Mayo habría marcado el piso del nivel de actividad. El desborde inflacionario del primer semestre y las restricciones por la segunda ola de abril y mayo lo explican. Algunos datos sugieren que lo peor habría pasado. Sin embargo, si no se revierten las expectativas, la recuperación no se transformará en despegue. Un camino largo y muy complicado para un año electoral.
Que no hay plan, que falta horizonte, que el agujero fiscal se agranda, que el gobierno genera desconfianza, que el país necesita un cambio de régimen… La retahíla se sucede. El diagnóstico en los medios que alinean con la oposición juega al “cuanto peor, mejor”. La recuperación sería apenas un veranito. Se montan en la coyuntura y apuestan a la incertidumbre. El principal activo político de la oposición de cara a las elecciones.
Es lógico. La pandemia distorsiona el panorama y por ahí se mandan. Las nuevas variantes del coronavirus, el temor a una tercera ola y la memoria de las mega devaluaciones hacen difícil convencer a los que pueden esperar que conseguirán mañana lo que resignen hoy. Una tarea titánica. Más complicada si el interlocutor es una pyme, un autónomo o un cuentapropista. La famosa avenida del medio que intentó pavimentar Massa con beneficios impositivos, pero que ya no no luce tan ancha y que, además, suele ser refractaria al oficialismo.
Se sabe: la impaciencia y el malhumor social suele limitar a las mejores intenciones. Por lo pronto, el cambio en las expectativas tardará tanto como se demoren la desaceleración de los precios y la estabilidad cambiaria. Llegará recién cuando la reactivación sea sostenida y generalizada. No será antes de las elecciones. La recuperación es incipiente y heterogénea. La crisis producida por el Covid sigue vigente. Mucho más la ocasionada por Cambiemos. Es incipiente porque está subordinada a la evolución de la pandemia y no abarca el conjunto de la variables económicas. No dispara la generación de empleo y tampoco moviliza sustancialmente la capacidad ociosa. Es heterogénea porque depende del sector y del segmento de ingresos.
Al día de hoy, solo algunos sectores productivos y sociales lograron superar la situación que registraban en la pre-pandemia. Sostener el esfuerzo fiscal y acelerar la vacunación se dibujan así como objetivos centrales. En lo inmediato, dos caras de una misma moneda.
Sin embargo, no todo está tan mal. Hay signos – aunque no muchos, por cierto – que sugieren que lo peor habría pasado. No es para ilusionarse, pero tampoco para minimizar. La actividad económica (Indec-Emae) registró una remontada interanual del 13,6 por ciento en mayo y quedó un 9,2 por ciento por debajo de mayo de 2019. Los datos son mejores de lo que parecen. ¿La razón? Recogen las restricciones por la segunda ola, que se concentró en abril y mayo. Si se toma el promedio de los cinco primeros meses de 2021 y 2019, la caída se reduce al 3,4 por ciento [1].
Hay otros datos que permiten pensar que la actividad cobra un nuevo impulso. Son provisorios, pero suelen anticipar las mediciones del Indec. Va de suyo que suelen ser ninguneados. Uno es el último informe de coyuntura del CEP XXI [2]. Apunta que el consumo eléctrico del sector productivo creció en junio un 5 por ciento respecto a mayo. Los datos de CAMMESA correspondientes a las primeras semanas de julio confirman la tendencia. Incluso la ultraliberal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas asegura que “la actividad industrial de junio interrumpió la caída avanzando 1 por ciento, luego de los retrocesos de abril y mayo”. Su último informe marca que “cinco de diez sectores industriales mostraron un avance”.
Con este panorama económico de fondo, el gobierno ingresó en modo electoral. No así la oposición, que viene en modo campaña desde que dejó la Casa Rosada. ¿Priorizarán los votantes la gestión económica? ¿Primará el manejo sanitario de la pandemia? ¿En qué proporción ambos factores determinarán el voto? En teoría, si sólo se evaluara la coyuntura económica, el resultado debería ser malo para el gobierno. Es lo que alientan la oposición y las consultoras de la city porteña. Que se analice la foto, no la película. En el recorte escamotean data dura. Son los que le reclaman un plan al oficialismo, pero esquivan definir uno propio.
