El gobierno de Macri, cada vez más comprometido

La trama del apoyo al Golpe de Estado aparece en un sumario interno de la Policía de Bolivia y en documentación aportada por la Fuerza Aérea de ese país. La embajada argentina fue responsable del transporte y de los trámites aduaneros.

Dos horas después de haber aterrizado en La Paz, los gendarmes argentinos dejaron en manos de la Policía de Bolivia 26.900 balas antitumulto, 47 aerosoles y 129 granadas. Cuando los policías bolivianos quisieron pedir precisiones sobre la entrega, los gendarmes les respondieron secamente que todo había sido coordinado por los altos mandos. La información, que por primera vez revela cuál fue el circuito del material represivo que el gobierno de Mauricio Macri mandó en pleno golpe contra Evo Morales, surge de un sumario interno que llevó adelante la Policía de Bolivia. Otra documentación aportada por la Fuerza Aérea Boliviana revela que la embajada argentina, entonces en manos de Normando Álvarez García, fue responsable del transporte y de los trámites aduaneros en el aeropuerto de El Alto.

El Hércules C-130 partió a las 23.40 del 12 de noviembre de 2019 del aeropuerto de El Palomar. Llevaba once gendarmes del grupo “Alacrán”, que deberían proteger la embajada y la residencia del embajador, y una carga de 2500 libras — aproximadamente 1134 kilos–. A bordo iban trece tripulantes de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), que serían los responsables de la descarga del material.

Horas antes,en la Casa Rosada se habían congregado entre otros, el jefe de Gabinete Marcos Peña, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Germandería Gerarde Otero. En paralelo a la reunión, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) le autorizaba a la Gendarmería un pedido de ese mismo día para sacar 70.000 balas antitumulto y granadas como “complemento” del pedido inicial que había hecho el día anterior. Pese a que el jefe del Grupo Alacrán Fabián Salas mandó un fax avisando a la Fuerza Aérea que ese material se iba a sumar al cargamento ya previsto para el Hércules, ninguno de esos elementos se consignó en el manifiesto de vuelo, ni se informó formalmente su llegada a las autoridades de Bolivia.

El Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina en el hangar de los Diablos Negros en El Alto.

La documentación a la que accedió este diario muestra que el mismo 12 de noviembre de 2019 empezaron los preparativos en Bolivia para recibir el cargamento que llegaría desde Argentina. Un testimonio es clave para entender cómo fue la maniobra: el del entonces jefe del Departamento Nacional de Armamento y Equipo de la Policía de Bolivia, William Fernández El Hage, que declaró por escrito el 14 de julio pasado:

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* Cuando caía la tarde del 12 de noviembre de 2019, Fernández El Hage recibió una comunicación del entonces jefe de la Policía de Bolivia Yuri Calderón y del director de Administración de esa fuerza, Rubén Pastor Gemio. Le dijeron que debía ir a las cuatro o cinco de la madrugada del día siguiente al hotel Plaza Real (ex Radisson) para escoltar a diplomáticos argentinos que iban a salir del país.

A los argentinos los llevaron hasta el hangar de la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros en El Alto.

* Allí ya había aterrizado el Hércules C130 alrededor de las 04:40 de la madrugada y uniformados –que no pudo definir si eran de fuerzas de seguridad o militares– estaban bajando la carga. Vieron cajas plásticas, bolsas cotines, cajas de madera y cajas embaladas de estopines.

Según los informes de la Fuerza Aérea, el Hércules C130 despegó a las 05:37 con 16 personas para repatriar y plan de vuelo hacia Jujuy, la provincia natal del embajador Álvarez García.

* Según los policías, alrededor de las siete de la mañana llegaron hasta la residencia argentina. Una vez en el lugar solamente entró un vehículo que pertenecía al Departamento de Transportes de a Policía.

* La entrega de las municiones a la Policía de Bolivia se produjo allí. Los gendarmes le dejaron 29600 balas antitumulto, 28 aerosoles MK, 19 aerosoles MK 9-4, 55 granadas CN, 53 granadas H, 19 granadas CS y dos granadas tipo béisbol.

