Dicen que debió realizarse antes del vencimiento del DNU. Inmobiliarias creen que la problemática es marginal.
El gobierno nacional finalmente no extendió el DNU que congelaba los precios de los alquileres e impedía los desalojos. Ante esta situación, organizaciones de inquilinos denunciaron la posibilidad de una ola de desalojos masivos, mientras que el sector inmobiliario celebró la decisión.
En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat estableció un “protocolo de alerta temprana de desalojos”. Esto se traduce en la creación de un registro de la población en riesgo de perder el acceso a la vivienda y, a partir del mismo, aportar soluciones, ya sea subsidios, créditos blandos o el acceso a una residencia alternativa.
Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, planteó: “Es un elemento que busca dar solución a posibles conflictos por desalojos, en caso de que lo hubiera. Un monitoreo no está mal, es lógico. Amén de esto, hemos concluido una estadística a nivel nacional que da prácticamente nula la utilización del DNU por parte de los inquilinos residenciales”.
En el mismo sentido, amplió: “El 92% cumplió como corresponde. Un 4,4% hizo pagos parciales y muy pocos utilizaron el DNU y con esos se llegará a un acuerdo con la intermediación de las inmobiliarias”.
Para Bennazar, este relevamiento “echa por tierra muchos comentarios sobre desalojos masivos”. Finalmente, aclaró: “Hay un universo que está por fuera del mercado inmobiliario (dueños directos) y allí puede que haya más conflictos, pero no lo podemos medir”.
En contraposición, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, apuntó: “Es una respuesta política que da el Ministerio (Desarrollo Territorial y Hábitat) para no dar la impresión de que no se ocupan de los inquilinos, pero no tenemos idea de cómo se va a instrumentar ni cuánto tiempo tomará en ponerse en práctica”.
Según Muñoz, “queda claro que tomaron la decisión de cortar el DNU sin tener hecho un relevamiento sobre a cuánta gente afectaría ni de qué forma”, ya que “anuncian la creación del registro después de frenar el DNU”.
“El rol de la vivienda privatizada durante la pandemia y sus consecuencias son terribles, pero nadie las discute. Es como si la salud estuviera privatizada por completo y no se discuta al respecto en medio de una pandemia. La sensación es que nadie en la política quiere dar esa discusión, que es central. Somos el único país de la región con la vivienda dolarizada. No se discute nada. Si desde nuestra Federación llevamos adelante este nivel de conflictividad, es porque queremos la intervención concreta del Estado en las reglas de juego. No un sorteo ni una solución individual”, completó Muñoz.
