Pueblos originarios coparon el Monumento
Una larga marcha de comunidades indígenas hizo visible su reclamo histórico por su derecho a la tierra y a mejores condiciones de vida.
Las comunidades en Rosario de los pueblos originarios se autoconvocaron ayer en el Parque Nacional a la Bandera como cada 11 de octubre, en lo que conmemoran su último día de libertad, y previo a esta fecha que la asumen como un día de duelo, el del Respeto a la Diversidad Cultural. La multitud copó las inmediaciones del Monumento a los Héroes de Malvinas y contrastó en el paisaje desolado del feriado. Así le dieron sentido a la fecha, al señalar la postergación crónica que viven en los márgenes de las políticas públicas y de la trama social de la ciudad.
«Marchamos para visibilizar nuestras problemáticas, sobre todo por otra prórroga de la Ley 26.160 pero que sea con presupuesto real», señaló Fabiana Gómez, una de las portavoces de las comunidades desde la agrupación qom L’Mah Na Alhuá. Esa norma es una ley de emergencia que se prorroga cada dos años. Debería solucionar la falta de territorios comunitarios de esta población, pero al no tener presupuesto asignado resulta inocua.
Los referentes de las 27 comunidades registradas en Rosario (Qom, Corondá, Mocoví, Kolla, Mapuche, Diaguita, Quechua, Guaraní, etc) relataron la sensación crónica de la incertidumbre respecto del hábitat de su gente. «Vivimos con miedo al desalojo, vivimos como de prestado siempre, en viviendas precarias, sin agua potable, ni luz ni cloacas, como es el caso de quienes viven en Rouillón al fondo», señaló Gómez. Y también recordó que el complejo habitacional de Travesía y Juan José Paso (ex Sueños Compartidos) sigue inconcluso y con 38 familias que nunca recibieron la vivienda prometida.
El diputado Carlos Del Frade, que participó de la marcha de ayer, expuso la situación en números: «En el presupuesto 2022 del gobierno de Omar Perotti se destinaron $ 27.587.000 pesos para comunidades originarias. Según el Censo de 2010, había 48.265 personas en la provincia que se reconocen pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena. Eso significa que el gobierno le adjudica 571.57 pesos a cada persona. Una vergüenza. La discriminación continúa 529 años después», señaló.
Las comunidades sostienen el reclamo por la adjudicación de tierras fiscales, como lo contempla la ley provincial 12.086. Y Del Frade recordó que sigue a la espera de respuesta del Ejecutivo sobre la consulta acerca de cuáles y cuántos inmuebles del Estado fueron asignados a pueblos originarios desde 2002, fecha de sanción de la ley.
La marcha, que se prolongó por cinco cuadras hasta llegar al Monumento, tuvo el apoyo de organizaciones de base como la Corriente Clasista y Combativa. Eduardo Delmonte, su referente, manifestó el apoyo a la causa. «Acompañamos esta lucha con los pueblos originarios por el pan y el trabajo, y conocimos que su búsqueda era más compleja que la nuestra: una nación oprimida y perseguida», expresó.
