Bajo la consigna «Tierra, techo, trabajo y salario Universal»

«Esta es la misma multitud que sostuvo los comedores comunitarios y las políticas sanitarias en los barrios humildes», expresó Daniel Menéndez, coordinador de Somos-Barrios de Pie. 

Con el reclamo de un salario básico universal y políticas de apoyo a sus emprendimientos y cooperativas, miles de trabajadores de la economía popular marcharon desde Liniers a la Plaza de Mayo. Hacía dos años que la organización que los nuclea, la UTEP, no movilizaba en el día de San Cayetano. Con más del 50 por ciento de la población vacunada, este 7 de agosto resolvieron volver a la calle. Cartoneros, vendedores ambulantes, talleristas de polos textiles, integrantes de cooperativas de construcción, trabajadoras de comedores populares, integrantes de empresas recuperadas y de emprendimientos productivos fueron parte de la columna que salió desde Liniers, para cruzar la Ciudad de Buenos Aires y hacer un multitudinario acto frente a la Casa Rosada. El principal objetivo de la marcha fue instalar en la agenda política las demandas del sector: ser parte de la discusión económica sobre la salida de la pandemia.

En el país hoy el 40 por ciento de quienes trabajan lo hacen en actividades informales. “Somos más de siete millones en la Argentina, de los que la UTEP organiza a alrededor de un millón”, plantearon las organizaciones en el documento común que leyeron al cierre de su jornada.

La de ayer fue la sexta edición de San Cayetano, que tiene una carga especial porque los movimientos de la UTEP nacieron en la primera de ella, durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta aquella movilización inicial, que se realizó en 2016, el sector se pensaba a sí mismo con el foco puesto en la desocupación, pero a partir de entonces el esfuerzo de los movimientos sociales estuvo puesto en hacer visible el trabajo con que el que una franja creciente de la población debe ganarse la vida, por afuera del mercado formal.

El San Cayetano 2021 tuvo también este sentido. Se realizó, además en un momento de clivaje, marcado por la expectativa en dejar atrás la pandemia. El aumento de la pobreza derivado del parate que impuso el Covid estuvo muy presente en la jornada. También la tensión por ser parte de un gobierno –las organizaciones de la UTEP integran el Frente de Todos–, que va por la mitad de su mandato: hay menos tiempo para avanzar en el rumbo demandado. Otro elemento en juego es el reciente cierre de las listas del FdT para las elecciones de noviembre, que dejaron a los candidatos de los movimientos populares en posiciones rezagadas.

Guido Pietrokovsky

«El miedo no nos paralizó. En los peores días del Covid estuvimos cocinando para los vecinos, cuidando a nuestros niños y viejos, parando la olla, trabajando en los operativos Detectar. No somos planeras ni queremos bonos: queremos que nos reconozcan como trabajadoras comunitarias, queremos aguinaldo, vacaciones, una obra social. Queremos poder irnos de vacaciones. No nos vamos a ir a Disneylandia, vamos a ir a Punta Lara o a Berazategui con la familia. Queremos un salario básico universal y créditos no bancarios para las unidades productivas, para poder producir a una escala mayor. Venimos a presentar una agenda para eso», resumió en el acto Norma Morales, de Somos Barrios de Pie.

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Una jornada larga

En el arranque de la movilización, temprano a la mañana, los obispos Juan Carlos Ares y Oscar Ogea habían dado su bendición a la protesta, que avanzó cargando la imagen del santo patrono del trabajo. Sin embargo, aunque enmarcada en la religiosidad popular, la movilización volvió a ser una actividad centralmente política.

El Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán, el MP La Dignidad y las otras organizaciones convocantes atravesaron la ciudad por la avenida Rivadavia con banderas por Tierra, Techo y Trabajo.

Durante las últimas dos semanas habían hecho asambleas en todo el conurbano para invitar a marchar y lograron una repuesta fuerte. Los organizadores estimaron en más de 200 mil las personas que se movilizaron. Como el recorrido es largo, e implica concentrar en Liniers a las ocho de la mañana para llegar a la Plaza recién a la tarde, hicieron postas. A partir de la altura del Congreso se vio la mayor concentración. En el tramo final, la marcha fue acompañada por batucadas y bandas de vientos.

En la Avenida de Mayo, las organizaciones colgaron carteles con las consignas del día. Los trabajadores de empresas recuperadas del MNER, por ejemplo, hicieron pasacalles donde se leía «Nulidad de la deuda odiosa con el FMI. La rama agraria de la UTEP impimió otros con la leyenda «De las huertas urbanas al trabajo rural».

Sobre un costado de la Plaza de Mayo también hubo una feria de productores de la economía popular. A los largo de dos cuadras se instalaron puestos con frutas y verduras, pequeños muebles hechos en las carpinterías, adornos de jardín llevados desde las herrerías, ropa, barbijos, artículos de cuero, alimentos cooperativos y de productores familiares.

