Organizaciones porteñas presentaron cinco iniciativas para evitar que esos predios de Palermo, Colegiales, Caballito, Liniers y Villa Urquiza sean presa de la especulación inmobiliaria.
Una de las iniciativas plantea la derogación de la Ley N° 4477, sancionada en 2012, que preveía la urbanización de las playas ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers, convirtiéndolas en los barrios Nuevo Caballito, Nuevo Palermo I, Nuevo Palermo II y Nuevo Liniers. De aprobarse, se rezonificarían estos predios bajo la denominación de Urbanización Parque (UP), que estipula resguardar “la potencialidad funcional de su destino original para el mejor funcionamiento de la red ferroviaria y reutilizar las construcciones patrimoniales existentes para actividades educativas y culturales públicas”.
Para Martín Iommi, vecino de Caballito e integrante de La Cultural, “Caballito, Palermo y Liniers son parte de una misma realidad, porque existen proyectos inmobiliarios desde hace muchísimo tiempo. En Caballito hace 20 años que se está peleando entre dos proyectos: un gran parque público o un emprendimiento inmobiliario en un barrio ya colapsado, con una red de servicios que no aguanta más”.
La derogación de la Ley 4477, dice Iommi, permitirá “preservar de la especulación el espacio verde que hoy existe, los galpones donde el club Ferro hace actividades sociales, los galpones reconvertidos en espacios culturales, como la Estación de los Deseos, o los que desarrollan una actividad ambiental y cultural, como los que utilizan los Recuperadores Urbanos del Oeste”.
Iommi recuerda que Alberto Fernández los recibió “en agosto de 2019, en plena campaña electoral, y se comprometió a apoyarnos. Queremos que sus funcionarios respeten la voluntad del presidente”, y apunta a Playas Ferroviarias de la Ciudad de Buenos Aires, un ente nacional a cargo de las instalaciones, que debería “avanzar con la remediación y forestación del predio”.
Otro de los proyectos propone la derogación de la Ley N° 5875, sancionada en 2017, que anularía un convenio entre el gobierno porteño y la Agencia de Administración de Bienes del Estados (AABE) a través del cual fueron cedidas a la Ciudad unas siete hectáreas de la playa de maniobras de Colegiales para su urbanización. Son nueve lotes. Cuatro ya fueron comprados por la empresa Sancor Seguros y otro por EMFISA, y los restantes fueron entregados por Macri a la Ciudad días antes de dejar el gobierno nacional.
Adriana Fernández, de Colegiales Participa y Decide, cuenta que junto a sus vecinos está movilizada desde 2016, cuando empezaron los rumores de que se vendía el playón: “Nos fuimos reuniendo, empezamos a juntar firmas. Y presentamos un proyecto pero lamentablemente salió el del oficialismo”, se lamenta, pero dice que “esta iniciativa es un paso más para recuperar este predio y que se convierta en un parque cultural, en un barrio donde faltan espacios verdes amplios”. El proyecto describe que Colegiales tiene 52.551 habitantes y 2,3 km2 de superficie, lo que da apenas 0,7 m2 de verde por habitante, muy lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: un mínimo de 9 m2.
“Ellos argumentan que si se construye –continúa Adriana-, el lugar, que está abandonado y es inseguro, se va a integrar al barrio. Pero el mismo Estado porteño lo deja abandonado a propósito”.
Otra de las iniciativas propone la derogación de la Ley N° 5911, de 2017, que cedió para su urbanización los terrenos de las playas ferroviarias de Palermo Chico, Villa Urquiza y Retiro.
Los dos últimos proyectos se relacionan con las denominadas “Áreas Bajoviaductos Ferroviarios” (ver aparte). Por un lado, se busca anular el uso comercial de los espacios libres tras la elevación de las vías para sumar, en cambio, «equipamiento público comunitario y espacios verdes”. Además, prohíbe la “concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria o permiso de uso” de estos lugares, y fija la intervención de las Juntas Comunales y entidades vecinales en la distribución de los usos comunitarios establecidos.
