Un fallo sin antecedentes
El total de 10 millones de pesos más intereses, una cifra que no registra antecedentes similares, deberán pagarles el Estado y la Policía Federal Argentina (PFA) a dos jóvenes que entre 2009 y 2011, cuando tenían 13 y 16 años, y se encontraban en situación de vulnerabilidad económica y social extrema, fueron abusadas y explotadas sexualmente por oficiales de esa fuerza, que se aprovechaban de una relación de poder sobre las niñas.
Como forma de reparación, también, el fallo condena al Estado a implementar y cumplir, en un plazo de ocho meses, programas de capacitación sobre violencias contra las mujeres y perspectiva de géneros, destinados a miembrxs de la Policía Federal.
Por estas aberraciones, en 2016 la Justicia condenó a seis policías y un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a penas de entre siete y dieciséis años de prisión. El Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) actuó como querellante, y las condenas quedaron confirmadas en 2019 por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
La condena indemnizatoria, que emitió el 14 de octubre la titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1, Silvina Andrea Bracamonte, tuvo en cuenta los hechos que expuso en su demanda la defensora pública oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, Florencia Plazas, y los fundamentos que aportó. El monto ordenado por la sentencia, detalla un informe del Ministerio Público de la Defensa (MPD) se fijó “como reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios públicos. El resarcimiento también prevé los gastos futuros para el tratamiento psicológico de las que hoy son dos jóvenes adultas”.
Por pedido de la defensoría y en función de la situación de vulnerabilidad y las características de los daños que sufrieron las hermanas, la indemnización “deberá pagarse en el plazo de veinte días desde que la sentencia quede firme”. Entre las medidas solicitadas por Plazas, que fueron incluidas en la sentencia, figura el otorgamiento de una beca integral de estudios en instituciones públicas, para que las jóvenes completen su educación secundaria y luego la universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio, más una cobertura integral de los gastos en transporte y material educativo.
La jueza consideró que el dictamen de los peritos oficiales psicólogo y psiquiatra sobre las niñas, fueron “absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada”. Esas pericias ya habían sido impugnadas por la defensoría, por no haber sido desarrolladas con perspectiva de género. Para acreditar el daño psicológico de las víctimas -uno de los aspectos que justificó el monto de la indemnización-, la sentencia compartió los argumentos de lxs consultorxs técnicxs de la DGN, Liliana Rudman y Ezequiel Mercurio, quienes coincidieron en que “el daño psíquico se detecta consolidado y es irreversible, porque comprometió la identidad de las niñas”. De acuerdo con la sentencia, lxs profesionalxs constataron la “eficacia patógena de la esclavitud sexual en detrimento de la construcción de la identidad de las víctimas, (…) lesionando especialmente el sentimiento que cada una de ellas tiene respecto de su propia valía”.
Entre 2009 y 2011 las niñas, que atravesaban una situación económica y socioambiental precaria, fueron inducidas bajo amenazas por integrantes de la PFA a mantener relaciones sexuales con otros agentes y con personas ajenas a la fuerza. Las adolescentes recibían dinero por esa explotación, y parte de lo obtenido se repartía entre los policías que, denunciaron ellas y fue confirmado en la sentencia, «se valieron del cargo para amenazarlas y utilizaron todos los elementos a su alcance para cometer el delito, como armas de fuego, intercomunicadores y predios a los que únicamente ellos tenían acceso»: departamentos, edificios, pensiones, dependencias de la Policía Montada de la calle Cavia, el Cuerpo de Policía de Tránsito, baños y boleterías de la estación de trenes de la línea San Martín, donde fueron obligadas a soportar los abusos sexuales de diferentes hombres.