«Trabajamos con nuestra carpintería hace siete años», contó Pedró Bazán, de La Matanza, en uno de los puestos. «Somos trece personas que cobramos el Potenciar Trabajo. El ministerio de Desarrollo Social nos hace compras de muebles y también conseguimos vender un poco para afuera. Alejandro Lastra, de una cooperativa de pastasde Granville, señaló que son cinco trabajadores que toman los pedidos por whatsapp. Usan máquinas del Potenciar Trabajo, pero por el aumento de los precios tienen dificultades para abastecerse de insumos. En las dos cuadras, los puesteros describieron situaciones similares. La mayoría dijeron que no llegaban a ganar lo necesario.

Apoyos y tensiones

El acto de cierre consistió la lectura de un documento consensuado y luego hablaron varios oradores. Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP, planteó que las marchas de San Cayetano le han dado a los movimientos «la posibilidad de discutir con Estado nuestra agenda y nuestras propuestas». Onorato le agradeció públicamente a Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social que en los próximos días dejará su puesto para ser candidato a diputado nacional. «A pesar de las críticas y de las discusiones que hemos tenido, siempre ha estado dispuesto a hablar sobre cuál es la mejor política para resolver nuestros problemas», sostuvo.

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Arroyo será reemplazado en el ministerio por Juan Zavaleta, el intendente de Hurligham. Las organizaciones sociales no tienen con Zavaleta el conocimiento previo que tenían con Arroyo, con el que habían trabajado previamente en el Congreso, y de alguna manera la marcha fue también una manera de marcar esa cancha.

El tono del acto dio cuenta de las tensiones propias de ser organizaciones sociales que integran el gobierno. Esteban Castro, titular de la UTEP, anticipó que la idea del salario básico universal «va a ser una discusión para adelante», porque el nivel de pobreza después de cuatro años de macrismo y dos de pandemia «hace que no podamos esperar más».

El Gringo, como apodan al titular de la UTEP, dedicó parte de su discurso a explicar qué diferencias mantiene su organización con la dirigencia política. «En la Argentina están en disputa dos modelos de país. Uno es el modelo de globalización neoliberal que arrasó con los derechos de los trabajadores. El otro es un proyecto más integrador, el modelo industrializador, del que nos encantaría ser parte, pero sabemos que no nos termina de contener, que no nos abraza todavía. Es un modelo mejor, pero en el que tampoco tenemos trabajo. Necesitamos dar esa discusión para que el proceso de creación de otros trabajos, que viene haciendo la economía popular, se profundice».

Al mismo tiempo, la mayoría de los oradores ratificaron que estos reclamos no los alejan del gobierno nacional. «Vamos a jugar con todo para que el Frente de Todos gane las elecciones».

En la agenda de reclamos, como cuestión urgente quedó planteada la creación de un salario básico universal, que propone un piso de ingresos destinado a la población que hoy está por debajo de la línea de indigencia. Le siguen medidas para que la economía popular pueda aumentar su producción, como el acceso al crédito no bancario, el reconocimiento a los trabajos sociocomunitarios, insumos para los emprendimientos del Potenciar Trabajo, la creación e trabajos de otro tipo, desde el estado.

El documento común remarcó que «hay poco empleo y de poca calidad». «Según el Indec, menos de la mitad de las y los trabajadores activos acceden a los derechos laborales que marca la ley. Entre estas y estos ‘privilegiados’, casi la mitad sobrevive con salarios inferiores a la línea de pobreza. Es decir que aún teniendo un trabajo en blanco, el salario no alcanza para vivir».

El diagnóstico de las organizaciones concluye remarcando la urgencia en la toma de medidas: «Las trabajadoras y trabajadores argentinos sufrimos nuevas formas de opresión e injusticia que nadie puede negar, agravadas al extremo por la pandemia mundial. La peor parte la sufrimos en la economía popular; por eso proponemos la universalización del salario. Todos y todas contribuimos a la riqueza social, desde un productor hortícola hasta una desarrolladora informática. Todos merecemos un piso mínimo de ingreso. La Argentina tiene capacidad de financiarlo, y debe realizarse ya. Los derechos de los argentinos están encima de las ambiciones de los acreedores externos como el Fondo Monetario Internacional».

