Juana Mamani denunció un entramado político, judicial y policial para despojar a la Comunidad Tusca Pacha de sus territorios ancestrales en Palpalá, para llevar adelante un negociado inmobiliario.

Como puede, la comunidad de Tusca Pacha en Palpalá, se repone del violento desalojo de parte de su territorio llevado hoy temprano por la policía de Jujuy, en donde cuatro militantes de Vía Campesina fueron detenidos y al menos siete personas resultaron heridas, incluido un nene de 11 años.

“Nosotros vivimos en este lugar y antes que nosotros estuvieron los abuelos de nuestros abuelos, quienes sobrevivieron a orillas del Río Los Alisos. Ahora, el gobierno provincial con el apoyo de la justicia nos quieren echar en favor de una inmobiliaria que es de los mismos funcionarios”, resumió Juana Mamani la presidenta de la comunidad, quien se refiere a la Empresa Inmobiliaria Sucre, cuyos dueños son Alfredo González y Simón Gronda.

Este último, de hecho, es familiar de Javier Gronda, secretario de Asuntos y Relaciones Municipales del gobierno provincial a quien le achacan la presión ejercida en favor de lo que sería un negocio inmobiliario.

 

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                                                                                  (Foto: Agencia Ansol)

En abril del año pasado, Sucre inició una avanzada sobre estos territorios, donde viven unas 100 familias, y finalmente tuvo el aval de la justicia para el desalojo. De momento, “hoy nos usurparon unas 2 hectáreas de las 80 que tenemos en total. Pero ellos vienen todo. Van a seguir avanzando. Ese es nuestro miedo”, añadió Juana, quien recordó que desde 2015, hay una ordenanza municipal que reconoce ese enorme predio como “área de producción periurbana de agricultura familiar”.

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“La justicia le dio la razón a ellos que sostienen que heredaron este lugar. Pero desde el juzgado no se interesaron en venir acá y ver las pruebas. Para ser dueño hay que tener la posesión y el título. Y la posesión la tenemos nosotros, vengan a ver las casas de piedra, adobe, los restos arqueológicos que están desde siempre. La justicia solo escuchó al terrateniente”, se quejó Juana.

La presidenta de la comunidad habla con este medio desde la puerta de la comisaría 51 del Barrio 18 de Noviembre de Palpalá, donde aguarda que le tomen la denuncia por lesiones a al menos siete personas que fueron reprimidas esta semana. Si bien la mayoría tiene heridas leves, “los casos más graves son los de una chica a la que le apuntaron a la frente y a un nene de 11 años que estaba paseando a las vaquitas con su caballito le pegaron”, añadió la presidenta de la comunidad.

Durante el desalojo, fueron detenidos Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes Alcoba, Anastasia García y Andrés Deymonaz, quienes después de unas horas recuperaron la libertad. “Con este antecedente y con la ayuda del gobierno de turno esto va a seguir, ya tenemos una denuncia civil en nuestra contra y estamos notando que el comisario Daniel Ramírez, de la 51, está jugando para ellos. Amenaza a los jóvenes y se niega a tomarnos las denuncias”, lamentó Juana.

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