Soria expondrá el próximo lunes ante la Comisión de Justicia 

El ministro adelantó que el proyecto que cuenta con media sanción del Senado será modificado antes de ser tratado en la Cámara baja. 

El ministro de Justicia, Martín Soria, comenzó una ronda de consultas en busca de alcanzar consensos para avanzar en las reformas a la ley del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Soria se reunió ayer en forma virtual con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, con la que coincidió con la posibilidad de introducir modificaciones al proyecto que tiene media sanción del Senado “para dotar de mayor autonomía a la Procuración”. El ministro irá la semana próxima a la comisión de Justicia de Diputados, para abrir el debate que se frenó en la Cámara baja.

Bajo la premisa de avanzar en la búsqueda de consensos para que la reforma del Ministerio Público sea ley, Soria y la defensora Martínez “coincidieron en la necesidad de incorporar modificaciones al proyecto para garantizar la autonomía del organismo”, según afirmaron desde el Ministerio de Justicia mediante un comunicado

En el encuentro la defensora General valoró el sistema de designación de defensores y defensoras actualmente vigente, y acordó con Soria sobre “la necesidad de mantener la composición actual de los jurados de concurso”, según detallaron desde esa cartera. También existió coincidencia respecto al Tribunal de Enjuiciamiento sobre “la necesidad de revisar la composición establecida por el proyecto con media sanción del Senado, garantizando la representatividad de los defensores oficiales en ese órgano, y las mayorías exigidas para sesionar y para remover defensores”.

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Martínez presentó sus observaciones sobre las modificaciones al mecanismo de designación y la estabilidad en el cargo del Defensor o Defensora General de la Nación. “La Procuración y la Defensoría General requieren una fuerte legitimidad, por eso son importantes las mayorías”, señaló la defensora.

“Más allá de mis diferencias con la regulación que establece el proyecto, entiendo que la voluntad popular se expresa en el Congreso. No es inconstitucional que el Congreso modifique los mecanismos de designación, ya que son los representantes del pueblo”, agregó Martínez.

Al tiempo que el ministro y la defensora coincidieron en “mantener la exigencia de los dos tercios de los votos del Senado para la remoción de ese cargo”, tal como establece el proyecto con media sanción del Senado. Martínez además analizó la situación del Ministerio Público Fiscal: “No es digno de una República tener un Procurador General interino por más de 3 años. La situación de la Procuración General es crítica”, consideró.

En tanto, la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Rodolfo Tailhade, tiene prevista una convocatoria para el próximo lunes a las 18 horas, para recibir a Soria y abrir el debate sobre las reformas a layes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa que están frenados en la Cámara baja.

La previa 

hace diez días el ministro de Justicia, Martín Soria,  había recibió a autoridades de la Asociación de Fiscales que encabeza Carlos Rívolo, en procura de consensos y propuestas para la modificación del proyecto de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal (MPF) y coincidieron en que se «necesita un procurador (general) definitivo para poder poner en vigencia el Código Procesal Penal Federal».

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Soria y Rívolo coincidieron en «avanzar en una nueva ley del Ministerio Público Fiscal y de generar acuerdos para destrabar el proyecto que se encuentra en el Congreso».

Durante la reunión, en la que también estuvieron Juan Martín Mena (Secretario de Justicia de la Nación) y Susana Pernas (Secretaria de la Asociación de Fiscales y Affun), todos acordaron que el MPF «necesita un Procurador definitivo» para poner en vigencia el sistema acusatorio, se explicó.

La Procuración General de la Nación está interinamente a cargo del procurador ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, quien ocupa ese lugar desde la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Soria y Rívolo «coincidieron en que el cargo de Procurador General debe dejar de ser vitalicio: señalaron que, con el paso a un sistema acusatorio, es necesario establecer un mandato temporal que permita la alternancia de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal para poder desarrollar políticas criminales y programas institucionales más ágiles y eficientes», indicaron desde el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, las autoridades de la Affun reiteraron su postura en favor de mantener los requisitos actuales para la elección del Procurador General de la Nación (dos tercios de los presentes de la Cámara de Senadores), aunque destacaron que la decisión final es del ámbito de la política, ya que la Constitución Nacional no lo prevé expresamente.

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