Mirá También:  Los movimientos populares reclamaron al Gobierno que tome medidas de emergencia frente a los aumentos en los precios de los alimentos. En una masiva asamblea en el Obelisco, señalaron que la quita del IVA a los productos de la canasta básica, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri en un reconocimiento de la gravedad de la crisis, no alcanza para que las familias de menores ingresos puedan hacer en sus hogares dos comidas diarias. Los comedores de las organizaciones sociales están desbordados por la demanda y hay mucha preocupación por cómo va trasladarse la devaluación al costo de los alimentos de aquí a fin de año. Esta fue la primera concentración grande de movimientos sociales después de la derrota del oficialismo en las PASO, de la posterior disparada cambiaria y del lanzamiento del paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias de menos ingresos (junto con la quita del IVA, que tuvo una aplicación dispar en los supermercados, el Gobierno dispuso dos refuerzos de mil pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo). Los referentes barriales que hablaron en el Obelisco denunciaron, en este sentido, que el poco de dinero que tenían en el bolsillo quedó licuado por la suba de los precios. La protesta fue convocada por la CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Los reclamos principales fueron un refuerzo del 40 por ciento para los comedores, un aumento del 50 por ciento en el salario social y la extensión del bono de 2 mil pesos, que hasta ahora se anunció para los trabajadores formales, a los de la economía social. En la Plaza de la República, los organizadores instalaron un micrófono para que los manifestantes pudieran hablar. Prácticamente todos lo que lo usaron llamaron a cambiar el gobierno en las elecciones de octubre y respaldaron el proceso de unidad del Frente de Todos. “Hay dos relojes, uno que marca el tiempo social y otro que marca el tiempo político. El 11 de agosto se juntaron y les dimos una paliza importantísima”, señaló Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad. Hablaron responsables de comedores y merenderos e históricos militantes sociales, mientras a un costado de la concentración de los Cayetanos, el Frente de Organizaciones en Lucha -agrupación con una identidad más de izquierda- compartía con los asistentes un polentazo. Esta confluencia en un mismo lugar para la protesta de movimientos que están participando de la campaña del Frente de Todos con otros de la izquierda independiente es reflejo de la importancia que todo el arco de las organizaciones sociales le otorga a la necesidad de poner fin al gobierno macrista. La asamblea en el Obelisco fue organizada como preparatoria de una jornada nacional de lucha del próximo miércoles. En principio, los movimientos la habían organizado pensando que mientras estuvieran en el Obelisco iba a sesionar el Consejo del Salario para fijar un nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil. Luego, a mediados de esta semana, el Gobierno postergó la sesión del Consejo para el 30 de agosto. El piso del salario mínimo determina el ingreso de los cooperativistas sociales, ya que el monto del salario social es siempre la mitad del salario mínimo. "Hacemos esta asamblea para definir un plan de lucha, para expresar que tiene que haber un aumento importante del salario y las jubilaciones", dijo Esteban "Gringo" Castro, titular de la CTEP. El referente responsabilizó al Gobierno por no dar resguardo a la población más humilde en el el escenario de devaluación y aumento de los precios. "Hay pibes que no comen más de una vez por día y abuelos en la misma situación. En los barrios todos los días nos piden que abramos más merenderos. La devaluación pega a los más pobres. Como organización de los trabajadores más pobres de la Argentina, tenemos que estar en la calle, reclamando por una agenda de inclusión y reconocimiento de derechos de la economía popular".

Las voces de los protagonistas

Julia López tiene 30 años y es mamá de dos niñas. Vecina de San Fernando e integrante de Barrios de Pie, contó que trabaja «barriendo calles y haciendo ollas». «Cobro un Potenciar, que son 13.600 pesos, y todo se me va en pagar el alquiler». Para poder comer, tiene un segundo trabajo limpiando casas, por hora, un ingreso inestable. Su compañera Sofía Gutiérrez está en la misma situación. «Tengo tres hijos y agarro el laburo que aparezca, pero no hay mucho. A veces aparecen proyectos de venta, pero nada más.

Claudia Peralta integra una una cooperativa que fabricas pastas, en La Matanza. «Tenemos un cupo (del Potenciar Trabajo) para cooperativas y con eso sobrevivimos, pero cuesta mucho», señaló. «Lo que más nos frena es que sólo podemos elaborar lo que nos pidan por anticipado, porque no tenemos con qué comprar insumos. Vendíamos todo en efectivo y ahora agregamos mercado pago. Podemos mantenernos, pero sin calidad de vida».

Gabriel Paniagua es parte de una cooperativa de productos de cuero, de la rama de liberados del MTE. «Hacemos elementos de trabajo para la construcción, además de cinturones. Si el estado nos comprara, podríamos estar mucho mejor. Nuestra organización debería ser más valorada: estamos dando una segunda oportunidad a compañeros que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad de trabajar».

El salario universal

La propuesta de un salario básico universal será enviada al Congreso como proyecto de ley. Toma como precedente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero con un monto menor, atado a la Canasta Básica Alimentaria, fijada en 9.195 pesos para un adulto equivalente. En relación a ese ingreso se fija la línea de indigencia. El conjunto a cubrir es de 9 millones de personas de entre 18 y 64 años.

El planteo que hacen en la UTEP es que cobren un salario universal equivalente a la Canasta Básica las personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares. A su vez, proponen el cobro de un 50 por ciento de una Canasta Básica quienes estén en la categoría A del monotributo y los asalariados registrados con ingresos bajos, hasta un tipo equivalente a la categoría del monotributo. También incluye a los trabajadores temporarios.

Este salario no incluiría a todos los trabajadores de la economía popular, sino a aquellos que están en la indigencia. Parte del planteo es que reemplace a la Tarjeta Alimentar, cuestionada porque el plástico se utiliza sobre todo en los supermercados, por lo que el grueso de los ingresos transferidos terminan en los mismos formadores de precios que impulsan el alza de la inflación.

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