En el paraje «El Quebracho» todavía recuerdan cuando la poderosa familia terrateniente los dejó sin escuela.
El 28 de junio de 2007, unas 500 personas se movilizaron hasta el acceso a Santa Elena, municipio del departamento La Paz, para repudiar la venta “a precio vil” de unas 70 hectáreas donde funcionaba la Escuela Agrotécnica N° 151 del paraje “El Quebracho”. En el único registro fílmico que hay de aquella protesta, grabado por el entonces estudiante de Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Mario “Manteka” Martínez, se lo ve al director del establecimiento, Ángel Ríos, denunciar que la escuela y hasta el pozo de agua “van a quedar para Etchevehere (por Félix, padre de Dolores y los tres varones) porque él se está quedando con las mejores tierras”.
En 1993, el frigorífico Santa Elena, que había impuesto su nombre al pueblo, cerró para siempre, luego de varias privatizaciones y una fallida intervención estatal. En 2004, el gobernador Jorge Busti liquidó los bienes de la empresa, incluidas las tierras. Los Etchevehere, a través de Las Margaritas S.A. (firma denunciada en la justicia por presunto vaciamiento patrimonial) compraron algo más de 300 hectáreas que pertenecían al frigorífico, pagando solo el 10% de su valor real. Uno de esos lotes, donde funcionaba la Escuela Agrotécnica, estaba arrendado hasta el año 2010, pero eso no le impidió a una de las familias terratenientes más poderosas de la provincia usurpar lo ajeno.
Según detalló el portal Valor Local, en julio de 2007 José María Morcillo, quien junto a Pío Tomás Tyrrel habían arrendado casi 70 hectáreas de campo a la Escuela Agrotécnica, fue a controlar los cultivos de lino que había sembrado, pero se encontró con candados y hombres empuñando escopetas.
Morcillo denunció a los Etchevehere por usurpación y pidió una compensación económica. La justicia procesó tanto a Félix, entonces director de El Diario de Paraná y conocido como “Zahorí”, como a su hijo Juan Diego, extitular del ENACOM durante el gobierno de Macri y del Consejo Empresario de Entre Ríos. El patriarca logró evitar la cárcel gracias a una probation que no llegó a realizar por su muerte en 2009, y Juan Diego fue sobreseído en 2014 por cumplimiento del plazo. De todas formas, la familia no pudo eludir el pago de unos 360 mil pesos como indemnización.
En junio de este año, la Sala III en lo Civil y Comercial de Paraná confirmó aquel fallo de primera instancia que había procesado penalmente a los herederos varones de Etchevehere por los delitos de usurpación y daño, las mismas figuras que, casualmente, lograron espantarlos en los últimos días.