* “Al pedir el desglose del material antidisturbios no letal y la correspondiente acta de entrega, los funcionarios uniformados refirieron que esas coordinaciones se habrían realizado a nivel del comando general y autoridades de alto nivel y que sería esa instancia la que debería cumplir los formalismos”, explicó Fernández El Hage.

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* Los pertrechos se trasladaron hasta un depósito de la Policía de Bolivia, donde se encontraron sin haber sido usados el mes pasado. Allí hicieron un inventario y los resguardaron en calidad de depósito y custodia, ya que no habían sido entregados de manera oficial.

Momento en que suben los ciudadanos argentinos al Hércules C130 para ser repatriados.

Los altos mandos

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, había anticipado en diálogo con este diario que la administración de Luis Arce ya tenía identificada a la persona que había entregado las municiones a la Policía de Bolivia –que fueron sólo una parte (y menor) de la que se repartió en La Paz–. Esa persona, según los registros a los que accedió Página/12, es el comandante principal Adolfo Héctor Caliba, que era el agregado de Gendarmería en Bolivia y, como tal, era el enlace con la policía del Estado plurinacional. No hay misterio al respecto: en el propio sello de Caliba figuraba que fungía como enlace con la fuerza de seguridad boliviana.

Caliba ya está imputado en el expediente que tramita en el fuero penal económico. El gobierno nacional aportó una comunicación del agregado con Otero, en la que le informaba que el 17 de noviembre de 2019 había participado de una reunión con la nueva conducción de la Policía –léase la que respondía a la dictadura de Jeanine Áñez– en la que plantearon que se estaban quedando sin agentes químicos, y el jefe de Gendarmería sugirió que canalizaran el pedido hacia el Ministerio de Seguridad, que aún conducía Bullrich, a través de la embajada.

Lo singular es el rol que pudo haber jugado Otero en la “formalización” de la entrega del material represivo. Como reveló este diario, el mismo día que llegó el contingente a La Paz, Otero mandó una carta al embajador boliviano en Argentina para darle las condolencias por la muerte de un policía en un accidente automovilístico cuando se desplazaba para participar de un operativo contra las movilizaciones de los sectores que apoyaban a Evo. En ese momento, Otero también envió un sobre cerrado destinado al jefe de la Policía Boliviana. Una hipótesis es que allí figuren más datos de los pertrechos que mandó la Gendarmería. Es improbable también que Otero haya realizado esa maniobra sin tener el aval de Bullrich.

Imagen del sobre cerrado que el jefe de la Gendarmería Gerardo Otero mandó el día en que llegaron los gendarmes a La Paz.

El rol del embajador

El escándalo del envío de municiones a Bolivia se destapó al conocerse la carta que el 13 de noviembre de 2019 le envió el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, al embajador Normando Álvarez García. Allí Terceros Lara agradecía por haber recibido 40.000 de las 70.000 balas antitumulto que mandó la Gendarmería Argentina. Como informó la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, los proyectiles los había comprado su antecesora para la cumbre del G20 que se hizo en 2018 en Buenos Aires.

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Por el momento no se sabe cómo las balas quedaron en poder de las Fuerza Aérea Boliviana ni quien jugó el rol del intermediario. Es improbable que haya sido Caliba, quien tenía línea directa con la Policía. Los militares suelen reportar a sus pares.

Según la información recabada por esa fuerza, el 13 de noviembre de 2019 a las 3:30 de la madrugada el coronel Alberto Saavera Nogales –comandante de la Primera Brigada Aérea– ordenó al grupo de emergencia de los “Diablos Negros” que sólo colaboraran con el aterrizaje,y que “todo el trámite migratorio, aduanero y recepción de pasajeros y carga la realizarían directamente el personal de la Embajada de Argentina”.

De comprobarse la información de la Fuerza Aérea Boliviana, Álvarez García tendría un rol de coordinación central –y no lateral como declaró haber tenido–. El actual ministro de Trabajo de Gerardo Morales en Jujuy es uno de los imputados en la causa junto con Macri y Bullrich. El ministro Martín Soria le dijo a este diario que esta semana ampliarán la denuncia para incluir también en la investigación a Marcos Peña, al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y al excanciller Jorge Faurie.

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