El tribunal comenzó a deliberar por vía virtual. Hay hermetismo sobre el plazo en el que emitirá su pronunciamiento. El forum shopping macrista a ambos lados de la General Paz.
La Corte Suprema de Justicia volvió a jugar con los tiempos políticos para convertirse en un actor central en la disputa entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la presencialidad en las aulas.
El tribunal decidió deliberar durante un fin de semana, siempre por vía virtual, para meterse en una discusión que lo excede largamente e, incluso, lo involucra como víctima.
La jueza nacional de Ejecución Penal Jimena Monsalve contrajo coronavirus y debió ser internada el jueves pasado, pero estuvo sentada en una silla, con poco aire y muchos dolores de cuerpo, durante casi 12 horas hasta que consiguió una cama. La obra social de los jueces es exclusiva; nadie que tenga otra cobertura puede optar para atenderse por ella. La magistrada fue rechaza en tres hospitales privados de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente se internó en la clínica Anchorena, de la localidad bonaerense de San Martín.
La obra social de los judiciales depende directamente de la Corte Suprema. ¿Cómo se contagió Molsalve? Por uno de sus hijos, que llevó el Covid-19 desde la escuela.
¿Puede la Corte resolver con un criterio epidemiológico cuando una de sus juezas coqueteó con la muerte por un contagio escolar y no consiguió cama en la Capital Federal, el distrito que le reclama que garantice la presencialidad de los alumnos?
El viernes, horas después de la presentación de la acción de inconstitucionalidad por los abogados de la CABA, la Corte adoptó una conducta insólita: le pidió opinión a la Procuración General de la Nación, interinamente a cargo de Eduardo Casal, sobre si correspondía la “competencia originaria”, es decir, ser el único tribunal en intervenir en la causa.
Fue algo así como preguntarle a un médico si el aire es importante para la respiración. La Corte sabía que sí es competente porque esos mismos jueces dispusieron en 2019 equiparar el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires con el de cualquier provincia. Entonces, si el reclamo es de CABA contra el Estado nacional, hay competencia originaria del máximo tribunal. ¿Para qué preguntaron lo que ya sabían?
Si la intención era ganar tiempo, la estrategia fracasó. La Procuración demostró que puede emitir un dictamen en apenas cuatro horas. Y pensar que hay quienes se quejan de la “lentitud de la Justicia”…
Además, y en ese contexto, el viernes por la noche, la jueza porteña Romina Tesone rechazó in límine un amparo que le pedía que le ordenara “al Gobierno local defender la Autonomía de la Ciudad” y se declaró incompetente para analizar “el pedido de declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia”.
Mientras el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, buscó que la Corte Suprema resolviera judicialmente un conflicto que le correspondía zanjar a la política, otros integrantes de su misma fuerza política golpearon otras puertas, a uno y otro lado de la avenida General Paz, buscando un aval para romper las dos semanas de clases virtuales decididas para contener la ola de contagios de coronavirus. Parece una nueva variante de la práctica de “fórum shopping”, ese mecanismo ilegal para elegir artificialmente a un juez que falle de acuerdo a las pretensiones de quien impulsa la acción judicial.
En máximo hermetismo, durante todo el sábado el tribunal buscó una solución y hasta el cierre de esta edición aún no la había encontrado.
