Fue en General Obligado, Santa Fe, en 1887. Indígenas qom de una reducción fueron asesinados por militares. Siempre se dijo que fue en represalia por el crimen de un fraile. Las actas de la parroquia de Las Toscas lo desmienten. Se investiga como delito de lesa humanidad.

General Obligado, norte de Santa Fe, 1887. Una comunidad originaria masacrada. Pasaron 134 años y hoy los descendientes de aquellas víctimas buscan Memoria, Verdad y Justicia en una de las tres causas por delitos de lesa humanidad contra poblaciones indígenas que se están desarrollando en juzgados argentinos. Hubo un avance esta semana, cuando Gendarmería fue a buscar pruebas a la iglesia del actual pueblo de Las Toscas. Detrás hay otra historia, que desmiente el relato oficial construido sobre el suceso durante más de un siglo. Y que pide a gritos ser contada.

La imagen del lunes reflejó una escena inusual para un apacible pueblo santafesino. Efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales ingresaron a la parroquia de Las Toscas, a pocas cuadras del templete Cruz Alta, que recuerda la masacre. El objetivo: asegurar material de prueba que constate el episodio.

La segunda parte de esta historia empezó en febrero de 2019. El antropólogo Fernando Pepe, coordinador del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), llegó a Las Toscas por primera vez en su vida, para mediar en un conflicto entre una comunidad qom y el municipio por unas tierras que, según se constató a partir de restos arqueológicos, poseen ocupación ancestral. Y en la comunidad escuchó la versión habitual de la masacre, transmitida de generación en generación: los indígenas habían asesinado al cura Ermete Constanzi y fueron masacrados en represalia.

“Me interesó el tema, empecé a buscar datos y encontré que la historia estaba al revés”, relata Pepe a Tiempo. “La comunidad es reducida en 1884, en lo que en ese momento era el Gran Chaco, jurisdicción de Manuel Obligado. En 1887, Rudecindo Roca, el primer gobernador de Misiones y hermano de Julio Argentino, manda a pedir una ‘china’ de la comunidad. Los soldados que tenían a su cargo la reducción le llevan por la fuerza a una niña, lo que produce una indignación general. Cuando vuelven los soldados, son emboscados y los indígenas huyen con las armas al monte”.

El hermano de Roca, también propietario de un ingenio azucarero en Santa Ana, envía entonces un grupo de caballería y en la reducción de San Antonio de Obligado hallan a 15 hombres, mujeres y niños que aún permanecían allí, trabajando. “Los encierran en una habitación, los atan, y a la noche los fusilan –continúa Pepe–. Y luego encuentran a un agrimensor que trabajaba en un campo con dos baqueanos indígenas, a quienes también atan, matan y prenden fuego”.

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Según comprobó Pepe, que también es presidente del Colectivo GUIAS (Grupo Universitarios de Investigación en Antropología Social), todo esto figura en las actas de defunción del franciscano Fray Ermete Constanzi, oriundo de Italia, convocado por Obligado para “cristianizar” a los indígenas, forzados a trabajar: “Hoy día once del mes de marzo del año mil ochocientos ochenta y siete, después de la sublevación del día siete, habiendo quedado algunos indios de la tribu de los sublevados (…) después de haberlos atados bien seguro, a las nueve de la noche fueron asesinados por la fuerza militar que guarnecían este punto. Los muertos fueron catorce, a más de una mujer y un chico de poca edad. Fueron enterrados cerca de la proveeduría donde los soldados estaban acuartelados. Doy fe. No fueron los únicos casos”. Ante el Ministerio del Interior y la prensa, el fraile defendió “la inocencia de mis indios”.

Sin embargo, la historia oficial replicó otra versión: la de los indígenas que asesinaron al sacerdote. Así se justificaron las matanzas. Pepe desmitifica y aclara: “El padre incluso trae los restos de indígenas quemados y los entierra. A Ermete, diez años después, lo matan porque siguió reclamando por las comunidades. Era al revés la historia. Por eso, junto con Cintia Chávez, abogada del Colectivo GUIAS, reunimos las investigaciones en una causa, y como querellantes de las comunidades se pidió la acción de resguardo de las pruebas a los fines de lograr un Juicio de la Verdad, en línea con lo que expresó el presidente Alberto Fernández: vamos hacia una reparación histórica de las comunidades”.

Como un primer paso del proceso de reparación histórica, en noviembre de 2019 las comunidades qom del norte santafesino lograron la restitución de los restos del cacique Cruz Polvareda, asesinado en 1866. El cráneo fue enterrado debajo de un quebracho de casi cien años. Y a su alrededor se construyó una plazoleta con murales reivindicatorios de la identidad indígena.

