No tratará en el receso los recursos que interpuso contra su procesamiento
La Sala II es la que interviene en el D’Alessiogate, aunque con una conformación variada, que da cuenta de que la causa es una verdadera papa caliente para el Poder Judicial y sus alrededores. La primera baja de la Sala fue la del camarista Alejandro Slokar, a quien la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió quiso sacar con un argumento sorprendente: tres años antes de que se iniciara la investigación sobre D’Alessio y compañía ella había denunciado al juez. Carrió tuvo suerte y terminaron corriendo a Slokar. El lugar de Slokar lo tomó Daniel Petrone, que se excusó por su amistad con el exministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, que no sólo buscó apartar a Ramos Padilla de la investigación, sino que también promovió su juicio político. Así llegó a la causa Javier Carbajo, pero el festival de reemplazos no terminó allí. Al juez Carlos Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal, lo recusaron los abogados de Juan Ignacio Bidone porque el entonces fiscal de Mercedes habría actuado en 1999 en una causa contra los hijos del camarista. Mahiques aclaró que el caso terminó sobreseído, pero dijo que le causaba violencia moral y se autoexcluyó, con lo que terminó cediéndole paso a Eduardo Riggi.
La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el 11 de diciembre pasado el procesamiento contra Stornelli, aunque mejoró en mucho su situación al dejar firmes sólo dos de los casos por los que se lo acusa por haber actuado en tándem con D’Alessio: haber arreglado una cámara oculta para perjudicar al abogado José Manuel Ubeira y haber urdido maniobras contra Jorge Castañón, el exmarido de la actual pareja de Stornelli. La Cámara, por ejemplo, no acreditó su responsabilidad en los aprietes al empresario agropecuario Pedro Etchebest, que fue la denuncia que dio origen a la causa. Todo ello será materia de análisis por parte de la Casación.
Los camaristas marplatenses se tomaron más de once meses en analizar el procesamiento de Stornelli, pero el 5 de enero pasado habilitaron de “manera excepcional” la instancia casatoria pedida por la defensa del fiscal y sostuvieron que se está ante un caso de gravedad institucional para hacer que el tema llegue al máximo tribunal penal del país. “En el marco de esta causa se debaten cuestiones que, por sus efectos y connotaciones sociales, efectivamente pueden suscitar una situación de gravedad institucional en el sentido de que todo aquello que se ha resuelto puede poseer aptitud, por sus efectos, de exceder el mero interés de las partes, para afectar de modo directo a la comunidad”, escribieron los jueces Bernardo Daniel Bibel y Eduardo Pablo Jiménez. El tercer integrante del tribunal, Alejandro Tazza, no firmó por estar de feria.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que procesó a Stornelli en diciembre de 2019, continúa con la investigación sobre la actividad delictiva de la banda de D’Alessio. El viernes pasado, Ramos Padilla suspendió sus vacaciones para indagar a Aldo Eduardo Sánchez, un hombre extraditado desde Panamá que intervenía con D’Alessio en una trama para el lavado de activos. Sánchez se negó a declarar, pero el juez ya estaría en condiciones de resolver su situación procesal.
En paralelo con esa investigación, Ramos Padilla avanza con la pesquisa sobre las bases que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegó en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017 en lo que se conoció como el «Proyecto AMBA». Para la primera semana de febrero tiene citados a tres exfuncionarios de la AFI que oficiaron de coordinadores entre las bases y el responsable del Proyecto, el abogado Pablo Pinamonti, un viejo conocido del fiscal Stornelli. Además, quiere indagar a quien fue el primer encargado de la «base AMBA» en Bahía Blanca, que fue una de las nueve delegaciones de la exSIDE que estuvieron al servicio del espionaje político durante el macrismo, según reconstruyó el juzgado federal de Dolores. El exdirector general de la AFI Gustavo Arribas quiere que esa causa, por la que ya está procesado junto con Silvia Majdalani, pase a Comodoro Py, un territorio más amigable para el macrismo. Contó con el aval del camarista Martín Irurzun, que el 30 de diciembre pasado le ordenó al juez Ariel Lijo que le reclame la causa a Ramos Padilla.
