Podría cumplir la pena en su domicilio 

El ex presidente conservador no estuvo presente en la lectura del fallo en el que se demostró que en su intento de reelección continuó gastando dinero a pesar de haber sido advertido «por escrito del riesgo de superar» el límite legal de gastos permitidos por el sistema francés.

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a un año de cárcel por financiación ilegal de campaña. La justicia de ese país comprobó que excedió el límite de gastos autorizados en las elecciones presidenciales de 2012 y le impuso una pena que, sin embargo, podría cumplir en su domicilio con pulsera electrónica. Su defensa apelará.

Sarkozy no estuvo presente en la lectura del fallo en el que se demostró que en su intento de reelección continuó gastando dinero a pesar de haber sido advertido «por escrito del riesgo de superar» el límite legal de gastos permitidos por el sistema francés.

«Seguía con la organización de mítines» siendo que «no era su primera campaña. Ya tenía experiencia como candidato», dijo la presidenta del tribunal, Caroline Viguier, que le impuso un año de prisión, aunque le permite cumplirlo en su domicilio con un sistema digital de control de salida.

Thierry Herzog, abogado del exjefe de Estado entre 2007 y 2012, contó a la salida del tribunal que su cliente le pidió por teléfono que recurriera la decisión. «Algo que haré inmediatamente», agregó sobre el recurso que intentará paralizar la pena.

Es la segunda pena contra Sarkozy

El ex presidente conservador, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República (régimen iniciado en 1958) en ser sentenciado a prisión firme por corrupción y tráfico de influencias, en otro caso. Su defensa también recurrió.

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A pesar de sus frentes judiciales, Sarkozy sigue siendo un referente en la derecha francesa, tal como muestran los mensajes de apoyo recibidos, especialmente de aquellos que optan a representar a Los Republicanos en la próxima presidencial de abril. El esposo de la cantante, modelo y actriz Carla Bruni mantiene además una relación cordial con el actual mandatario francés, Emmanuel Macron, lo que generó incluso especulaciones de un eventual apoyo al liberal en la próxima elección presidencial.

La nueva condena en su contra se produjo en el llamado “caso Bygmalion”, que indagó las irregularidades en las cuentas de la campaña para las presidenciales de 2012, en la que el entonces mandatario perdió contra el socialista François Hollande.

El tribunal le impuso la pena máxima y el doble de lo que la fiscalía reclamó al término del juicio a mediados de año por una campaña de «espectáculos a la estadounidense», en la que dejaba pasar los gastos sin preocuparse de ellos.

Según la causa, durante esa campaña se gastaron 42,8 millones de euros (unos 49,6 millones de dólares al cambio actual), casi el doble del límite legal.

Según los peritajes contables, el exceso de gastos se habría ocultado a continuación en un montaje financiero entre el entonces partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP) y la empresa Bygmalion, que organizó los eventos. Para escapar a los controles Bygmalion organizó un sistema de facturas falsas, atribuyó gastos a convenciones del partido de Sarkozy que no se realizaron y subestimó otros.

Más causas pendientes

«Es un cuento», aseguró Sarkozy durante el juicio al que el exmandatario sólo acudió en una ocasión a pesar de que el mismo duró más de un mes. «Me gustaría que me expliquen en qué hice más campaña en 2012 que en 2007. ¡Es falso!», agregó. Su defensa había pedido la absolución, ya que «no firmó ninguna factura». Sarkozy se desentendió de las acusaciones. «Soy conocido por delegar mucho», alegó. «No puedo ocuparme de todo», añadió.

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El exmandatario tiene abiertos otros procesos. La justicia lo acusa de corrupción pasiva y asociación de malhechores, entre otros delitos, por la presunta financiación libia de su campaña de 2007 que lo llevó al Elíseo.

La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) lo investiga además por tráfico de influencias y blanqueo de un crimen o un delito, en relación con sus actividades de asesoramiento en Rusia.

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