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La historia según Billiken

El general Manuel Obligado fue quien llevó adelante la llamada “conquista” del Chaco que, a fuerza de aniquilación y de sometimiento, permitió transformar un vasto territorio ancestral en latifundios privados. En 1884, siendo gobernador, pidió permiso a las autoridades nacionales para instalar una reducción indígena cerca de la colonia Las Toscas, donde se asentaron más de 400 integrantes de familias de las etnias qom, moqoit y vilelas. Los habitantes de esa reducción fueron, precisamente, los masacrados tres años después.

En septiembre de 2020, el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, recibió a los caciques Luis Pereyra y Rosa Pereyra, de las comunidades qom Anañaxag (Las Toscas) y Dalagay (San Antonio de Obligado). Denunciaron la masacre como delito de lesa humanidad y genocidio. El juez federal Aldo Alurralde tomó la causa para conocer la verdad histórica. Así se llegó a estos días de marzo, en los que se avanzó con una de las acciones solicitadas: salvaguardar el libro de la parroquia Purísima Concepción Villa Ocampo-Chaco, tal como dice la carátula, con testimonios escritos desde 1884 hasta abril de 1898. Como una cautelar prohíbe innovar sobre el ejemplar (no se puede sacarlo ni exhibirlo al público), se tomaron muestras fotográficas y fílmicas, que ya analiza la fiscalía.

Los descendientes de las víctimas consideran que se trata de hechos atroces enmarcados en un ataque sistemático y a gran escala contra su población, alineados con una política estatal que persiguió en última instancia la destrucción de las comunidades indígenas. “Creemos necesario el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el porqué, cuándo y cómo se consumaron los hechos, y saber quiénes son los máximos responsables”, expresa la abogada Chávez, y reclama “que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas”.

“Se trata de una averiguación de la verdad histórica. Las comunidades necesitan saber e indagar cuáles y cómo fueron los hechos, porque son sus raíces. Eso es lo importante de todo esto”, remarca a este diario el juez Alurralde, que también integró el tribunal que abordó la masacre de Margarita Belén, donde también la historia terminó siendo diferente a la que se contaba: “Son pautas culturales dadas de generación en generación hasta que alguien se plantea: ¿pero esto cómo fue? Tenés la historia de Billiken y la historia real. Veo que estamos pobres en historia. Mucha gente de acá no sabe quién fue el general Obligado, y es el que le da nombre al departamento. Lo mismo sucede con La Forestal. Para la historia no hay tiempo, y es necesario conocer nuestras raíces”.

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(Foto: Museo de La Plata)

Genocidios: los fallos de Napalpí y Rincón Bomba

En septiembre de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó un histórico fallo para el pueblo Qom, obligando al Estado nacional a resarcirlo por la Masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924. Además de pagar 375 millones, deberá garantizar la «no repetición del hecho» en el que fueron asesinadas entre 400 y 1500 personas. Es decir, deberá difundirlo en programas educativos en todos los niveles y en cursos de capacitación para funcionarios.

El juicio impulsado por la asociación civil La Matanza se inició en el año 2004 y es inédito en tanto lo lleva adelante un pueblo indígena.

Napalpí fue la mayor masacre de pueblos originarios acaecida en el siglo XX en la Argentina. La policía del Chaco (que aún no era provincia sino territorio) asesinó a hombres, mujeres, niños y ancianos, sumidos en la semiesclavitud de las reducciones, y que pedían mejores condiciones de trabajo en los algodonales y los obrajes. Estaban desarmados, pero igual fueron reprimidos por policías  y terratenientes de la región, que posaron junto al avión desde el cual se ametralló a las comunidades (foto).

Allí la historia oficial habló de un enfrentamiento entre indígenas, pero se trató de un genocidio. Igual que el que sufrió el pueblo Pilagás en Rincón Bomba, el 10 de octubre de 1947, y que también recibió un fallo de resarcimiento dictado en febrero del año pasado. Ambas sentencias están en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La misma Cámara de Apelaciones de Resistencia confirmó la demanda promovida por la Federación de Comunidades Indígenas del pueblo Pilagás, declarando un crimen de lesa humanidad la masacre de sus miembros cometida en Formosa por efectivos de la Gendarmería Nacional y la Fuerza Aérea, y ordenando una reparación colectiva. La sentencia de primera instancia había llegado a la Cámara tras ser apelada por el Estado nacional durante el gobierno del expresidente Macri.

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