Un inusual suplemento del Boletín Oficial en la noche del viernes anunció los incrementos para los usuarios de Edenor y Edesur. El salto provocó una crisis en la Secretaría de Energía, donde no hay acuerdo sobre las tarifas.

En la noche del viernes, el Boletín Oficial emitió un suplemento en el que publicó las dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que aumentaron las boletas de luz de los usuarios de Edenor y Edesur en un 9%. En un comunicado emitido ayer, el ENRE no aclaró si este será el único aumento del año o si habrá más.

La intención del ministro de Economía, Martín Guzmán, es mantener el nivel de subsidios energéticos estipulado en el Presupuesto. Para esto, necesita aumentos tarifarios en el orden del 30% tanto en luz como en gas. El ministro pretendía tener un mapa de usuarios bien segmentados, con el fin de colocar el mayor peso de las subas en aquellos que pueden afrontarlo.

Por ejemplo, en el caso del gas, la Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez, detalló en su momento que el Estado subsidia el 60% del costo total de la producción. Con los nuevos precios establecidos en el Plan Gas.Ar, el Estado asumiría un costo de U$S 1.235 millones sobre un total de U$S 2.059 millones, mientras que los usuarios pagarían U$S 824 millones: el Estado tendría una necesidad adicional de fondos de U$S 521 millones. Si la parte subsidiada fuese del 35%, el Estado pagaría U$S 714 millones –sin necesidad de adicionales– y los restantes U$S 1.345 millones quedarían a cargo de los usuarios. En la boleta, este enroque en los aportes implicaría subas de entre el 26 y el 35 por ciento.

A esto habría que sumar el 7% que el Enargas está dispuesto a implementar para los segmentos de transporte y distribución de gas. En esa pulseada, su interventor, Federico Bernal, dijo varias veces en público que ese 7% es lo único que se puede aumentar, ya que si se realizan cambios en el valor de la producción se tendría que volver a llamar a audiencia pública.

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En el mismo sentido, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, planteó en varias oportunidades que solo es viable una suba en el orden del 8 o 9%. Postura similar a la de Bernal, pero con una estrategia más agresiva: Basualdo instó a las empresas de distribución del sector (sobre todo, a Edenor y Edesur) a desistir de cualquier reclamo sobre deudas que el Estado pudiera tener con ellas por el congelamiento de tarifas iniciado en abril de 2019. Basualdo apuntó que las empresas no cumplieron con sus inversiones –es decir, con su parte del acuerdo– y que por ello no tienen ahora derecho a reclamo alguno.

Tanto Basualdo como Bernal responden políticamente a la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien planteó su posición en el acto en La Plata del 18 de diciembre en el sentido de que las tarifas deben adecuarse a los salarios y las jubilaciones. Desde ese momento, las declaraciones públicas de Bernal y Basualdo se endurecieron.

En sentido opuesto, Guzmán explicaba en los medios las necesidades macroeconómicas. La cuestión tarifaria es, además, una piedra en el zapato de las negociaciones con el FMI que tanto preocupan no solo al ministro, sino también al presidente Alberto Fernández. El mandatario, por su parte, alineó su discurso con el de CFK. Al mismo tiempo, habría dado el visto bueno a Guzmán para desplazar a Basualdo.

Una no renuncia

Entre la mañana y el mediodía del viernes, fuentes oficiales confirmaron a distintos medios que se le había pedido la renuncia a Basualdo y, agregaban, que se confirmaba el aumento del 9% para las tarifas de luz, con una segunda suba del mismo nivel este mismo año.

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Las voces oficiales dijeron primero que la orden vino directamente del presidente. Luego, que había sido el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Después, que fue Guzmán. Finalmente, que lo había hecho el secretario de Energía, Darío Martínez, con la venia de todos los anteriores o, al menos, de algunos.

Con el correr del día, esas fuentes se apagaron y comenzó a tomar fuerza la versión de que Basualdo rechazó el pedido de renuncia, a menos que se lo hiciera el presidente. Incluso, desde sectores cercanos al subsecretario de Energía Eléctrica, se hizo circular un texto en el cual se afirmaba que nadie le había pedido la renuncia al subsecretario, que todo había sido parte de una «opereta» y que el único aumento que se iba a realizar durante el año era del 8 por ciento.

Ya entrada la noche, los primeros voceros volvieron a la carga y aseguraron que el presidente apoyó la decisión de Guzmán y que Basualdo tiene las horas contadas en su cargo. Afirmaron también que habrá dos aumentos durante el año: uno del 9% y el otro todavía no se sabe de cuánto.

Los voceros cuentan lo que pueden contar. Queda claro que la cuestión energética ha desatado una fuerte interna en el gobierno nacional cuyos alcances son impredecibles dada la importancia que tiene el aspecto tarifario dentro de las cuentas fiscales del gobierno, pero también dentro de las relaciones del gobierno con el poder económico y con el Fondo Monetario.

“Nunca me voy a volver a pelear con Cristina”, prometió en campaña el presidente, quien puede ser hoy el único capaz de detener esta bola de nieve. Juan Perón decía también que los peronistas “son como los gatos; parece que se pelean, pero se están reproduciendo”.

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En el medio quedan los usuarios, quienes ya sea por un gobierno que elevó las tarifas en un 3.000% o por una pandemia, transitan el sexto año de ingresos empobrecidos y deben lidiar ahora con más aumentos en las boletas.

Alivio y quejas de los consumidores

El aumento de la luz en un 9% a partir de mayo generó respuestas encontradas entre las organizaciones de defensa del consumidor. Fernanda Lacey, integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, que a su vez coordina la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE, reconoció que el aumento del 9% “es menos fuerte para los usuarios que lo que pedían las distribuidoras, que era de un 30 o un 40%”, pero advirtió también: “No nos parece correcto que vuelva a haber dos aumentos en el año”.

Lacey criticó que se sostenga a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del macrismo como punto de partida para analizar los futuros aumentos. “La RTI anterior nunca se pudo aplicar de manera completa porque era inviable, y ahí se paran las distribuidoras para reclamar deudas al Estado. Por su parte, el ENRE en su momento hizo auditorías que fueron muy críticas con esa RTI. Entonces, si no estuvo bien realizada, por qué nos paramos sobre ese cuadro tarifario para determinar los aumentos futuros”, planteó la especialista.

La idea de Martín Guzmán –y que se supone, le pidió a Basualdo pero este no cumplió– es hacer una segmentación minuciosa de los usuarios, con el fin de aplicar mayores aumentos a quienes puedan afrontarlos. Sobre el tema, Lacey expresó: “Van a entrecruzar todos los datos necesarios para que el criterio de equidad sea serio. Sostienen que ese trabajo no se pudo hacer todavía porque es muy engorroso y, mientras no se puede hacer, aumentarán lo menos posible”.

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