Tras el decreto presidencial que lo habilitó

Respaldado por un decreto del Poder Ejecutivo, el camarista Eduardo Farah volvió a la Cámara Federal de Comodoro Py, un tribunal que tuvo un papel central en la utilización de causas judiciales para incidir en la vida política, algo que se hizo notorio durante el gobierno de Mauricio Macri. Farah había sido trasladado en 2018, primero al Tribunal en lo Penal Económico 1 y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. El mismo había pedido aquel cambio y el año pasado planteó ante el Consejo de la Magistratura que quería regresar a su lugar de origen. Para eso invocó el fallo de la Corte Suprema que, ante el reclamo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, sostuvo que los traslados no son definitivos y que para acceder a un cargo específico se debe pasar por un concurso y obtener acuerdo del Senado. Con esta reincorporación se empieza a mover el tablero interno en la Cámara, algo que repercute en los tribunales de Retiro.

Farah había concursado para la Cámara Federal donde fue designado en 2008, y por eso se aferró a lo que dijo la Corte respecto de los traslados para poder volver. Es integrante de la Sala II, en la que le toca compartir decisiones con el presidente de ese tribunal, Martín Irurzun, a quien le debe el nombre la doctrina que permitió llevar a la cárcel a decenas de ex funcionarios del kirchnerismo, y que dejó de operar con el ocaso del macrismo.

Queda una vacante junto a ellos, que tiene posibilidades de ser ocupada por el constitucionalista Roberto Boico, cuyo pliego estaría por ser enviado por el Gobierno al Senado. Quienes, en especial en la oposición y sus medios afines, naturalizan la idea de que los/as jueces/zas que son designados por determinado gobierno le deben lealtad, dan por sentado que no será una sala amenazante para el actual gobierno. Es una forma de anticiparse ante causas en las que interviene, y que sí afectan a exfuncionarios de Cambiemos. En la Sala I, el único integrante fijo es Mariano Llorens, y Bruglia y Bertuzzi permanecen hasta que termine el concurso para los cargos que ocupan por traslado.

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Para habilitar el regreso de Farah, el decreto del Poder Ejecutivo dejó sin efecto los otros dos que habían determinado sus traslados anteriores. El año pasado, cuando le tocó ir a una audiencia ante el Senado, que precisamente revisaba esas designaciones, Farah dijo que había pedido irse de la Cámara Federal durante el gobierno de Macri, porque era presionado y amenazado después de haber revocado la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, en la causa conocida como “Oil Combustibles”. La decisión judicial había merecido una célebre frase del expresidente: “no era lo acordado”.

Todavía no está claro si Farah seguirá interviniendo en juicios orales en trámite en el TOF de San Martín, como el de los «vuelos de la muerte». Lo analizan sus colegas, pero él ya habría comentado que no continuaría, un criterio que al parecer comparten las partes.

El protagonismo que pueda tener la Cámara Federal en este tiempo está más ligado a causas contra exfuncionarios del macrismo que otra cosa. Hasta ahora no se vio que el tribunal le imprima la misma premura para avanzar en esas investigaciones que puso a las causas que implican al kirchnerismo. Tampoco han tomado grandes definiciones, sino decisiones que parecen estirar los tiempos. 

La Sala II donde volvió Farah tiene la causa donde se investiga el negociado para la concesión de la Panamericana y el Acceso Oeste a Autopistas del Sol, en tiempos en que el grupo Macri era una de sus accionistas (la cámara revocó procesamientos, que la jueza María Eugenia Capuchetti podría volver a dictar, y la Cámara tendrá que intervenir). También interviene en el expediente donde se investiga el armado de una causa contra los dueños del grupo Indalo y las presiones sobre ellos. Pasa por esta sala además la causa de la llamada “mesa judicial” del gobierno de Macri, donde están señalados también el ex jefe de gabinete Marcos Peña, Gustavo Arribas, Germán Garavano, Pablo Clusellas, sospechosos de incidir en el armado de causas. El caso del Correo, donde se están por cumplir dos años de la indagatoria de Oscar Aguad sin resolución.Parte de la causa Odebrecht, que involucra a exfuncionarios y al primo de Macri, Angelo Calcaterra; y una parte remanente del caso Ciccone, entre otros temas.

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Farah tiene una relación de amistad de muchos años con Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación, pero sobre todo un famoso operador judicial aliado, tiempo atrás, de Antonio Horacio Stiuso, exjefe de operaciones de la Side. Hay quienes creen en tribunales que Fernández volvió a estar entre bambalinas. De todos modos, si en algo se ha avanzado mientras la reforma judicial espera, es en que la Agencia Federal de Inteligencia dejó de ser –por disposiciones de la intervención de Cristina Caamaño– una pata en la que se apoyan los jueces/zas federales. Habrá que ver si la Cámara Federal mantiene o cambia su vieja lógica “tiempista” que se acopla a los vientos políticos.

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