El operador judicial de Macri recién podría ser extraditado en 2023

El exasesor de Cambiemos alterna entre Montevideo y Punta del Este. Su defensa la ejerce un estudio de abogados que patrocina a grandes corporaciones.

La puerta está abierta pero «Pepín» Rodríguez Simón no se encuentra. Ituzaingó 1377, 4° piso, es el domicilio legal que fijó en Montevideo. El edificio Constitución destaca por su estilo neoclásico en dos plantas, donde había un Hogar de huérfanas a fines del siglo XIX. Amigable con el entorno y la Catedral Metropolitana con la que comparte medianera. Detrás, sin que se perciban desde la vereda, se levantan cuatro niveles más donde funciona Sanguinetti & Asociados. Se llega a ellos por un pasillo hasta toparse con el ascensor. Es la parte nueva de la construcción donde atiende el estudio de abogados que asesora al prófugo de la justicia argentina. La combinación arquitectónica permite hablar de fachadismo. Un concepto urbano que es casi una metáfora de la situación del exasesor de Mauricio Macri. Los días del extraditable en Uruguay son apacibles aunque pueden prolongarse hasta 2023. Su proceso judicial será extenso y nunca menor a un año y medio. Vive en la capital pero no al lado de la iglesia. Quizás no le haga falta rezar. Recursos le sobran y amistades de peso tiene en las dos orillas del Río de la Plata.

Su defensa la ejercen los letrados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey. El primero es amigo de Pepín desde hace muchos años aunque se retiró del estudio cuando llega este periodista. El segundo es el penalista que se encarga de su caso y se encuentra disponible. Muy joven, amable, invita a pasar. Pero de inmediato cierra cualquier posibilidad de aportar información sobre el operador judicial del macrismo. Su perfil es público e invita a conocerlo en los medios y las redes sociales. La conversación se prolonga unos minutos hasta que la interrumpe una empleada. El bufete está por cerrar y nos retiramos. La búsqueda de pistas sobre el paradero de Fabián Rodríguez Simón continuaría en las horas siguientes hasta nuestro regreso a Buenos Aires.

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La amistad entre Pepín y Sanguinetti nació en el ambiente de los abogados que asesoran corporaciones. El estudio uruguayo – del que este último es socio fundador – trabaja para IRSA, Chevron, Gargill, el Banco Finansur, la cadena hotelera Sheraton y varias compañías del país vecino. Eduardo, quien no tiene parentesco cercano con el ex presidente Julio María Sanguinetti, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Comenzó su carrera profesional en 1992 y le fue muy bien. Integra la American Bar Association (ABA) y la Comisión de Asuntos Internacionales del Colegio de Abogados del Uruguay.

Rey trabaja en el estudio desde 2015. Es un emprendedor de la incipiente industria cannábica. También es doctor en Derecho y Ciencias Sociales como docente universitario. Junto a Andrés Israel y Joaquín García crearon Cannabis Company Builder (CCB) a principios de 2021. Lograron recaudar medio millón de dólares – según publicó el diario El País el 6 de agosto pasado – y van por más. Asesoran a otros entrepreneurs, desarrollaron la marca y ampliaron su universo de posibilidades. Sumaron al cofundador de PedidosYa Ruben Sosenke y al estadounidense Adam Grossman, ejecutivo de Papa & Barkley, una empresa que tiene el 50% del mercado de aceites y cosméticos en Los Angeles, entre otros entusiasmados con lo que ya rinde la cannabis. Uruguay es pionero en la arquitectura jurídica de una ley para Latinoamérica.

Lejos de pensar en un emprendimiento de este tipo – negado por Rey -, Rodríguez Simón tiene problemas judiciales y además políticos. El también diputado del Parlasur – cuya sede queda frente a la Rambla de Montevideo – deberá comparecer el 20 de septiembre ante sus pares. La misionera Cecilia Britto del Frente de Todos (FDT) fue durísima con Pepín en la sesión acusatoria del 13 de julio pasado. Recordó que la jueza María Servini de Cubría lo declaró “en rebeldía” por no comparecer a declaración indagatoria el 26 de mayo, firmó un “pedido de captura” y le “inhibió sus bienes”. Además señaló que la conducta del operador de la mesa judicial del macrismo encuadra en el artículo 30 del reglamento del Parlasur que menciona “la falta de decoro e inhabilidad moral”.

