El juez Leonardo Fuchi hizo lugar al amparo porque la ley que habilita no cumplió requisitos constitucionales

La Justicia porteña suspendió la venta de los terrenos de Costa Salguero al declarar la inconstitucionalidad de la Ley 6290 aprobada en 2019 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que habilita al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a vender los predios de la costanera. La decisión fue tomada este martes por el juez Leonardo Fuchi, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°16 de CABA, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Gabriela Cerruti, diputada nacional del Frente de Todos (FdT). Aunque el Gobierno porteño está en condiciones de apelar el fallo, desde la oposición celebraron la decisión judicial e indicaron que esperan que sea un estímulo para la recolección de firmas de la iniciativa popular que impulsa la creación de un parque público en esos terrenos.

El fallo

«Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 6.289 por ser contraria a los artículos N° 63, N° 89 incisos 4 y 6, y N° 90 de la Constitución de la Ciudad«. De esta manera, el juez de primera instancia Leonardo Fuchi dio lugar a la acción de amparo presentada con el objetivo de anular los efectos de la Ley que, en diciembre de 2019, la Legislatura aprobó para autorizar al Gobierno porteño a disponer la venta de los predios del conjunto “Costa Salguero – Punta Carrasco”.

El planteo de Cerruti y el Observatorio -acompañados de la Fundación Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes- era que la Ley había sido aprobada sin pasar por las instancias de audiencia pública y doble lectura que establece la Constitución de la Ciudad para los proyectos que involucran terrenos de «dominio público«. Antes de tratar la Ley en el recinto, el Gobierno de Larreta había conseguido que los terrenos fueran considerados de «dominio privado«, que para su venta no requieren ni audiencia pública ni doble lectura.

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«Además, si hubiera sido de ‘dominio público’, la Ley hubiera necesitado dos tercios de la Cámara. El oficialismo tenía esos votos, pero sabía que después de 2019 cambiaba la composición de la Legislatura y ya no iba a tenerlos para la segunda lectura. El proyecto ingresó en la mañana del 5 de diciembre y se votó a la madrugada, ni los legisladores lo pudieron leer», recordó Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio.

Ya en octubre del año pasado la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario había frenado la venta de los terrenos hasta tanto «recaiga sentencia definitiva o la Legislatura modifique expresamente la situación de dominio del predio», ya que la ley «podría resultar lesiva de los procedimientos constitucionalmente previstos para la desafectación del dominio público».

Ahora, el Juez Fuchi se orientó en el mismo sentido y resolvió la cuestión de fondo del «dominio» al concluir que «la autorización para disponer otorgada por la Ley N° 6.289 no ha cumplido con el trámite legislativo propio de la desafectación de los bienes de dominio público«. Los artículos de la Constitución citados en el fallo son justamente aquellos que estipulan los procesos de doble lectura y audiencia pública.

Aunque la cuestión de fondo aparece resuelta en el fallo, el Ejecutivo porteño está en condiciones de apelar en instancias superiores. «No nos preocupa la Cámara de Apelaciones porque ya falló en octubre en este sentido, el problema será el Tribunal Superior de Justicia que suele resolver en favor del Gobierno«, advirtió en este sentido Baldiviezo.

Primer paso

«Es un fallo que genera ilusión. Era esperable porque fue muy grosera la torpeza con la que Larreta se movió para apurar la venta y a la Justicia no le quedaba otra alternativa que invalidarlo. Sabemos que últimamente el Gobierno porteño no acata los fallos judiciales y lo más probable es que apele, pero de ser así seguiremos el curso judicial», dijo Mariano Recalde, senador nacional del FdT por CABA, que en marzo de este año presentó la campaña de impulso a la Iniciativa Popular para la creación del parque público Diego Armando Maradona en los terrenos en cuestión.

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Por su parte, María Rosa Muiños, legisladora porteña del FdT, coincidió en que «se trata de un muy buen fallo, aunque suponemos que el Gobierno va a apelar, lo cierto es que el juez ha dejado claro que la Ley va en contra de todos los procesos establecidos por la Constitución de la Ciudad».

En tanto, Matías Barroetaveña, también legislador del FdT, subrayó que «no nos podemos quedar con este triunfo, sabemos el poder que tiene el Gobierno en la Justicia. El Ejecutivo va a querer avanzar igual, porque su interés central tiene que ver con los negocios inmobiliarios. Pero en este caso el fallo pone muy visible la situación: a partir de ahora va a ser difícil sostener ante la opinión pública que esos terrenos pueden ser de dominio privado».

«Es para celebrar porque es un primer paso. Conociendo al jefe de Gobierno, que no acata fallos adversos, seguramente esto va a pasar a otra instancia judicial», aseguró Gisela Marziotta, diputada nacional del FdT, que agregó que «eso no va a hacer que detengamos el reclamo. Este tema involucró transversalmente a los vecinos y vecinas, hubo una gran movilización que mostró la necesidad de poner freno a la forma de gobernar de Larreta con la privatización del espacio publico».

Rezonificaciones, concesiones o parques públicos

En paralelo al litigio judicial que derivó en el fallo del juez Fuchi, la Legislatura porteña tiene pendiente el tratamiento en segunda lectura del proyecto de rezonificación de los terrenos que fue aprobado en primera instancia en octubre de 2020 y que estipula la construcción de un barrio náutico con torres de más de 18 metros de altura. 

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«La Ley que ahora fue declarada inconstitucional establecía que el Gobierno recién iba a poder vender los terrenos si se aprobaba la rezonificación. Ahora, esa rezonificación puede seguir su curso en doble lectura porque es independiente de quién es el dueño, ya sea público o privado, pero a nivel político no parece tener sentido si ya no lo pueden vender«, explicó Baldiviezo.

Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, con un récord histórico de 7.053 inscriptos, se desarrollaron 30 jornadas de la audiencia pública destinada a debatir el proyecto aprobado en primera instancia. El resultado fue contundente: el 97,3 por ciento de los expositores se manifestaron en contra de destinar las tierras a negocios inmobiliarios.

«Todo lo que vino pasando es producto de la participación colectiva. Nadie esperaba una audiencia pública de dos meses y la postergación del tratamiento en segunda instancia tuvo que ver con eso: el oficialismo pensaba hacerlo en marzo, pero tras el rechazo masivo lo postergaron», señaló Baldiviezo. En el medio, al no lograr ratificar la venta, el Gobierno prorrogó hasta fin de 2021 la concesión del lugar a Telemetrix, la empresa que está a cargo desde 1988. La fecha indicada para el fin de la concesión era originalmente el próximo viernes 30 de abril.

«Vamos a seguir avanzando hacia lo que creemos que es lo correcto: que las tierras sean públicas«, dijo Marziotta en este sentido. En marzo de este año comenzó la campaña para conseguir las firmas necesarias para obligar a la Legislatura a tratar la Inicativa Popular para la creación de un parque público. Son 40 mil las firmas necesarias y Recalde sostuvo que el fallo judicial «tiene que dar más impulso para seguir juntándolas, para que no solo no se venda sino que se haga público».

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