La Inmobiliaria Larreta no cerró por la pandemia

Este jueves el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta buscará avanzar en la Legislatura de la Ciudad con la privatización definitiva de un amplio sector de Costa Salguero, cuya concesión vence el año próximo. En ese predio de 17 hectáreas de tierras en la Costanera Norte, donde el metro cuadrado puede superar los 9.000 dólares, se habilitará la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios que irán de los 18 a los 29 metros de altura sobre la avenida Costanera Rafael Obligado. La iniciativa del Ejecutivo local, a través de modificaciones a la normativa urbanística de los terrenos del Distrito Joven, también habilita concesiones con usos amplios, con construcciones de hasta 12 metros y un helipuerto, en las 14 hectáreas linderas, donde estuvo Punta Carrasco. Desde la oposición, ONG, cátedras universitarias y colectivos de arquitectas pidieron que se archive el proyecto.

Una breve racconto para entrar en tema: en abril de 2018 se aprobó en la Legislatura la creación del «Distrito Joven» y se habilitó la concesión de locales gastronómicos, bares y boliches en un área que comprende los terrenos sobre las márgenes del Río de la Plata, a la altura del aeroparque Jorge Newbery. Una franja de tierra que se extienden por más de  6 kilómetros de largo, que incluye los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Todo este Distrito fue dividido en 5 sectores, correspondiendo el Sector 4 a Punta Carrasco y el 5 a Costa Salguero.

El 5 de diciembre pasado la Legislatura porteña aprobó la Ley 6289 que autoriza al Ejecutivo porteño a vender los predios Costa Salguero-Punta Carrasco, pero dispuso que previo a la venta se debía llamar a concurso público para urbanizar el área y dictar la normativa urbanística correspondiente. En julio de este año se dieron a conocer los ganadores del Concurso Nacional de Ideas: Buenos Aires y el Río «Parque Salguero», organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano en conjunto a la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA.

Ahora los legisladores del bloque Vamos Juntos dieron el último paso para la venta al presentar el proyecto N°2094-J-2020, que modifica la normativa urbanística de la Urbanización Determinada U14 “Distrito Joven» y otorga capacidad constructiva permitiendo levantar en 7,5 hectáreas del Sector 5 un conglomerado de edificios con alturas que irán hasta los 29 metros, con calles internas, y un espacio público que culminará sobre la ribera. Y en el Sector 4, donde se proyectan espacios para actividades diurnas y nocturnas de esparcimiento, deportivas, culturales, comerciales, recreativas, gastronómicas y un helipuerto, se permitirán edificaciones de hasta 12 metros de altura.

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El proyecto, que deberá pasar por audiencia pública y segunda lectura, viene acumulando rechazos desde diversos sectores. El 28 de septiembre, el Colectivo de Arquitectas les envió una carta con la firma de 342 profesionales a los 60 legisladores de la Ciudad, en la que se mostraron alarmadas de que «no se contemple la necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente como espacios verdes de uso público para futuras generaciones».

La arquitecta María José Leveratto, integrante del colectivo, explicó que «no estamos de acuerdo con este proyecto que privatiza, parcela y vende estas tierras en la costa del Río de la Plata porque es tierra pública, que es un bien irrecuperable, y que va terminar armando un barrio náutico top, donde la tierra vale más de 9.000 dólares el metro cuadrado. Un lugar privilegiado que está a 300 metros de la autopista que te lleva al aeropuerto de Ezeiza o a la zona Norte, donde podés poner tu velero en la puerta, y tenés a cinco minutos Aeroparque. Es una tierra muy interesante para los negocios inmobiliarios, pero no es lo que necesita la Ciudad», remarcó.

Por otra parte, la arquitecta y docente universitaria señaló que «si bien hubo un concurso de idea en el que participó la FADU, la Sociedad Central de Arquitectos y Fadea (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos), esos concursos de arquitectura son los que usa el Gobierno de la Ciudad para validar lo que ya tiene pensado. Ya que que quienes se presentan tienen que limitarse a lo que piden las bases para no quedar afuera».

