El pedido al FMI fue formulado por unos setenta legisladores demócratas de Estados Unidos y abarca el pago de servicios hasta que concluya la pandemia.

Unos setenta congresistas y senadores del oficialista Partido Demócrata de Estados Unidos presentaron un proyecto que insta al Presidente Joe Biden a exigir al Fondo Monetario Internacional (FMI) la suspensión de los pagos de los vencimientos que tiene la Argentina con el organismo multilateral de crédito por lo que resta del año y al menos hasta que concluya la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa cobra relevancia no solo por la cantidad de legisladores y por pertenecer al mismo partido que Biden, sino principalmente por el peso con el que cuenta Estados Unidos en las decisiones del FMI, que con el 17,44% del total de cuotas es el principal decisor dentro de la Junta de Gobernadores, en la que la Argentina retiene un 0,67%.

El pedido de los demócratas apunta a la suspensión de «todos los servicios de la deuda» y le pide al ente encabezado por Kirstalina Georgieva que «relaje los objetivos fiscales» acordados o por acordar con «los países que están buscando financiación», entre los que la Argentina figura en primer lugar, por representar el mayor nivel de compromisos con el FMI, con un préstamo otorgado en junio de 2018 por unos US$ 55.000 millones.

El proyecto lleva como título «Una contundente respuesta global a la pandemia del COVID-19» y se da a conocer en medio de las negociaciones entre la Argentina y el Fondo, cuyo vocero, Gerry Rice, destacó este jueves que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es la «contraparte» de esas conversaciones.

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Los legisladores proponen que los representantes de Estados Unidos en el FMI se opongan a “cualquier crédito, garantía, documento o estrategia que podría conducir a la reducción” del gasto público asignado por los propios países deudores para enfrentar la segunda ola del COVID-19.

Asimismo, se instruye para que Estados Unidos «vote a favor de la emisión de al menos 3 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) para que los gobiernos tengan acceso adicional a recursos financieros para responder a la pandemia global del COVID-19″, una gestión que viene desarrollándose desde la reunión del G-20 a mediados de febrero y se da por descontado que arribará a buen puerto.

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