Acusado por violación, lo investigan también por trata laboral y facilitación de la prostitución y tiene una condena por exhibiciones obscenas

Claudio Alberto Tinari, el empresario oriundo de Morón detenido en Pinamar por abuso sexual de una de sus empleadas, está investigado también por “promoción y facilitación de la prostitución”, por “trata laboral” y tiene una condena previa por “exhibiciones obscenas”. Tinari fue denunciado por sus 12 empleados –chicas y chicos muy jóvenes–, a los que maltrataba y dejaba encerrados en una casa, luego de la jornada laboral de 12 horas. A las mujeres les ofrecía dinero en dólares para tener sexo con él o para participar en “fiestas clandestinas” en el balneario de Cariló.

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, de quien dependen las dos fiscalías que investigan en causas paralelas al empresario, confirmó que la denuncia de “abuso sexual con acceso carnal” se hizo el 6 de enero, en relación con hechos ocurridos el 22 de diciembre. La víctima dijo que no se presentó antes “por temor” al hombre que la había violado. Escoda informó que se hizo “una pericia médica en la que se constataron lesiones en la región vaginal compatibles con la violación que la joven describe”, motivo por el cual “se pidió y se hizo efectiva la detención” del imputado, quien tenía a su cargo el restaurante de un balneario de Pinamar, en el que trabajaban las 12 personas que lo denunciaron.

Al mismo tiempo “se empezaron a reunir otros elementos sobre la posible comisión de otros delitos relacionados con la promoción y la facilitación de la prostitución”. Escoda precisó que esa investigación “se basa en las declaraciones de la misma víctima (de violación) y de otros testigos, que más allá de los malos tratos a los 12 empleados del restaurante”, revelaron otros hechos de gravedad. En un audio, que fue incorporado a la causa, Tinari los amenazaba: “Si querés a Dios tenés a Dios, si querés al Diablo, tenés al Diablo”.

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“Los empleados trabajaban desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche y luego quedaban encerrados en una casa que el empresario había alquilado”, dijo el fiscal general. Lo que ocurría es que “cuando el empresario se iba, cerraba la puerta con llave y quedaban encerrados, lo que indica la posible comisión del delito de trata laboral”. Los y las empleadxs son “muy jóvenes, de 18 años, a los que reclutaba desde el interior del país y desde el conurbano” bonaerense, mediante avisos en los que les ofrecía trabajo.

En el caso de las chicas, Tinari “también les ofrecía dinero para que se prostituyeran: los testimonios en la causa señalan que les decía ‘te doy plata si vas a Cariló a una fiesta clandestina’”. Escoda señaló que en la causa “está probado, al menos por el momento, cómo los trataba. Hay audios en los que se escuchan constantes insultos, pero además las chicas denunciaron que él las tocaba y les ofrecía dinero en dólares para que tengan relaciones” sexuales. Explicó que por ahora, el empresario “está detenido en la causa por violación, pero hay otra causa a cargo de una fiscalía específica, respecto de las denuncias por promoción y facilitación de la prostitución, en la que también se está analizando la posibilidad de solicitar su detención, también por esas denuncias”.

La detención de Claudio Alberto Tinari se produjo en la causa por abuso sexual, que está a cargo de Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pinamar. En ese expediente se busca un IPhone que habría sido arrojado al mar por el imputado, con la intención de ocultar pruebas en su contra y la posibilidad de encontrar datos sobre posible complicidades relacionadas con la trata de personas.

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Ese sería el celular personal del empresario y no fue hallado en los tres allanamientos que se hicieron, en distintas casas, para tratar de encontrarlo. Sólo se hallaron dos computadoras y un celular Motorola, que no sería el personal. Se estima que en la causa por violación habría pruebas suficiencias como para dictarle la prisión preventiva. El empresario se negó a prestar declaración indagatoria cuando concurrió a la fiscalía.

La causa por “promoción y facilitación de la prostitución” está a cargo del fiscal de General Madariaga Walter Mercuri, especializado en violencia de género. Se investigan las computadoras personales del empresario, en busca de información sobre los “contactos” a los que ofrecía “favores sexuales” de sus empleadas.

Se analizan otros elementos aportados, por e-mail, por los 12 empleados a los que mantenía bajo encierro en la casa alquilada, ubicada en avenida Enrique Shaw al 3000, en Pinamar.

Aportaron audios que confirman el maltrato cotidiano que recibían de parte de Tinari. Estos son algunos de los gritos y amenazas que recibían a diario, sobre todo luego que le comunicaron su decisión de dejar de trabajar para él:

“No estoy contento con la decisión que tomaron. Me siento súper herido, porque les dí todo sin conocerlos y que me digan ahora que se van a Mendoza después de haber demostrado quiénes eran y todo. Igual yo tengo un plan B, un plan C, tengo tres equipos de cocina armados por si ustedes se van. No soy un boludo, soy un empresario.

“Está re mal lo que hicieron, eso no se le hace a nadie. Todo lo que se hace mal en esta vida acordate que siempre se paga.

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“Si no me devuelven toda la ropa que yo di, el XL ese que le di a la gorda esa deformada (sic), los gorros, la ropa, que me deben y no me pagan lo que me tienen que pagar, los voy a buscar por todo Pinamar.

“Y esto no es un amenaza, es una advertencia que no van a poder trabajar en ningún hotel (…) porque acá hay otra historia, esto no es una amenaza, esto es poder político

“Los empleados salen de abajo de la tierra, nadie es imprescindible acá. Y si tu barman se quiere ir, que me chupe la (…) Barman salen de abajo de la tierra. Tu barman es un inútil, tengo mil.

“Acá yo soy bueno, soy bueno, pero si soy malo soy recontra malo. Si vos querés a Dios, tenés a Dios. Si querés al Diablo, tenés al Diablo”, era la frase final, a los gritos, del empresario, que según confirmó el fiscal Escoda, tenía una condena en Morón por “exhibiciones obscenas”. Escoda dijo que no tienen información si la condena “implicó una detención o si fue una condena en suspenso”, sin aplicación efectiva.

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