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En términos semejantes se definió Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia de Eduardo Duhalde y diputado del Parlasur de Juntos por el Cambio: “El Código Procesal Penal, en su artículo 288, dice que será declarado rebelde el imputado que sin graves y legítimos impedimentos no compareciera a la citación judicial o se fugare del establecimiento o se ausentare sin licencia del tribunal” y mencionó el “desprecio” de Pepín por el Parlsaur cuando decidió fugarse y no presentarse ante Servini. Por eso dijo que sería “saludable” sancionarlo con su “inhabilitación” a la banca que ocupa en el Parlamento del Mercosur.

El diputado Oscar Laborde del FDT le dijo a este diario que Rodríguez Simón “eligió el camino dilatorio, pero en un año y medio quizás lo tengamos en el país. Está preparado para permanecer un largo tiempo en Uruguay”. Autor de un hilo en twitter al que llamó Yo te conozco Pepín, el también integrante del Parlasur escribió el 20 de mayo pasado: “Te reís y decís que sos un exiliado en alguna de tus propiedades que valen millones en Punta del Este”.

El prófugo se movería entre la glamorosa ciudad balnearia y la capital, donde – según sus abogados – reside. Habladurías por ahora no confirmadas lo ubican en ocasiones en el Hyatt Centric Montevideo de la rambla de Pocitos, donde frecuentaría el restorán de ese exclusivo hotel. Una de sus habitaciones cotiza hoy entre 123 y 226 dólares la noche. Desde 20.900 a 38.400 pesos si se pagara con una tarjeta de crédito emitida en la Argentina.

La situación jurídica de Pepín y su pedido de refugio en Uruguay serán resueltos en primera instancia por la jueza local Adriana Chamsarián. El vocero de la Corte Raúl Oxandabarat le dijo a este periodista el miércoles pasado: “Tramitan dos causas en el Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno. La primera se inició por el pedido de extradición, y actualmente se encuentra suspendida hasta que se resuelva la cuestión del pedido de refugio. La segunda pieza se formó por orden de la jueza para tramitar la solicitud de calidad de refugiado y se encuentra en trámite. En esa causa se agregó un informe de la CORE y la doctora Chamsarián dispuso que pasara en vista a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno. No tenemos más novedad. Corresponde, además, enfatizar que dicha causa, por disposición expresa de la magistrada, tramita de forma reservada, por lo que no tenemos acceso a ningún dato que no sean las etapas de trámite”.

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El pedido de asilo político

Cristian Mirza nació en Egipto pero llegó a Uruguay cuando era un niño. Es asistente social y profesor universitario hace más de 25 años. Cuando su país de acogida recibió a seis presos de Guantánamo en diciembre de 2014, fue convocado por el gobierno de Pepe Mujica como “nexo y punto focal” entre los cuatro sirios, un tunecino y un palestino refugiados y el Estado, según explica. Hoy es una voz consultada para hablar de la problemática de quienes piden asilo.

Enterado de la situación jurídica de Pepín Rodríguez Simón, dice: “Cuando hablamos de refugiados, nos referimos a gente que corre riesgo de vida, como los detenidos en Guantánamo que jamás fueron juzgados, no tuvieron derecho a nada y fueron torturados psicológica y físicamente. Entonces hay un abismo entre este caso y el de aquellos jóvenes que fueron exonerados de toda responsabilidad por delitos que los acusaba Estados Unidos. No tiene parangón alguno con el caso del abogado argentino”.

La CORE (Comisión de Refugiados) de Uruguay que funciona en la Cancillería pero no depende de ella, rechazó el pedido de asilo de Pepín, el alter ego de Macri en temas judiciales de espesura política.

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