Se realizaron 13 allanamientos en el norte de Salta
El fiscal federal Eduardo Villalba encabeza una investigación sobre corrupción en la fuerza para facilitar el contrabando. Se llevó a cabo un megaoperativo por parte de la misma Gendarmería.
Cuatro personas fueron detenidas ayer en el marco de un operativo en el que se realizaron trece allanamientos en dependencias de Gendarmería Nacional en Aguaray y Salvador Mazza y otras localidades del norte provincial, y en los domicilios particulares de miembros de la fuerza sospechados de integrar una red de corrupción que facilitaba el contrabando de granos a Bolivia.
El operativo se concretó en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Salta sobre el contrabando de cereales hacia Bolivia.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya, a instancias del fiscal general Eduardo Villalba, que dirige la investigación penal junto a su par de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal. Marcos Romero.
Según informó la Unidad Fiscal Salta, el Jefe de la IV Región de Gendarmería Nacional, el comandante Carlos Recalde, encabezó los procedimientos. Por otro lado, la primera información daba cuenta de la participación también de miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque todo el operativo se manejó con hermetismo.
A última hora la Unidad Fiscal indicó que hay cuatro detenidos, aunque no se brindó mayor información oficial al respecto, a la espera de que se realice la audiencia de formalización de la investigación penal, que se haría haría hoy, ante el juez Montoya.
Por trascendidos, se sabe que uno de los detenidos es el jefe del Escuadrón 54 de Gendarmería, Marciano Alberto Páez, que fue trasladado desde Aguaray, donde tiene sede este Escuadrón, a Orán. También trascendió que hay entre los detenidos hay civiles y otros funcionarios de Gendarmería, y que se busca a un alferez y a un sargento de la fuerza.
Oficialmente se informó que las diligencias, coordinadas por la auxiliar fiscal Roxana Gual, están vinculadas a hechos de corrupción ligados al contrabando de cereales, lo que ya venía siendo investigado desde hace varios meses, aunque «en los últimos días desde Gendarmería se aportó valiosa información que permitió avanzar con el caso».
Una evasión millonaria
El contrabando de granos es una práctica muy difundida en la zona de frontera por la que se evaden sumas millonarias al fisco nacional. El año pasado, por directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, se incrementaron los controles y en un año se hicieron 57 procedimientos, fueron detenidas 109 personas y se secuestró mercadería valuada en más de $101 millones. Con estos números, Salta está primera en cantidad de operativos en la lucha contra el contrabando, seguida por Corrientes, con 33, y Misiones con, con 25.
En total, desde enero de 2020 a marzo de este año, se incautaron 1.605 toneladas de soja y 1.862 toneladas de maíz que estaban trasladando a Bolivia y Paraguay.
El pasado 20 de junio, en declaraciones a Salta/12, la subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Nación, Valentina Novick, contó que desde que asumió la nueva gestión nacional detectaron que hay una ruta de comercio irregular de granos que va de sur a norte, tanto del Noroeste como del Noreste con destino a la exportación ilegal. El recorrido llama la atención porque los puertos desde los que se remite la mercadería de exportación, se encuentran en el sur, como el de Rosario, en Santa Fe.
Esto motivó que se incrementaran los controles y se establecieron acuerdos de trabajo con los distintos organismos estatales que tienen intervención en la comercialización y transporte de cereales.
Entonces Novick había mencionado que en el contrabando hay complicidades de todo tipo, y había anticipado también que había investigaciones “en el ámbito de la Justicia”, incluso ya se había determinado que quienes contrabandean granos «utilizan similares métodos que las de organizaciones que trafican estupefacientes”, como el uso de camiones, el ocultamiento de mercadería y los caminos utilizados, así como información relevante “sobre dónde hay controles y donde no”.
La funcionaria también había destacado el trabajo conjunto con los fiscales federales de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba, y había ponderado como “una ventaja» que se esté aplicando el sistema acusatorio en la provincia.
