El Enacom había permitido subas de hasta el 5%, pero Cablevisión-Fibertel ya aplicó una suba del 20% y apuesta a un guiño judicial para desoir las medidas oficiales.
Con 2021 llegó el descongelamiento de los precios por los servicios de internet, telefonía y tv paga, pero para evitar que se disparen las facturas, el Enacom estableció un límite del 5% de aumento para los cobros de las primeros meses del año. A pesar de esto, tanto en enero como en febrero, la empresa Cablevisión-Fibertel, del Grupo Clarín, aplicó subas del 20% y se niega a devolver lo cobrado de más. “Lo que aquí se pone en juego es la esencia del sistema democrático: quién gobierna el país, si el sistema democrático o una corporación económica”, escribió Gustavo López, vicepresidente del Enacom, en una carta.
La excusa de la empresa es que el aumento autorizado por el gobierno es “insuficiente” y ese es el discurso que repiten sus operadores cada vez que un usuario o una usuaria intenta hacer el reclamo por las distintas vías disponibles. En enero, la respuesta había sido que el departamente de legales estaba evaluando la situación y que en caso de corresponder una devolución, se haría en la siguiente factura. En cambio, con la emisión de las facturas de febrero, esa respuesta cambió: la empresa se muestra intransigente en la devolución por el aumento fuera de la ley y se escuda en que durante la pandemia (y el crecimiento del teletrabajo), los gastos de la empresa aumentaron más de lo esperado.
La primera respuesta contra el Grupo Clarín llegó desde Mar del Plata. Allí, el juzgado Civil y Comercial número 10 le ordenó devolver los importes cobrados por encima de los aumentos autorizados. “Cablevisión te tiene que reintegrar lo cobrado de más en enero y tiene que refacturarte febrero, sin aumento (sólo el 5%) y devolviéndote lo mal habido. Desde el Enacom te acompañamos, obligaremos a cumplir la ley y vamos a aplicar las sanciones que correspondan”, responde López en Twitter cada vez que le preguntan al respecto y en la carta pública explicó mejor la situación: “Se tomarán las medidas legales correspondientes para hacer cumplir las resoluciones vigentes y aplicar las sanciones que correspondan a través de un sumario”.
Además, en medio de todo esto está la disputa por la aplicación de la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU), que beneficia a millones de argentinos y de argentinas para evitar su desconexión en estos tiempos. López recordó que ningún intento judicial de frenar la PBU prosperó como habían pretendido las distintas empresas, y que con esa lógica no debería cambiar la situación con la autorización de un aumento menor al requerido por las prestadoras de servicio. A pesar de esto, el Grupo Clarín, a través de Telecom, presentó una medida cautelar que se tramita en el juzgado Contensioso Administrativo Federal número 10. “El juez de feria sólo tiene el expediente en la segunda quincena de enero y está en sus manos ratificar la ley vigente, ratificar la PBU, determinar (como ya se resolvió) que devuelvan el dinero mal cobrado o, como pasó en otras oportunidades, dejar a millones de personas a merced de los intereses económicos de una empresa, sin PBU y al aumento antojadizo que pretendan”.
Por su parte, fuentes de la empresa Telecom aseguraron: «El aumento informado oportunamente se mantiene vigente. La Cámara que representa a las empresas del sector, ATVC ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas. Cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes».
