La Justicia de Bahía Blanca avaló el corte temporal del cálculo pero, finalizada la emergencia, afirmó que el incremento para los jubilados debió ser 42,13%.
La Justicia de Bahía Blanca determinó que los jubilados y pensionados nacionales deben recibir la diferencia entre los aumentos por decreto establecidos en 2020 y el incremento que les hubiera correspondido con la suspendida fórmula de movilidad de los haberes sancionada en diciembre de 2017, que llegaba al 42%.
Los beneficiarios cobraron el año pasado incrementos establecidos por el Poder Ejecutivo que para el caso del haber mínimo llegó a 35,31%, mientras para las jubilaciones y pensiones más altas fue de 24,28%, debido a que se dispuso la suspensión de la vigencia de la ley de Movilidad sancionada durante la Presidencia de Mauricio Macri.
La Cámara de Bahía Blanca planteó que las alzas otorgadas a la clase pasiva fueron «inferiores económicamente al incremento que le hubiere correspondido» por la suspendida movilidad.
Como consecuencia, el fallo indica que la administración deberá “integrar el haber previsional de diciembre 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta”. Así lo sentenciaron los magistrados Pablo Larriera y Leandro Picado en la causa “Martínez Eduardo c/Anses, s/Reajustes varios”, que se había originado en el juzgado federal 2.
Los camaristas enfatizaron que la movilidad jubilatoria es un derecho consagrado por la Constitución por lo que debe “garantizarse su efectivo cumplimiento”, aún cuando no deviene derecho adquirido el mantenimiento de la fórmula de actualización.
Si bien consideraron válido que por la emergencia pública -dispuesta por el Ejecutivo y ratificada por el Congreso de la Nación- se suspendió la aplicación de la fórmula vigente, plantearon que superado ese estado “corresponde analizar si existe diferencia entre la movilidad suspendida y la que fue otorgada. En ese caso, deben restituirse las sumas no otorgadas”, aseguraron.
La denominada “Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” entró en vigor el 23 de diciembre de 2019 y declaró la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”.
