Si optan por no hacerlo deberán retirar el trámite
La Anses pasó a pagar las jubilaciones de 5000 miembros del Poder Judicial y Ministerio Público (fiscal y de la defensa). En ese contexto, para organizar el sistema firmó algunas disposiciones, entre ellas la de exigir que quien quiera iniciar el trámite para jubilarse primero tiene que renunciar. La resolución, con fecha 8 de febrero, dice: «Las presentaciones en demanda de un beneficio formuladas por los Magistrados y Funcionarios que ejercieran los cargos comprendidos en el artículo 8 de la ley 24-018 y sus modificatorias podrán iniciarse una vez que se haya presentado formalmente la renuncia al cargo y esta se encuentre en proceso de aceptación (…) Al momento de presentar el cese definitivo en las tareas, se procederá a determinar el derecho a la presentación y la liquidación y otorgamiento del beneficio (…) En los trámites que se hubiera iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia».
Frente a las interpretaciones que consideran la decisión de la Anses como un «apriete» sobre la (mal llamada) justicia, en el organismo recuerdan que las 220 personas intimadas iniciaron el trámite por decisión propia y lo que se está haciendo es implementar la reglamentación de la nueva ley. Comparan: los jubilados/as de a pie, no inician el trámite con antelación sino solo en el momento que deciden jubilarse.
La lista de los 220 nombres que recibirán la carta documento (que habían completado la mayor parte del trámite para jubilarse menos el cese) abarca a una jueza de la Corte, Highton de Nolasco, que se quedó en el tribunal con un amparo después de cumplir 75 años, justo antes de que sus colegas supremas dijeron en un fallo que esa es la edad tope. Highton gana, como la mayoría de los supremos, cerca de 1 millón de pesos por mes y, a diferencia del resto de los jueces y juezas los del máximo tribunal se jubilan con el 100 por ciento del salario. En la nómina hay 5 integrantes de la Cámara de Casación: Eduardo Riggi, Carlos Mahiques, Liliana Catucci, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci. En tribunales dan por hecho que Gustavo Hornos habría iniciado el trámite, lo mismo que el fiscal ante ese tribunal Raúl Pleé. En Casación (que tiene 13 cargos) los sueldos oscilan entre 600.000 y 740.000 pesos. La jubilación es el 82 por ciento móvil.
De la Cámara Federal, los destinatarios de la nota de la Anses son el presidente Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Este último es uno de los jueces que integra ese tribunal por el mecanismo de traslado que utilizó el gobierno de Mauricio Macri, pero debería dejar el cargo cuando termine el concurso porque no se presentó para rendir examen. Irurzun hoy cobra 682.000 pesos y su colega 642.000. De Comodoro Py aparecen otros nombres conocidos, como el de la jueza federal con competencia electoral María Servini y el fiscal, también electoral Jorge Di Lello, y el célebre Carlos Stornelli que inició también los trámites. Hay camaristas de todos los fueros, entre ellos Ricardo Recondo, camarista civil que también es consejero de la Magistratura, Gustavo Bruzzone y Héctor Magariños, de la Casación nacional, Alberto Seijas y Marcelo Lucini de la Cámara del Crimen, Jorge Morán, del fuero contencioso administrativo, están las dos camaristas del caso del concuro de acreedores del Correo Argentino, Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y la jueza de primera instancia de ese expediente, Marta Cirulli.
Las quejas bombardearon todo el día al Consejo de la Magistratura y la Asociación que nuclea a magisrtrados/as tuvo una primera reunión y este jueves hará otra para definir, como suele hacer ante decisiones que les podrían ser desfavorables, una estrategia de judicialización, que ya habían intentado cuando salió la ley que modificó el régimen de privilegio.