La maniobra del Tribunal Superior de Justicia porteño 

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) se metió por la ventana en el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino, que desde hace 20 años tramita en el fuero nacional comercial, es decir, en otra jurisdicción. Lo hizo en base a un pedido de los Macri, que buscan apartar a la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, justo ahora que está en condiciones de decidir si declara la quiebra de la empresa o acepta un salvataje controvertido. También habían recusado a la fiscala Gabriela Boquin, quien la semana pasada anticipó la jugada en un dictamen en el que denunció un intento de «forum shopping», una estrategia del Correo y su controlante Socma para conseguir un tribunal aliado, como informó. El TSJ es el más alto de los tribunales porteños, aquellos que intervienen en asuntos locales. Esta decisión la firmaron tres de sus integrantes, que son considerados afines al macrismo: Inés Weinberg de Roca (excandidata de Mauricio Macri a la Procuración General), Santiago Otamendi (exsecretario de Justicia de Germán Gravano) y Marcela De Langhe.

Lo que hizo el TSJ es inédito: revocó sin más un fallo dictado por la Cámara Comercial, que había rechazado la recusación contra la jueza Cirulli y denegado un recurso con el que Socma pedía la intervención de los/as supremos/as de la Ciudad. Hasta ahora para revisar resoluciones del tribunal de alzada del fuero comercial solo intervino, como es habitual, la Corte Suprema de la Nación. Esta vez el tribunal porteño se metió y les dijo a las camaristas (María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini) que su decisión queda «sin efecto» y que se deben «pronunciar sobre la admisibilidad del recurso». Traducido, esto quiere decir que le tienen que decir a los Macri que está bien que pidan la intervención del TSJ y que éste podrá resolver lo que quiera sobre el concurso de acreedores. Esto, claro está y es lo que busca el Correo-Socma, apunta a llevar todo el concurso de acreedores a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía la Cámara tiene la opción de oponerse.

Es clave ubicar en qué contexto ocurre esto. Después de un sinfín de dilaciones logradas por el propio Grupo Macri, el concurso de acreedores del Correo, que adeuda por lo menos 6000 millones de pesos, entró a fin del año pasado en la etapa de «salvataje». Es una instancia donde cabe la posibilidad de que alguna otra empresa se postule para rescatarla o que el Correo haga una oferta aceptable para pagarle a sus acreedores. Los oferentes que se habían presentado para el salvataje terminaron renunciando, todos. Con lo cual la firma ofreció saldar 1.000 millones de pesos cash, o sea, una sexta parte de lo que debe. El Estado nacional, acreedor central, se opuso y pidió la quiebra. También se opusieron la AFIP, el Banco Nación, trabajadores y otros acreedores más chicos. Pero el Correo dice que tiene el respaldo suficiente para validar su magro ofrecimiento, y eso sería gracias a su acreedor más grande, que le prestó conformidad, que es el Meinl Bank. Se trata de un banco austríaco que está acusado de corrupción y lavado de dinero, que perdió la licencia y no puede operar. Hay fuertes sospechas a raíz de una investigación del diario La Nación, de que el acuerdo para que esa entidad compre parte de la deuda de la firma postal allá por el año 2005, se hizo por medio de una sociedad off shore llamada Mervet, también ligada a los Macri.

La jueza Cirulli, que durante años fue funcional a las dilaciones e incluso eludió que se concretara el proceso de salvataje en 2004, no tuvo más remedio que hacer lugar a medidas de investigación de maniobras de vaciamiento, desvíos hacia las controlantes Socma y Sideco, y sobre la relación del Correo con el Meinl Bank y la posible manipulación de mayorías, todas cuestiones denunciadas  desde mucho antes por la fiscala Boquin. El mes pasado, cuando el juzgado dispuso medidas y mandó exhortos a Europa, se agudizó la ofensiva y la apuesta por sacar el expediente de la órbita de la justicia nacional, donde siempre estuvo. El primer intento fue con la recusación de Boquin, la fiscala que denunció ya en 2017 el intento de un acuerdo entre el Correo y el gobierno de Macri, con un interés directo, para licuarle a la firma el 98,87 por ciento de la deuda.  Ahí el TSJ dio señales de que aceptaría intervenir, pero recién ahora firmó un primer pronunciamiento concreto.

El TSJ basó su decisión en un fallo de la Corte Suprema llamado «Bazan» de 2019, que decía que ante un conflicto de competencia entre un juzgado nacional penal y uno contravencional el órgano superior que debe definir es la corte porteña. Cuestionaba, además, que el Congreso nunca hubiera aprobado la reforma para hacer el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Esa reforma, no se hizo, por lo tanto en las leyes vigentes no existen recursos de apelación o extraordinarios o de ningún tipo que permitan recurrir una sentencia como en este caso de la Cámara Comercial. Sería una creación adecuada a la ocasión. El TSJ parte de la base de que algún día deben ser traspasados los fueros tanto Comercial, como Civil y Comercial y Criminal y Correccional. Por lo tanto, se arroga esa superioridad para revocar una sentencia de una cámara nacional.

El antecedente que se autoconcedió el TSJ y que el Correo y Socma invocaron para reclamar su intervención es un fallo también firmado por Weinberg de Roca, Otamendi y De Langhe, por entonces con el acompañamiento de Luis Lozano, que esta vez tuvo cierta discrepancia al igual que Alicia Ruiz.  Fue firmado el año pasado, a favor del periodista Gabriel Levinas, quien había sido condenado en primera instancia a indemnizar a los sucesores del artista León Ferrari, lo que fue confirmado por la Cámara. En lugar de ir a la Corte Suprema, Levinas fue –igual que el Correo– al TSJ. Planteó un recurso de queja y la sorpresa fue que este tribunal lo concedió. Desde entonces se multiplicaron planteos similares que sumaron precedentes, como en el caso del  policía Luis Chocobar, acusado de asesinar a Pablo Kukoc por la espalda después que intentara asaltar a un turista estadounidense y le causara heridas con un cuchillo. El juicio se hizo al final en la justicia nacional de menores, pero había quedado una puerta abierta.

En el caso de Levinas, lo impactante fue que en otro pronunciamiento sobre la competencia el TSJ dedicó algunas párrafos a anticipar su postura de que los procesos concursales podrían tramitar en territorio porteño. Hacía ruido en medio de ese fallo, sobre otro tema y fue muy comentado en la comunidad jurídica.

La semana pasada la fiscala Boquin denunció «el intento de la concursada (Correo) de derivar el trámite de las presentes actuaciones a una jurisdicción que no tiene competencia material ni territorial». Eso es, dijo, «un intento de sustraer la causa de sus jueces naturales. Carece de base legal, resulta temeraria y configura un claro caso de forum shopping». El TSJ se reservó la opción de opinar también sobre la recusación de Boquin, lo que podría ocurrir pronto. Queda a la vista que cuando se filtra el poder político en las decisiones judiciales también lo hace el poder económico.