Analía vivía en un monoambiente de Once desde 2015. Por entonces compartía el alquiler con su mamá, pero falleció. Quedó sola con sus dos hijas pequeñas a cargo. Sin ayuda para cuidarlas, sólo pudo trabajar por horas en tareas de limpieza. La pandemia llegó para complicarlo todo y los pagos del alquiler se atrasaron cada vez más. Tras un juicio y pese a que aún está vigente el decreto que lo prohíbe, la mujer fue desalojada esta semana junto a sus nenas. Una amiga la alojó por unos días, mientras busca adónde ir.

“El drama de Analía es el de cientas familias y personas inquilinas y habitantes de espacios recuperados que, a pesar de estar aún presente la amenaza del COVID, son expulsades de las tierras y viviendas que habitan”, advirtieron desde Consejerías de Vivienda, espacio del que participa la mujer. Luego de que el Gobierno confirmara que no se prorrogará el decreto que congela los alquileres y prohíbe los desalojos en el marco de la emergencia sanitaria, desde las Consejerías advirtieron que el caso de Analía es “un adelanto de lo que será abril”: “No es difícil prever una ola de desalojos, y la imposibilidad de pago de miles de iniqulinxs que llevan acumuladas cuantiosas deudas, dada la falta de trabajo (sobre todo en el sector informal/precarizado) durante la pandemia”.

Analía trabajaba en una empresa de limpieza, en turno noche, mientras su mamá cuidaba a su hija mayor, hoy de once años. En 2019, tras una larga internación por una peritonitis, perdió ese empleo. En agosto, falleció su mamá. “Sin trabajo y sin mi mamá para ayudarme, no pude pagar más el alquiler. Le dije que le iba a juntar la plata, pero era imposible. La plata que tenía era para la comida de las nenas (ya que tampoco recibe la cuota alimentaria de los padres). Me empezó a hacer el juicio de desalojo en febrero de 2020 antes de fin de año llegó la primera carta”, cuenta a Tiempo.

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“Después vino la pandemia y fue peor. Yo laburo por horas en limpieza. No tengo quién me cuide a mis hijas. El ingreso es día a día y con la pandemia no podía trabajar. Menos intentar pagar el alquiler. Ahora me desalojaron con mis dos nenas, de once y dos años. Me llegó una carta certificada el martes pasado y decían que tenía que dejar el departamento el primero de marzo, cuando mis nenas empezaban el colegio”. Analía embaló todo y esperó. El desalojo llegó el martes.

Un día después el Gobierno de la Ciudad le otorgó un subsidio habitacional: siete mil pesos. “Pero con eso no se hace nada. Averiguo hoteles, no aceptan niños la mayoría. Piden un mes de depósito, recibo de sueldo. Se achican las posibilidades”, lamenta. “No me explicaron por qué el desalojo si el decreto todavía está vigente. Si no yo tendría que haber tenido más tiempo para buscar. Estos días que no pude trabajar, ¿cómo hago para pagar un hotel de 15.500 donde me acepten a las nenas? Me han llegado a decir ‘una te aceptamos’. ¿Qué hago con la otra? ¿Las turno y las entro de a una? Llegás a ese punto de reírte de la situación.

Tenemos derecho a una vivienda, algo donde pueda estar a mis hijas y pagar a futuro”, pide.

Analía se acercó a las Consejerías cuando sentía que el abogado no le daba respuesta y los tiempos apremiaban. “Acá se lucha por la vivienda digna y poder tener algo, que nos den la posibilidad. No pedimos que nos regalen nada, que nos den la posibilidad de tener algo que a futuro se pueda pagar. Hay muchas casas cerradas de años que nos podrían servir a los que no tenemos vivienda para no tener que estar mendigando por siete mil pesos y tener que ir a una pieza”.

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