En tanto, desde la ONG el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) rechazaron la privatización y concesión de las tierras que van a impedir el libre acceso a la costa y a  generar una barrera que va a obstaculizar la visual del río. A través de la plataforma Change.org están juntando firmas para frenar el proyecto.

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Su titular, Jonatan Baldiviezo, advirtió que «para la Ciudad es un giro de 180 grado de lo que venía discutiendo la ciudadanía para el destino de la Costanera Norte. A partir de los 90, cuando comenzaron las privatizaciones, comenzó una lucha ciudadana para que la ciudad recuperara la vista al río y que la costanera se transforme en un gran parque público. Se logró que se sancionara la ordenanza que prohíbe la privatización de la rambla de la Costanera Norte y que una vez finalizadas las concesiones no se podía volver a privatizar. Eso quedó después plasmado en el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad que establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación, y se volvió a ratificar en 2009 con el Plano Urbano Ambiental (PUA)». Y advirtió que «aprobaron el Distrito Joven  para legalizar las reconcesiones que se venían haciendo porque estaba prohibido reprivatizar la costanera, dos años después te venden una parte. Quizás después avancen con el resto».

Con otra perspectiva, la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FADU, María Eva Koutsovitis señaló que  “la Ciudad enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto, es un contrasentido en el marco de la agenda climática, privatizar el borde costero, que debería estar destinado a un espacio verde público. La venta del predio de Costa Salguero no sólo es la pérdida definitiva de una parte de la Costanera que tendría que ser de la sociedad porteña para su disfrute irrestricto, sino que también es el inicio de la densificación poblacional y constructiva de todo el eje costanero».

Y remarcó que el Gobierno porteño comenzó a proyectar el Colector Cloacal Norte «para abastecer de servicios sanitarios a los futuros emprendimientos inmobiliarios que se construirán sobre las tierras públicas vendidas y qué sólo serán accesibles para el 5% de la población porteña. Mientras las porteñas y porteños que habitan las villas de la ciudad continúan sin acceder formalmente al agua potable, al saneamiento cloacal, a los tendidos eléctricos seguros y a la conectividad».

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Desde la oposición, legisladores del Frente de Todos (FdT) también se expresaron contra el proyecto. Matías Barroetaveña, integrante de la Comisión de Planeamiento Urbano, dijo a este diario que «esto se enmarca en el proceso de venta de tierras públicas que se viene dando desde que el PRO gobierna la Ciudad«, y remarcó que «tienen que archivar el proyecto y volver a discutir. Son terrenos únicos que deberían ser utilizados y discutidos en el PUA para revincular a una ciudad que vive de espaldas al rio».

Su colega de bancada Javier Andrade dijo que «más allá de las cuestiones técnicas, lo que vemos es que se está habilitando la construcción de emprendimientos de lujo sobre la costanera, el borde costero que el Plano Urbano ordena democratizar y garantizar el acceso. Es un hecho inédito que de materializarse se va a transformar en algo irreversible«. Además, señaló que el proyecto de ley «lo que hace es subdividir la parcela de Costa Salguero, y subrepticiamente queda habilitada la posibilidad de subdividir el resto de los sectores. Es un precedente que puede multiplicarse, a lo que se suma la cantidad de usos que se otorgan, que van de oficinas y todo tipo de comercios a hotelería. Aunque no está la norma para la construcción en cada sector, con este antecedente pueden avanzar».

En el mismo sentido se manifestó su compañero Santiago Roberto «lo que buscan es realizar uno de los tantos negocios inmobiliarios a lo que ya nos tiene acostumbrado la administración de Larreta, cuando esa zona está prevista como un espacio para que los vecinos y vecinas de todos los barrios se acerquen al río. Si este proyecto es aprobado se va a convertir en una barrera de cemento que terminará afectando a todos los porteños y porteñas»

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