Se trata de uno de los magistrados que reclama que su traslado de un tribunal a otro durante el gobierno anterior sea considerado válido y definitivo. Actualmente ocupa de manera provisoria el Tribunal Oral Federal N° 7.

El juez Germán Castelli, uno de los que reclama que su traslado de un tribunal a otro durante el gobierno de Mauricio Macri sea considerado válido y definitivo, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia con un furibundo reclamo en el que advirtió sobre graves violaciones a las garantías constitucionales y cuestionó el funcionamiento de todo el Poder Judicial, comenzando por su cabeza.

Castelli pretende que la Corte, que ya dijo que los traslados son inconstitucionales pero los prorrogó con la declamada intención de preservar el funcionamiento de la Justicia, diga ahora que en su caso fue válido y definitivo.

“El mecanismo de nombramiento en la magistratura no puede ser cancelatorio del derecho de acceder a la función pública en condiciones de igualdad por parte de quien fue nombrado a través de aquel mecanismo en un tribunal oral de idéntica competencia funcional y ha acreditado previamente su idoneidad con relación al ámbito territorial donde fue trasladado”, proclamó Castelli, en un escrito de 40 páginas presentado con el objetivo de llegar al máximo tribunal.

Castelli, quien actualmente ocupa de manera provisoria el Tribunal Oral Federal número siete (aunque cesará en el cargo cuando sea designado mediante el mecanismo constitucional un juez definitivo, que bien podría ser él mismo) alertó sobre “el del brutal ataque prepotente y coordinado de los distintos organismos del Estado” para objetar su permanencia definitiva en ese cuerpo colegiado.

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Ello, dijo “generó incuestionables perjuicios concretos a los principios de estabilidad, independencia y juez natural y por ende a la democracia republicana”.

Castelli recordó que es hoy “juez natural en causas sensibles de repercusión pública nacional e internacional, respecto de algunas de las cuales el propio Presidente de la Nación se ha pronunciado por la inocencia de su compañera de fórmula, imputada en diversos procesos”.

El tribunal oral federal siete tiene asignada la Causa Cuadernos, que aún no tiene fecha de debate fijada.

El juez, quien junto con Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi iniciaron sendos reclamos contra la revocatoria de sus traslados por decreto durante el gobierno de Macri, reclamó “la urgente intervención del Alto Tribunal en aras de ajustar sus alcances en función de los propios límites que impone la Constitución Nacional”.

Además, cuestionó que para evaluar su situación haya intervenido la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez, quien el momento de resolver su situación no tenía estabilidad en el cargo pues era subrogante.

“La enorme responsabilidad recayó en el Juzgado a cargo de Marra Giménez que, con su cargo de secretaria, llevaba años como subrogante con la tolerancia de la Cámara, y tenía lógicas expectativas de que el Presidente de la Nación la designase entre las personas ternadas como titular de su juzgado. Su imaginable y humana ansiedad debía ser mayúscula en atención a que tiempo antes su pliego había sido retirado del Senado por la actual administración”, elucubró.

En ese contexto, Castelli reprochó: “el mismo Presidente que firmó el decreto 751 me colocó al borde de la destitución ilegal, que dijo públicamente que su compañera de fórmula era inocente en los procesos en su contra y que dispuso el nombramiento de la jueza subrogante es el mismo que debería evaluar mi desempeño y designación en un eventual concurso para retener el cargo. ¡Así de absurdo! ¡Así de inconstitucional!”.

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