El expresidente lleva un mes imputado

Aunque Macri se encargó de obstaculizar las declaraciones de los gendarmes argentinos que fueron a La Paz, en las próximas horas el sumario interno habrá concluido. Los efectivos de esa fuerza pueden contar cómo se gestó la salida de las municiones y cómo fue la entrega en Bolivia.

Mauricio Macri sostuvo en las últimas horas que el contrabando de municiones a Bolivia no existió y que el golpe de Estado contra Evo Morales, tampoco. Sin embargo, él cumplió ya un mes como imputado por contrabando agravado y se preocupó en el expediente que tramita en el fuero penal económico por obstaculizar las declaraciones de los gendarmes que fueron enviados a La Paz y que pueden echar luz sobre cómo fue la mecánica por la que 70.000 balas antitumulto terminaron en poder de las fuerzas armadas y de seguridad bolivianas. Muy a pesar de Macri, en las próximas horas, estará terminado el sumario interno de la Gendarmería, lo que podría complicar aún más la situación de una de sus funcionarias de mayor confianza, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El expresidente procuró mostrarse como víctima de una persecución en la entrevista que le concedió el lunes al periodista Joaquín Morales Solá en la señal TN. “Bolivia, un contrabando que nunca existió en un golpe que nunca existió según la OEA y la Unión Europea”, lanzó Macri sin sonrojarse. Pese a los dichos de Macri, en el expediente de la justicia argentina y en la investigación que llevan adelante las autoridades bolivianas se agolpan evidencias que muestran que los proyectiles salieron sin declararse y terminaron en manos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la Policía de Bolivia.

Aquí un repaso de esos elementos:

  • El 11 de noviembre de 2019, la Gendarmería pidió llevar a Bolivia 3.600 balas antitumulto para proteger la embajada y la residencia del embajador por la situación de inestabilidad que se vivía en el Estado Plurinacional.
  • Al día siguiente, la fuerza que conducía Gerardo Otero solicitó sacar un “complemento” del armamento y pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para llevar 70.000 balas de goma –20 veces más de las que inicialmente había estimado que sería necesario–.
  • Ese 12 de noviembre de 2019, hubo una reunión en la Casa Rosada en la que participó la primera plana de Seguridad con Bullrich a la cabeza, y el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña. El jefe de la Gendarmería, Otero, acudió al encuentro con un asistente personal. Peña y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo también tuvieron un rol a la hora de autorizar los viáticos de los gendarmes que se iban a trasladar a Bolivia.
  • Macri, por su parte, se reunió con el entonces canciller Jorge Faurie. Ese día, Faurie mandó una nota a Bullrich y al ministro de Defensa Oscar Aguad pidiendo que enviaran una comitiva de Gendarmería para proteger a los diplomáticos argentinos en Bolivia. Para el 12 de noviembre, ya estaba definido el viaje. Prueba de ello es que ya el día anterior habían arrancado las autorizaciones ante la ANMaC.
  • Una hora después de que Bullrich salió de la Casa de Gobierno, el entonces jefe del Grupo Alacrán Fabián Salas envió un fax a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para avisar que llevarían las 70.000 balas en el Hércules C-130 que iba a trasladar al primer contingente de gendarmes.
  • El Hércules partió a las 23.40 del aeropuerto de El Palomar. Llevaba once gendarmes y trece integrantes de la FAA como tripulación. La carga era de 2500 libras. En el manifiesto de carga, no estuvieron declaradas las 70.000 balas antitumulto.
  • De las 70.000 balas, 40.000 quedaron en poder de la FAB. Un efectivo de esa fuerza, Wilfredo Chura Condoni, informó que le ordenaron en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 pasar a retirar el cargamento del hangar de la Fuerza de Tarea Aérea (FTA) Diablos Negros, donde estaba estacionado el avión argentino. Chura Condori inventarió lo recibido. Horas más tarde, el entonces comandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara envió una carta al embajador Normando Álvarez García en agradecimiento por el envío. Cuando apareció la misiva –y fue revelada por este diario– se desató el escándalo por el envío de armas.
  • Otras 26.900 balas terminaron en poder de la Policía de Bolivia. Esos cartuchos se encontraron en un depósito policial sin haberse usado y se halló un inventario que confeccionaron unos mayores el 13 de noviembre de 2019, cuando las recibieron.
  • A la Policía de Bolivia le entregaron los proyectiles en la residencia argentina, según surge del sumario interno de esa fuerza. La entrega se produjo el mismo día en que llegaron los gendarmes a La Paz. Cuando pidieron un «desglose» de lo que estaban recibiendo, les respondieron que había sido acordado por los «altos mandos» y que serían ellos quienes informarían los detalles.
  • Ese mismo 13 de noviembre de 2019, el jefe de la Gendarmería, Otero, envió un sobre cerrado a la embajada de Bolivia en Buenos Aires. Estaba destinado al comandante de la Policía de Bolivia. Una posibilidad es que ese desglose estuviera allí.
  • La FAB dice que la embajada argentina, que lideraba Álvarez García, estuvo a cargo de los trámites aduaneros cuando llegó el Hércules C-130. El exembajador dijo que pudo haber existido un “circuito paralelo” para las municiones.
  • La Policía de Bolivia identificó al agregado de Gendarmería en La Paz, Adolfo Caliba, como quien gestionó la entrega del material represivo.
  • De las 70.000 balas que salieron en la medianoche del 12 de noviembre de 2019 no volvió ni una sola. La Gendarmería informó que habían sido gastadas en entrenamientos. Sin embargo, a esta altura está claro que eso no fue así. Además, el Grupo Alacrán no utiliza armamento antitumulto, por lo cual sería aún más extraño que se entrenara para su empleo.
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Este lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se creó por el acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe final sobre los hechos sucedidos en 2019. El informe no consideró las denuncias sobre la colaboración internacional con el golpe contra Evo Morales –ya sean las del gobierno de Macri o las de Ecuador– por entender que no era parte de su mandato. Los expertos independientes dieron por acreditado que 37 personas fueron asesinadas entre octubre y diciembre de 2019.

En las próximas horas, habrá novedades en el plano local: el sumario interno de Gendarmería habrá concluido y se entrará en la etapa de asignación de sanciones administrativas. Los efectivos de esa fuerza pueden contar cómo se gestó la salida de las municiones y cómo fue la entrega en Bolivia. Ya se sabe que los gendarmes dijeron que no dispararon un solo tiro en La Paz y que mucho menos tuvieron contacto con las 70.000 balas antitumulto. Nada de ese panorama deja tranquilos a los principales imputados en la causa, como Macri y Bullrich, por eso el expresidente intentó –sin éxito– frenar desde los tribunales el avance del sumario administrativo.

El gobierno de Alberto Fernández, por otro lado, ultima los detalles para presentar una ampliación de la denuncia que incluya a Peña, Pompeo y Faurie. La intención es que la presentación se haga durante el martes. En los tribunales aún resta definirse qué juez quedará al frente del expediente en el que todo hay pruebas suficientes para acreditar la salida irregular de las balas que terminaron en poder de las fuerzas golpistas. El desafío, en todo caso, está en escalar la investigación más allá de los gendarmes.

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