cambiemos que atacaban a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa. El tribunal planteaba dudas sobre la competencia del organismo para hacer un trabajo de esas características. El argumento central de la DAJuDeCO es que, ante un pedido de colaboración de un fiscal federal, no tiene potestad para negarse a hacerlo e incluso podría incurrir en una irregularidad. Ahora habrá que ver qué hacen los supremos con esta respuesta que atañe a una dependencia muy poderosa que, además, en medio de esta tensión, parece apostar a un proceso de expansión con dependencias por todo el país.
El pedido de explicaciones a la DAJuDeCO fue enviado después de la llegada de una nota firmada por referentes de la Coalición Cívica, alineados con Elisa Carrió, dirigida al presidente supremo, Horacio Rosatti, donde reclamaban que los jueces opinen y hagan cesar lo que llaman «hostigamiento», en alusión a la causa a cargo del fiscal Picardi. Carrió es una de las dirigentes más mencionadas en el análisis de expresiones contra Gils Carbó, empujada a renunciar en 2017.
La causa sobre la «mesa judicial», que tiene a Mauricio Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y varios exfuncionarios en la mira por la ofensiva desatada durante el gobierno anterior contra varios jueces y la exprocuradora, está basada en campañas de desgaste, denuncias y presiones.
La Corte no puso la firma
Los supremos no firmaron por sí mismos la «providencia» para el organismo de escuchas e investigación, sino que lo delegaron al director jurídico, Sebastián Clérici. No había acuerdo entre los cuatro. El principal disenso fue de Ricardo Lorenzetti, enfrentado con Carrió –quien lo denunció incontables veces– y que tiene una buena relación con la conformación actual de la DAJuDeCO, que se expandió mientras él era presidente del tribunal.
En la Corte suelen decir que la DAJuDeCO no depende de ellos, con lo cual fue atípico o un cambio de posición el reclamo de argumentos al organismo que hoy dirige el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra y secunda Juan Rodríguez Ponte. Ellos decidieron dar respuesta antes de los diez días de plazo que fijaron los supremos y, según pudo reconstruir este diario, marcaron que el informe elaborado estaba dentro de la legalidad, respondía al pedido de un fiscal y cumplía con todos los preceptos y protocolos del organismo. Leopoldo Moreau, titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia que monitorea a esta oficina, había dicho que los supremos se estaban entrometiendo en una investigación penal. Ahora el enigma es qué harán los jueces.
Tampoco está descartado que se plantee y profundice alguna discusión sobre el espectro de actividad de la DAJuDeCO, que se diversificó después de su traspaso a la Corte por un decreto del gobierno de Macri, cuyo principal interés era sacarle las escuchas telefónicas a la Procuración General, cuando todavía la dirigía Gils Carbó. Luego, bajo la órbita suprema y la dirección del camarista Martín Irurzun, empezó a actuar como auxiliar en causas judiciales.
En medio de esta polémica, un dato llamativo que reveló Ámbito Financiero es que la DAJuDeCO está en un plan de expansión para instalar delegaciones en distintos puntos del país y recluta gente en la Facultad de Derecho sin poder explicar bien las funciones. En el organismo señalan que hace tiempo tienen delegaciones, que son 26, pero que es cierto que quieren «federalizar» su funcionamiento. Las últimas dos se instalaron en Rawson y General Roca. Lo más curioso es que las delegaciones originariamente tramitaban pedidos de escuchas (no hacen intervenciones telefónicas) y se ocupaban del envío de grabaciones en CDs, pero hoy todo ese proceso está digitalizado.
