Un hombre que fue detenido por un supuesto caso de violencia de género, pese a que su pareja no había instado a la acción penal ni lo había denunciado, terminó muerto en una celda de una comisaría de la Policía de la Ciudad, ahorcado con su propio calzoncillo.
El caso, que está a cargo de la jueza Vanesa Peluffo y el fiscal Marcelo Romá, ocurrió en la madrugada del 6 de marzo pasado cuando la víctima, un heladero uruguayo de 35 años de edad, fue hallado sin vida, colgado del tragaluz de su celda, en la Comisaría Vecinal 9C, de la ciudad de Buenos Aires.
Daniel Giovanni Yacquez Rodríguez, quien padecía un problema de adicción a drogas ilegales, había mantenido la noche anterior una discusión con su pareja, y los vecinos dieron alerta a la policía.
Cuando los uniformados llegaron al lugar, la pareja de la víctima les explicó que se había tratado de una discusión “por celos” y que no había pasado a mayores, pero el fiscal Penal y Contravencional porteño Matías Michenzi dispuso que se inspeccionara el lugar de los hechos.
Allí, la policía encontró algunos muebles rotos y escenas de desorden, por lo que la fiscalía dispuso la detención por “daño en contexto de violencia de género”.
Según explicaron los policías que lo detuvieron, en el interior del patrullero Yacquez Rodríguez, esposado, golpeó su cabeza contra una ventanilla, tras lo cual, pese a estar consciente, «no respondía a estímulo alguno».
Finalmente, tras los exámenes médicos de rigor, quedó alojado a las 23.25 en una celda individual, con puerta ciega y una pequeña ventana de ventilación, en la Comisaría.
Durante la madrugada conversó brevemente con sus carceleros, pero a las 8, cuando fueron a llevarle el desayuno, estaba colgado y sin vida. La autopsia determinó que falleció por “asfixia por compresión externa”, en principio compatible con la posibilidad de un suicidio.
No obstante, en los pasillos que conducen a los calabozos no hay cámaras de seguridad, y en el interior de las celdas tampoco, por lo que no se pudo determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió.
La causa, caratulada en principio como “averiguación suicidio”, quedó registrada con el número 679/2021, del fuero penal de instrucción de la Justicia Nacional.
La abogada de la familia de la víctima, María del Carmen Verdú –titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)- pidió el apartamiento de “toda intervención en el trámite a la Policía de la Ciudad”.
Pese a que el hecho ocurrió en una comisaría de esa fuerza, el sumario estaba a cargo de sus efectivos.