“No estamos en contra de la construcción privada, pero que compren tierras privadas y construyan sobre ellas. Las tierras públicas son de todos y son bienes escasos. Una vez que vendés, no lo recuperás más”, concluye Adriana, de Colegiales. Sus palabras resumen lo que piensan los integrantes de todos los colectivos de vecinos que ya invitaron a los 60 legisladores a estudiar las medidas. Por el momento, solo fueron escuchados por un puñado de opositores.
Objeciones al traspaso de tierras
“Cuando era legisladora de la Ciudad y se votó esta Ley (la N° 4477), objeté los puntos que tenían que ver con la privatización del espacio verde y público; y, fundamentalmente, la concesión ilegal vinculada al Distrito Arcos, que se terminó judicializando”, recuerda a Tiempo María José Lubertino de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, quien analizó que “con la pandemia nos asisten razones muy fuertes para entender que no se puede seguir haciendo un desarrollo urbano concentrador de habitantes. Hay que desconcentrar el AMBA y especialmente estos barrios sumamente densificados”.
“Este debate que proponemos con estos proyectos incluye muchos predios que Mauricio Macri, en los últimos días de su gobierno, traspasó a la Ciudad para su venta, una maniobra que fue objetada por el nuevo gobierno de Alberto Fernández, por lo que en principio estaría retrotrayéndose la titularidad, la propiedad de esos playones, al gobierno nacional”, indica Lubertino, y aclara: “Una cosa es la propiedad de la tierra y otra quién tiene la jurisdicción para ver qué se puede hacer en estos predios”.
La propuesta para los bajoviaductos
María Angélica Di Giacomo, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, destaca que los proyectos que prevén generar espacios comunitarios en los bajoviaductos “son clave, porque ya vimos lo que se hizo en la estación Belgrano C, bajo las vías del ferrocarril Mitre. Tenemos que tratar de revertir esta enajenación de bienes comunes de tierras públicas para fines ya sea inmobiliarios o comerciales”.
Se refiere a las 36 hectáreas que se liberarían de los bajoviaductos de las líneas Mitre (3,9 kilómetros), San Martín (5 km) y Belgrano Sur (5,6 km), si se toma como promedio un ancho de 25 metros por corredor. La idea es que allí se multipliquen sitios educativos, culturales, huertas o áreas de esparcimiento, consensuados con las entidades vecinales.
“Los legisladores y legisladoras deberían tener el bien común como propósito, para eso fueron elegidos. Lo que pedimos es irrefutable. Está contemplado en las leyes, en el plano urbano ambiental, en la Constitución de la Ciudad, en la Nacional y en la Ley General del Ambiente”, puntualiza. 
La propuesta para los bajoviaductos
María Angélica Di Giacomo, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, destaca que los proyectos que prevén generar espacios comunitarios en los bajoviaductos “son clave, porque ya vimos lo que se hizo en la estación Belgrano C, bajo las vías del ferrocarril Mitre. Tenemos que tratar de revertir esta enajenación de bienes comunes de tierras públicas para fines ya sea inmobiliarios o comerciales”.
Se refiere a las 36 hectáreas que se liberarían de los bajoviaductos de las líneas Mitre (3,9 kilómetros), San Martín (5 km) y Belgrano Sur (5,6 km), si se toma como promedio un ancho de 25 metros por corredor. La idea es que allí se multipliquen sitios educativos, culturales, huertas o áreas de esparcimiento, consensuados con las entidades vecinales.
“Los legisladores y legisladoras deberían tener el bien común como propósito, para eso fueron elegidos. Lo que pedimos es irrefutable. Está contemplado en las leyes, en el plano urbano ambiental, en la Constitución de la Ciudad, en la Nacional y en la Ley General del Ambiente”, puntualiza.
