Vecinas y vecinos manifestaron ante la sede del Gobierno porteño

Les autoconvocades reclaman una mesa de negociación, un plan integral de urbanización y que se levante la orden de desalojo de los terrenos ferroviarios.

Vecinas y vecinos autoconvocados del Barrio 21-24 marcharon este jueves a la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para pedir que se levante la orden de desalojo de los terrenos ferroviarios ocupados y se abra una mesa de negociación en busca de una «solución habitacional definitiva» para las familias afectadas. Además, exigieron al GCBA un plan integral de urbanización para el barrio, que sufre graves problemas de acceso al agua potable y al servicio eléctrico, y en el que, dos semanas atrás, una adolescente murió atropellada por el tren de cargas que pasa entre las casas.

El cruce de las calles Zavaleta e Iriarte, a metros del predio ocupado, fue el punto de partida para la marcha de autoconvocados en apoyo a la toma que este jueves por la mañana culminó en la sede de Gobierno. Frente al Parque de los Patricios, los vecinos y vecinas mostraron sus carteles para exigir «ningún desalojo en la Villa 21 – 24«, «solución habitacional ya», «ni un pibe sin techo» y «tierra para vivir«.

«No podemos esperar más que convoquen una mesa de diálogo«, advirtió Héctor Arrieta, uno de los voceros elegidos en asamblea, que insistió en la necesidad de «solucionar la falta de vivienda digna«. Sin respuestas del GCBA, los manifestantes, acompañados por organizaciones sociales y políticas del barrio, retornaron al predio y adelantaron que continuarán realizando asambleas para definir los pasos a seguir.

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A través de un comunicado, ya habían pedido que «se levante la orden de desalojo del juez federal Daniel Rafecas y se retire el cerco policial». La orden emitida por Rafecas, que insta al Ministerio de Seguridad de la Nación — los terrenos son de la Administración de Infraestructura Ferroviaria nacional  — a desalojar «de manera pacífica y sin uso de violencia», sigue vigente pero sin fecha específica para ser ejecutada.

Además del pedido inmediato por solucionar esta situación, la exigencia de fondo hacia el GCBA es que ponga en marcha un plan integral de urbanización en el barrio. En un proceso que lleva once años, y que aún no terminó, el Gobierno porteño relocalizó a buena parte de quienes vivían en el camino de sirga del Riachuelo, instado por el fallo judicial de la «Causa Mendoza«, que determinó que las familias ribereñas debían ser reubicadas por el peligro de contaminación. Para el resto del barrio no existe un plan de urbanización.

En el año 2016, también la Justicia obligó al GCBA a proveer al barrio un tendido eléctrico que solucione «las falencias y peligros del deficiente servicio«. Fue por una acción de amparo presentada en 2011 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En 2019, el Tribunal Superior ratificó el fallo y, en marzo del año pasado, la Justicia impuso una multa de 10 mil pesos diarios a Horacio Rodríguez Larreta por incumplir la sentencia.

En el medio, entre otros casos, Gilda Olmedo murió electrocutada en 2018 mientras sacaba agua de su casa con baldes. Recibió una descarga eléctrica y en el barrio denunciaron que «el agua estaba electrificada porque la instalación es sumamente precaria”. En julio de 2020, en plena pandemia, se registraron 33 cortes de luz, 6 incendios por desperfectos y 5 estallidos de transformadores en el lapso de una sola semana.

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Las dificultades para acceder al agua potable también animan uno de los reclamos. Una encuesta realizada este año por la Fundación Sumando estableció que en «Tierra Amarilla» — donde viven las familias que ocupan los terrenos ferroviarios –, el 48 por ciento de las casas sufren falta de agua. Además, el 73,8 por ciento de los encuestados afirmó que las malas condiciones del agua afectan a su salud. 

En las declaraciones y comunicados de los vecinos y vecinas se repite una denuncia: la muerte de Sofía Luján Caballero, la adolescente de 15 años que hace dos semanas fue arrollada por el tren de Ferrosur que pasa a metro y medio de las casas. Además del pedido de justicia, la referencia aparece como un símbolo de las condiciones de vida de las más de 60 mil personas que viven en las 65 hectáreas de Zavaleta y 21-24, el asentamiento más grande de la Ciudad en términos territoriales.

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