Las quejas por la reforma del Ministerio Público Fiscal y la prohibición de las exportaciones de carne son el primer paso de acuerdos más profundos que apuntan hacia una «confluencia de intereses». Además, negocian el apoyo de los sindicatos en nombre de la defensa de los puestos de trabajo.

El empresariado disparó esta semana contra el gobierno por la reforma del Ministerio Público Fiscal y la suspensión de las exportaciones de carnes. Lo hizo principalmente a través de un pronunciamiento del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), que agrupa a unas 60 cámaras y otras 40 organizaciones civiles, y en cuyo seno se acordó que cada entidad emitiera comunicados con los detalles de las demandas particulares a manera de respaldo.

La puesta en escena sirvió de ensayo para un objetivo más ambicioso: empezar a construir un discurso homogéneo y abarcativo. Los mensajes empresarios de esta semana rechazaron la reforma del Ministerio Público Fiscal con los mismos argumentos, que es inconstitucional y genera una inestabilidad política que perjudica los negocios y el empleo. Y en una línea similar, condenaron el corte de las ventas de carne al exterior como un golpe a la expectativa de crecimiento de la economía en general.

Los comunicados (además del pronunciamiento del Foro, los de la Amcham, de IDEA y de ACDE) apenas disimularon la trenza de opiniones que talla informalmente en el sector privado, en la que además de esas dos demandas (y del repertorio clásico de las reformas económicas) aparecen temas como el Aporte Solidario, el desacuerdo con la gestión política de la pandemia, las críticas a presuntas internas de la alianza gobernante que afectan las gestiones administrativas y la campaña de las elecciones legislativas, entre otros temas.

Dentro del FCE militan la Asociación Empresaria Argentina (AEA), integrada por los dueños de las empresas más importantes del país; la Cámara Estadounidense en Argentina (AmCham), referente de varias multinacionales de peso en la economía local; las cámaras y cadenas agropecuarias, el comercio, la banca, la bolsa, las constructoras, las petroleras, las mineras, las aceiteras, las operadoras del comercio exterior, los unicornios tecnológicos y los think tank más escuchados, entre otras organizaciones.

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La gran excepción fue la de la Unión Industrial Argentina (UIA), que a título particular manifestó su preocupación por el freno de las exportaciones de las carnes pero no participó con el FCE del cuestionamiento a la reforma del Ministerio Público Fiscal.

Además, las empresas informaron que mantienen reuniones con el sindicalismo que tiene afiliados en ámbito privado, orientadas a construir una alianza sobre la base de «la defensa de los puestos de trabajo que peligran». Las entidades que llevan adelante estas negociaciones formalmente son FCE y AEA, precisaron.

Reagrupamiento

«Lo que se busca es unificar. Y la confluencia de intereses es más fuerte en este momento, por eso salimos con el mensaje general y con las posiciones individuales», dijeron desde el riñón de la operación comunicacional y política, y agregaron: «El mensaje tiene que ser generalizado porque lo que importa es explicar las consecuencias de las políticas que se están implementando».

La intención es una unificación hacia adentro pero también una suerte de evangelización: que la crítica a la reforma del Ministerio Público Fiscal trascienda lo político-económico y, para decirlo en pocas palabras, baje a tierra. Por eso hicieron hincapié en las gestiones que están haciendo las cámaras más importantes con los gremios.

Una de las patas de la estrategia es proyectar la supuesta amenaza de la reforma hacia el plano del empleo, poniendo en discusión el efecto que tendría esa iniciativa en las inversiones, en los negocios y, por contigüidad, en el mantenimiento de los puestos de trabajo, en la creación de nuevas vacantes y en los salarios.

El empresario aseguró que hubo numerosos intentos para frenar la reforma en el Congreso con legisladores de todos los colores políticos y especialmente con los independientes. El viernes, tras mucho negociar, algunos de los contactos confiaban lejanamente en que «primará la racionalidad» y otros se resignaban a que el proyecto ya tiene quórum y votos asegurados.

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«Creemos que el formato de elección del procurador, establecido con mayoría calificada, es lo correcto», indicó Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. «Necesitamos la mayor seguridad jurídica para todo el país. No es posible dejar al arbitrio de un partido político en particular semejante facilidad para elegir o sacar a un candidato. Y sobre todo pensamos que no es el momento con 70 mil muertos de coronavirus», apuntó.

El otro eje es el posicionamiento político que implica la discusión de esta reforma. Los empresarios remarcan que no hay una pretensión política, pero la retórica republicana es clara en todos los comunicados que se difundieron, así como en el simple intercambio con las fuentes consultadas. Y existe en los hechos, una cercanía discursiva con la oposición política.

«Una Justicia independiente es clave», dijo otro referente para sentar posición sobre lo que se trata en el Congreso. En cadena con esa afirmación aparecen otros conceptos como la «amenaza» a las instituciones, la asociación de las prácticas del gobierno con el autoritarismo y otros por estilo.

Déficit

Los consultados acusaron desconcierto en relación con las decisiones del gobierno que definieron como contradictorias o cambiantes. Uno puso como ejemplo que la decisión de cerrar por un mes las exportaciones de carnes se conoció pocos días después de que el gobierno selló el acuerdo por los siete cortes de carne a precios populares en cuyo marco se presentó un documento con diez puntos entre los que figuraba el fomento de las exportaciones. La versión es que el gobierno se excusó con que el cierre fue una decisión personal del presidente Alberto Fernández que dejó en una posición incómoda a los ministros que habían negociado el pacto de precios.

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Cierta o no la historia, la verdad es que sobre contradicciones internas de la administración nacional sobran anécdotas que trascienden largamente el posible interés de un particular en criticar. Las idas y vueltas, órdenes y contraórdenes, y diferencias de criterio entre dependencias u oficinas de una dependencia puntual son cosas cotidianas para cualquiera que interactúe frecuentemente con el gobierno.

Desde la óptica que trabaja el FCE y sus socios, la gestión oficial de la pandemia y la «falta de vacunas» formaría parte del cuadro que «genera incertidumbre y condiciona las inversiones». No obstante, al mismo tiempo especularon con que el gobierno intentaría postergar las elecciones para conseguir más vacunas y asegurarse un resultado favorable.

En la misma línea creen que la estrategia es «posponer el acuerdo con el FMI para no enojar a sectores políticos que lo creen negativo». Grinman observó que «lo de las exportaciones de carne también es una locura”, agregó que «lo que nos está faltando son dólares» y avisó que «así como está planteado, estas medidas van a ir a parar a la inflación».

«No nos están cuidando y no es partidario. Macri fue un desastre y esto también. La manera de combatir la pobreza es generar riqueza y eso es con un sector privado cada vez más fuerte. Si hay empresarios que actúan mal, que los metan presos, pero la mayoría queremos trabajar y dar trabajo», concluyó.

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