El debate, así encarado, colocaría en el margen de la agenda la discusión sobre la herencia que dejó el macrismo. Un terreno de difícil tránsito para los candidatos de la variopinta alianza que integran el Pro, la UCR y sus satélites menores. Capitalizar la mala situación económica, sin embargo, no le será sencillo. Menos aún luego de demoler el poder adquisitivo de la mayor parte de la sociedad y de las tragedias sociales y productivas que ocasionaron. Sus candidatos, seguramente, más allá de las previsibles apelaciones al republicanismo y al ritmo de avance de la vacunación, insistirán en que la recuperación es transitoria y que detrás del discurso oficial se esconde una nuevo descalabro. En síntesis: profetizarán más peste y carestía.
La posibilidad de que el gobierno quede enredado en esa discusión no se puede descartar. A fines de 2019, el descalabro financiero y las gruesas distorsiones macroeconómicas que dejó la gestión macrista estaban a la vista de todos. La irrupción de la pandemia congeló el debate de fondo. Lo puso entre paréntesis. Algo es seguro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional quedó para después de las urnas. No será de la partida en el debate electoral. El gobierno ya anunció que pagará con los Derechos Especiales de Giro que le asignará el organismo a la Argentina. Mientras tanto, seguirá financiándose en el mercado local para evitar una mayor emisión y mantener a raya el déficit. Una señal de buena voluntad en busca de la renegociación del impagable que dejó Cambiemos. Lo mismo con el Club de París.
Hay otro dato central que vale subrayar y que explica buena parte de la coyuntura. La crisis actual tiene un patrón opuesto a la de 2018/2019. Entonces, los bienes – encabezados por la industria – lideraron la caída. Hoy, estos sectores traccionan la recuperación. Tiene su explicación. El gobierno eligió el camino de la oferta. Allí hay un enorme esfuerzo fiscal. Las acciones de financiamiento a la producción – que se canalizan mediante las transferencias al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo – aumentaron un 7.975 por ciento con respecto al año pasado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso [3]. El problema es que – y se ha dicho en este espacio – las grandes empresas recomponen ganancias vía precios y así capturan el rebote.
Si bien el sector productivo se reactivó en la medida en que se levantaron las restricciones, muchos sectores enfrentan todavía la falta de demanda y cuellos de botella. Además, una parte de la reactivación obedece a la recomposición de los stocks consumidos durante el año pasado. La expectativa oficial es que el ciclo se completará cuando el salario real le gane a la inflación y el mayor consumo permita disponer de más recursos fiscales para obras de infraestructura y políticas redistributivas. Toda una apuesta. Por ahora, la recaudación del IVA-DGI – un claro indicador del consumo – está un 17 por ciento por debajo de 2019. Ni que decir de los aportes y las contribuciones patronales, que reflejan la caída del salario real y el empleo formal. Un largo camino para recorrer.
En lo social, lo que se conoce: el actual nivel salarial impide mejoras importantes en las condiciones de vida de los sectores más postergados. Garantizarles ayuda seguirá siendo esencial. La creación de puestos de trabajo no será inmediata, ni siquiera cuando pase la pandemia y la reactivación sea homogénea. El año pasado, según la Afip, cerraron unas 20 mil empresas, en su inmensa mayoría minipymes y pymes. Es un tema crucial si no hay una creación neta de empresas no habrá empleo de calidad. Tampoco si el acuerdo con el FMI le pone un techo a los objetivos del gobierno.
Una última cuestión. Está claro que las grandes centrales empresarias seguirán machacando con que cualquier esfuerzo del gobierno será en balde. Sus voceros insistirán en que más temprano que tarde habrá un ajuste automático y que su vector será la inflación. La política fiscal terminaría licuándose y se instalaría un nuevo nivel de precios. En el mejor de los casos, una excusa para justificar la reticencia a invertir y obturar así el sendero que busca transitar el gobierno. En el peor, una suerte de amenaza. La capacidad instalada ociosa, los bajos salariales y la oferta laboral disponible trazan un escenario con espacio suficiente para la ampliación de los estímulos fiscales y monetarios.
¿Se animará el gobierno? Motivos económicos y sociales sobran. Lo que está en juego en definitiva, y en esto acierta la oposición, es del rumbo de la política económica.
Notas
[3] Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Primer Semestre. Oficina de Presupuesto del Congreso.
