Entidades de usuarios rechazan cualquier aumento

Este lunes arrancan las audiencias públicas para definir aumentos de transición en gas y electricidad. Asociaciones de usuarios y consumidores reclaman que las tarifas sigan congeladas todo el año. Para que eso sea posible, el Gobierno debería subir los subsidios, generando presión sobre las cuentas fiscales. 
Más de la mitad de los argentinos no está en condiciones de soportar ningún aumento en las tarifas de gas, electricidad y agua. Con un índice de pobreza del 40 por ciento, la desocupación en dos dígitos y miles de comercios y empresas sumergidos por la pandemia, cualquier incremento en esos servicios resulta imposible de asimilar. De por sí, alrededor del 20 por ciento de los usuarios mantiene deudas con las prestadoras, por lo cual antes que asumir boletas más caras su necesidad es que el Estado intervenga para resolver esa situación con una generosa moratoria y librarse del acoso de las empresas, que los entes de control están haciendo un buen esfuerzo por neutralizar, aunque los conflictos continúan.Para las asociaciones de usuarios y consumidores, el Gobierno debería extender el congelamiento de tarifas hasta fin de año. “La Comisión de Usuarios tiene expectativas favorables para que el año 2021 permita la superación de las consecuencias derivadas de la pandemia, pero está convencida de que un aumento de las tarifas de los servicios públicos no contribuirá en dicho objetivo, sino que por el contrario influirá directamente en los ingresos de los usuarios e indirectamente en el aumento de todos los precios de la economía, agravando la situación de millones de argentinos que se encuentran en mora en el pago de las facturas y sobreendeudados”, alertaron treinta entidades de todo el país en un comunicado conjunto que fijó posición de cara a las audiencias públicas sobre la cuestión tarifaria que arrancarán este lunes y se extenderán hasta fin de mes.

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Las asociaciones de usuarios y la multisectorial que reúne a otras entidades en todas las provincias promueven una amplia participación en las audiencias para intentar frenar los aumentos. En la del próximo martes, convocada por el Enargas, que se hará de manera virtual por los resguardos contra el coronavirus, ya hay inscriptos más de 200 expositores. El interventor de ese organismo, Federico Bernal, celebró la adhesión y mencionó que es la más importante desde 2016.

El funcionario recordó que la audiencia pública no es vinculante, es decir que las opiniones mayoritarias no necesariamente se trasladarán a lo que se haga con las tarifas. Pero Bernal sostuvo, en línea con la estrategia de las entidades de usuarios, que “será importante escuchar a la ciudadanía para que no se repita lo que pasó en el gobierno anterior, que muchos usuarios tenían que elegir entre comer y pagar los servicios”.

Alberto Fernández utilizó el mismo criterio el año pasado para congelar las tarifas, en línea con las demás medidas para amortiguar el impacto de la pandemia. Además, ordenó dar de baja el esquema de aumentos establecido por el macrismo, que de haberse aplicado hubiera gatillado incrementos mayores al 200 por ciento entre 2020 y 2021 en el gas y la electricidad. Junto con ello, dispuso que deberá discutirse un nuevo cuadro tarifario integral, que tendrá que estar resuelto el año que viene. Mientras tanto, habilitó revisiones transitorias, que son las que se discutirán desde la próxima semana.

El Gobierno también definió que buscará segmentar las tarifas según la capacidad económica y de pago de cada familia y usuario. Es una solución de carácter estructural, con vocación distributiva, a fin de que los sectores con mayores ingresos y patrimonios asuman costos más altos que el resto de la sociedad. Para eso se utilizarán bases de datos de Anses, AFIP, tarjetas de crédito y viajes, entre otros parámetros.

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Sin embargo, esa tarea no estará lista para este año, con lo cual queda expuesto el dilema planteado al principio: si hay subas generalizadas, más de la mitad de los usuarios no podrán pagar. Si no hay aumentos, el Gobierno tendrá que elevar los subsidios a las empresas, lo cual implica más presión sobre las cuentas fiscales, la emisión y el endeudamiento. Son todas cuestiones que juegan en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y que conspiran contra el ordenamiento macroeconómico que persigue el ministro Martín Guzmán, a su vez indispensable para promover el crecimiento en un marco de estabilidad.

En ese laberinto, una salida posible sería rechazar la pretensión de aumentos de las empresas, que ya obtuvieron subas siderales, arriba del 2000 por ciento, en los años que gobernó Juntos por el Cambio. Sin embargo, los funcionarios sostienen que para cubrir los costos de operación e inversiones reclamadas a las compañías, es necesario concederles algún tipo de actualización tarifaria.

El esquema con el que trabaja el Gobierno es aplicar aumentos en línea con el índice salarial. Para las subas de tarifas que llegarán en mayo y junio, el porcentaje sería de un dígito. Se menciona que los incrementos serán del 9 por ciento, generalizados, con una tarifa social que buscaría ampliarse respecto de la situación que se heredó del macrismo. En esos años, de 1,7 millones de usuarios alcanzados se retrocedió a 1 millón.

En el caso del gas, otra cuestión a resolver es quién pagará el aumento otorgado a las petroleras en el Plan Gas, con contratos en dólares a cuatro años que buscan incrementar la producción. La Secretaría de Energía convocó a una audiencia pública específica supuestamente para fijar el costo del gas, pero según el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) ese valor ya fue definido en el Plan Gas y ahora solo queda determinar cómo se repartirá el sobrecosto entre el Tesoro y los usuarios.

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En los documentos que presentó para la audiencia pública, que será la primera y se desarrollará este lunes, la Secretaría de Energía sugirió que la diferencia a cubrir por los usuarios es del 27 al 35 por ciento, la mitad de lo cual se trasladaría a las tarifas. Es decir, de arranque la boleta de gas aumentaría entre 13 y 17 puntos, si es que el Estado descarga ese costo en los usuarios.

A eso se sumaría lo que se disponga tras la segunda audiencia, la que convoca el Enargas para el día siguiente, que remunera a distribuidoras y transportistas. Para esas compañías es que se autorizaría una suba del 9 por ciento. En ese caso, el incremento final ya no sería de un dígito sino que podría ubicarse entre el 22 y el 26 por ciento, sumando la porción de incremento para las productoras de gas, que surge del Plan Gas, y las distribuidoras y transportistas. Es un ajuste que las entidades de usuarios y consumidores rechazan de plano.

La alternativa para que el incremento sea más bajo o no haya subas es elevar los subsidios. El Gobierno deberá tomar una decisión que en cualquier caso entraña costos. Desde la posición de los usuarios, más de la mitad no está en condiciones de asumirlos.

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