No hubo acuerdo en las paritarias con los empresarios

Héctor Daer, secretario general de ATSA, explicó que reclaman un incremento salarial del 45 por ciento. Las empresas de medicina privada aducen que no pueden otorgar un aumento si no se actualizan los aranceles.

Sin haber podido llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias, les trabajadores de Salud nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) se preparan para llevar a cabo un paro nacional en reclamo de mejoras salariales. Hoy vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y, ante el fracaso de las negociaciones paritarias, el gremio que conduce Héctor Daer decidió continuar con el plan de lucha – durante el día ayer hubo movilizaciones en diferentes puntos del país – y convocó a un paro de cuatro horas por turno para mañana. Mientras que el sindicato denuncia que los empresarios se negaron a presentar una propuesta de recomposición salarial, desde el sector privado aducen que no pueden sostener un incremento salarial si no se habilita un aumento de los aranceles.

«Vamos a parar porque no vamos a resignar nuestros salarios. Porque fuimos los que enfrentamos la pandemia y pusimos el cuerpo desde el inicio, cuando ni siquiera había protocolos. Y, sobre todo, porque nuestro reclamo es legítimo», declaró públicamente Héctor Daer, secretario general de ATSA y triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), luego de protagonizar una marcha de protesta en reclamo de un incremento salarial del 45 por ciento. Hace tres días que, bajo la consigna «Sin salario no hay salud», el gremio moviliza en diferentes puntos del país a la espera de una resolución del conflicto paritario que lleva meses.

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La expectativa estaba puesta en que se llegaría a un acuerdo antes de que venciera la conciliación obligatoria dictada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a fin de junio, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y ahora el sindicato se prepara para reactivar, mañana, un paro de actividades de cuatro horas por turno en distintas clínicas y sanatorios privados, institutos de diagnóstico, geriátricos, psiquiátricos y centros de emergencias médicas. «No vamos a aceptar más prórrogas, ni excusas«, indicaron desde el gremio, en donde denuncian que, en las últimas tres semanas, las patronales no ofrecieron ni una sola propuesta.

«No se pudo llegar a un acuerdo porque los empresarios no pueden trasladar los aumentos de los costos que implica un aumento de paritarias hacia sus clientes naturales, que son las obras sociales, el PAMI y la medicina privada», explica, por su parte, un referente de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que nuclea a las principales organizaciones de medicina privada, a este diario.

Las cámaras empresarias argumentan que el sistema está desfinanciado y le exigen al gobierno nacional que autorice a «los financiadores» – que son las prepagas, pero también las obras sociales provinciales, el PAMI, entre otros – un aumento en el costo de las prestaciones. «Desde el 2020 que casi ninguno de los financiadores aumentó los aranceles y, sin embargo, los prestadores de Salud, es decir las clínicas y sanatorios, tuvieron costos mucho más altos. En primer lugar por el aumento de los insumos y la inflación, pero también por la baja de la ‘productividad’, es decir la disminución de pacientes que se atienden por día, debido a la pandemia», agrega un vocero de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

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En este sentido, las clínicas y sanatorios sostienen que el principal obstáculo para la discusión salarial radica en la imposibilidad de brindar aumentos a les trabajadores si sus financiadores no actualizan sus cuadros tarifarios. «Acá hay un problema de financiamiento, de sábana corta en donde no se sabe de dónde va a salir la plata», argumentan de la FAPS, mientras aseguran que están dispuestos a «trasladar todo lo que los financiadores nos pasen a los trabajadores». Es decir que los aranceles tendrían que aumentar en un 45 por ciento para poder garantizar una paritaria del 45 por ciento.

En el sindicato, si bien reconocen la existencia de un problema de financiación del sistema de Salud, son tajantes: «Eso es un problema que tienen que resolver nuestros empleadores. Nosotros reclamamos un salario que creemos que es justo para aquellos trabajadores que fueron todos los días a trabajar, que más se arriesgaron y más cuidaron a los enfermos durante la pandemia», aseguró el secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), Carlos West Ocampo. Para tener una idea, una enfermera gana actualmente 56 mil pesos mensuales y un camillero 48 mil, todo en un contexto de 550 días sin descanso, licencias o vacaciones.

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