La nueva masacre deja al descubierto la crisis penitenciaria que atraviesa el país
Más allá de los supuestos vínculos con el narcótrafico de las bandas enfrentadas, subyace el desmantelamiento de las políticas implementadas por el gobierno de Rafael Correa que habían logrado reducir los daños.
Un imponente contingente militar llegó el miércoles a la Penitenciaría de Guayaquil, dando cuenta de que la situación estaba lejos de resolverse. El propio Lasso confirmó cerca de la noche del miércoles que había al menos 116 muertos y 80 heridos, y que todas las víctimas eran detenidos. Horas antes el flamante director del sistema carcelario de Ecuador (SNAI), Bolívar Garzón, calculó que habría más de 100 fallecidos y que, junto a la policía, las autoridades penitenciarias continuaban «entrando a los pabellones del conflicto y descubriendo más cadáveres».
El motín, según el SNAI, se originó en una pelea entre bandas por el control del penal, una situación que se viene repitiendo en los últimos tiempos. «Lo que está pasando en el Ecuador es que el Estado no tiene el control ni la administración penitenciaria. Las cárceles están en manos de organizaciones criminales«, advierte en ese sentido Paladines. «Hay una masacre sistemática. Las cifras de personas asesinadas, descuartizadas, decapitadas en las cárceles ascienden bajo esos componentes que son claros signos del narcotráfico que los carteles mexicanos aprendieron de los grupos paramilitares y del narco colombiano», agrega el jurista.
Una crisis sostenida en el tiempo
El incidente más grave hasta el momento se había dado en febrero de este año con un amotinamiento en cuatro cárceles a la vez, que dejó un saldo de 79 muertos. El pasado 22 de septiembre durante un registro en una cárcel de Guayaquil, la policía encontró tres armas de fuego, 150 municiones, una granada, 12 tacos de dinamita y más de 200 municiones de distinto calibre. «La Fiscalía de Ecuador debe investigar si ese armamento militar ingresa a los penales como consecuencia de haber corrompido a funcionarios del Estado», sostiene Paladines al respecto.
El desmantelamiento de las políticas del correísmo
Ecuador había desarrollado, bajo el gobierno de Correa, una política pública que intentaba atender los problemas urgentes en las cárceles. Con ese fin se creó el ministerio del Interior, que se dedicó a las cuestiones de seguridad y le dio conducción política a la policía. También se instaló el ministerio de Derechos Humanos, abocado a las cárceles, y se estaba creando una escuela de guías penitenciarios. «Todas estas cuestiones desaparecieron en el gobierno de Moreno. Todas esta políticas públicas que se llegaron a implementar no hay que verlas como de izquierda o derecha, eran cosas de sentido común», enfatiza Ramos.
Las promesas de Lasso
Las cárceles de Ecuador albergan a más de 39 mil presos, una cifra que se triplicó en los últimos tres lustros. Además el índice de hacinamiento llegó al 36 por ciento en los últimos años y actualmente ronda el 30 por ciento. Paladines remarca que aproximadamente 1500 personas hacen seguridad penitenciaria en las cárceles ecuatorianas, mientras que no hay más de 62 trabajadores sociales. «Hay más cárceles que trabajadores sociales en Ecuador», enfatiza. Para mejorar el estado crítico del sistema penitenciario, el presidente Lasso anunció que destinará 75 millones de dólares en los próximos cuatro años.
Más allá de lo prometido, que iría principalmente a reparar los daños materiales producidos por los motines de este año, Paladines cree que es importante que se apliquen instrumentos internacionales como el denominado Protocolo de Minnesota para investigar el rol del Estado en las masacres. «Si el Estado incumplió con el deber de cuidado de los bienes jurídicos, por ejemplo la vida, la seguridad, la salud de las personas privadas de la libertad, entonces el Estado tiene que ser sancionado», explica el jurista y sostiene: «No podemos asistir a una película de terror cada vez que hay una noticia sobre las cárceles en Ecuador».
