El oficialismo de la citada Cámara consiguió dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que redistribuye los fondos coparticipables entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, que podría ser debatido por el plenario del cuerpo la próxima semana.

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió este viernes dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que redistribuye los fondos coparticipables entre la Ciudad de Buebos Aires y el Gobierno nacional, que podría ser debatido por el plenario del cuerpo la próxima semana.

Tras seis horas de debate en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, el Frente de Todos obtuvo mayoría de firmas con el respaldo del interbloques Unidad Federal para el Desarrollo, que se expresó a través del Frente para la Concordia misionero.

Juntos por el Cambio, en tanto, expresó su rechazó al texto que el pasado 2 de octubre había sancionado el Senado; mientras que los integrantes del interbloque Federal no participaron de la reunión.

En el inicio de la reunión, el presidente de la primera de las comisiones, Pablo González (Frente de Todos) anticipó la intención de esa bancada de firmar el dictamen esta misma tarde en base al texto sancionado por el Senado el 2 de octubre.

Esa propuesta motivó la reacción del vicepresidente de la comisión, el radical Gustavo Menna, quien le solicitó que «el debate se realice con más tiempo» y que «se invite a exponer al Jefe de Gabinete, al ministro del Interior y al de Economía»Santiago CafieroEduardo De Pedro Martín Guzmán, respectivamente.

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González respondió: «Muy lejos está lo nuestro del tratamiento que le dio el gobierno de Juntos por el Cambio en 2016 – a través de un decreto del presidente Mauricio Macri-, arbitrario e intempestivo».

“De ninguna manera se trata de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires, sino tratar de ordenar y readecuar el correcto cálculo de los gastos que determina la transferencia de servicios y seguridad a la ciudad”, agregó sobre la cuestión de fondo.

La diputada del Frente de Todos y ex gobernadora catamarqueña Lucia Corpacci también defendió la iniciativa al señalar que “la Ciudad de Buenos Aires tiene que ceder algo de lo que le está sobrando para redistribuir en otros distritos que la están pasando mal, y mucho más en el contexto sanitario que estamos viviendo”

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), argumentó que se trata de “corregir un exceso en el valor de las competencias transferidas, ya que la gestión anterior por decreto, prácticamente lo triplicó”.

Por el radicalismo, el ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra aseguró que “en medio de una pandemia y una emergencia sanitaria, al operador de la mayor cantidad de hospitales se le da un manotazo por la espalda», tras precisar que «en la ciudad hay 34 hospitales destinados en un 40 por ciento a atender a gente del Gran Buenos Aires, al lugar donde había mayor cantidad de casos».

“En esa circunstancia la Ciudad en medio de la pandemia empezó a perder millones de pesos todos los días. Es algo perverso lo que hicieron al quitar los recursos, polarizar y dividir de esa manera. Los recursos que se quitan equivalen a 11 meses de salarios del personal de la salud de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

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Silvia Lospennato, del PRO, lamentó: “En este debate se está violando la Constitución Nacional; en el marco de un relato en el que se ataca al federalismo, aunque deben saber los que apoyan este proyecto que mañana le puede pasar a otras provincias”.

El proyecto impulsado por el oficialismo contempla la aprobación de un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía fijando ese monto en unos 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses.

Ese monto fue acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno nacional de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en enero 2016.

La iniciativa establece que ese monto será actualizado de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

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