En plena noche, el jueves, con la presencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la Policía Federal y Gendarmería desalojaron la toma de terrenos de la estación Victoria, en el partido de San Fernando. La ocupación había cobrado notoriedad porque se la culpó de impedir el funcionamiento de los trenes: por una medida del gremio La Fraternidad los ramales Tigre-Retiro y Victoria-Capilla del Mitre estuvieron paralizados durante más de dos semanas. «Vinieron de golpe y arrasaron como si nada. No les importó si había chicos o mujeres embarazadas. Los sacaron a la fuerza«, relató a PáginaI12 Ariel, vecino del barrio contiguo a la toma, también ubicado frente a las vías. De acuerdo al testimonio de una mujer desalojada, los uniformados golpearon a algunas personas.

Las familias desalojadas son alrededor de 20. Según Ariel y otras personas que están en la zona, se les ofreció pasar la noche en un albergue, pero se dirigieron a la plaza céntrica o a casas de familiares o amigos. Por su parte, voceros de Trenes Argentinos, empresa que hizo la denuncia por la ocupación, indicaron que la orden del Juzgado Federal N°1 de San Isidro incluía la condición de que se les ofreciera a las personas «un lugar alternativo hasta que se resolviera su situación». Que podían permanecer en el albergue dispuesto por la Municipalidad no sólo por esa noche.

La municipalidad y Trenes Argentinos aseguraron que el desalojo fue «pacífico». Este diario intentó ingresar la semana pasada en la toma y el clima ya era tenso. La empresa y la Policía lo impidieron, con el argumento de que se había abierto una instancia de negociación con las familias para de despejar el área de maniobras y mantenimiento de los trenes. También Gendarmería rodeaba el predio. Durante el día de ayer las personas en la toma no pudieron acceder a agua y alimentos –como había ocurrido antes–. Tampoco podían reingresar al predio si salían. Lo denunció el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Zona Norte. Los uniformados afirmaron que era una orden de Arroyo Salgado. De acuerdo al testimonio de una mujer desalojada, no faltaron golpes y malos tratos. La mayoría se retiró «con lo puesto». Rápidamente las topadoras avanzaron sobre las casillas.

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El 23 de agosto un grupo de familias comenzó a levantar precarias construcciones en un triángulo utilizado, de acuerdo a Trenes Argentinos, como lugar de maniobras y mantenimiento. Circuló que llegaron a ser 20 pero después el número descendió. La toma se hallaba al lado de un barrio ferroviario que tiene 40 años, al que se integró un barrio que emergió de otra toma, hace dos años. Los nuevos habitantes, los que llegaron en 2018, no fueron bien recibidos por los ferroviarios. El desalojo afectó no sólo a los recién llegados en la pandemia, sino también a personas que habitaban el lugar desde hace más tiempo. Y con diferentes situaciones de hostigamiento, al barrio entero.

Al barrio lindero a la toma se lo conoce como La Victoria, y está reconocido por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). «Todos los desalojados estaban dentro del perímetro del Renabap», afirman Gabriela Torrents y Eugenia Jaime, arquitectas de la organización Proyecto Habitar que fueron convocadas para contribuir con la urbanización del barrio popular –sin cloacas ni agua potable– pero terminaron inmersas en este conflicto. 

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci –del massismo–, había dicho a Radio 10 que «esta tierra había sido cedida por el gobierno anterior para barrios populares sin tener en cuenta que era sector operativo». Algunos vecinos de La Victoria participaron de la toma, según indicó Ariel, en solidaridad con los necesitados. De acuerdo con la versión de la empresa, los de la toma son ellos mismos. Otra vecina dijo que también había lugar para la especulación. «Esas vías cercanas a la toma no tienen nada que ver con el funcionamiento del ferrocarril», aseguran las arquitectas.

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En una resolución que Trenes Argentinos apeló, Salgado había considerado a la toma como un conflicto de «resolución política» y no judicial y había instado a autoridades nacionales, municipales y provinciales a articular medidas para una solución habitacional. En la mañana del desalojo, el presidente Alberto Fernández había dicho que se ocuparía «personalmente» del tema, refiriéndose al funcionamiento del tren pero también a la reubicación de las familias. El intendente Juan Andreotti agradeció a la Justicia y aunque se refirió al «problema habitacional» como una deuda del Estado, ni siquiera intentó una mesa de diálogo con las familias. Las arquitectas cuentan que hubo algunos intercambios con Desarrollo de la Comunidad Provincial, pero que no se avanzó en un censo. «Así que el interlocutor en todo el conflicto fue la Policía

Lo que dijo el intendente

Tras el desalojo de los terrenos, el intendente de San Fernando informó: “Hoy conversamos con la jueza Arroyo Salgado a quien le agradecemos la decisión respecto a la toma de tierras que impedía el normal funcionamiento de los trenes, además el lugar no presentaba condiciones dignas para vivir”. Y completó: “El problema habitacional es una deuda del Estado que en los últimos 4 años se acrecentó por falta de políticas claras y por la escasa construcción de viviendas. En la pospandemia, el Estado tendrá el desafío de destinar el mayor de sus esfuerzos en las políticas que solucionen esta situación y que contribuyan y den mayores posibilidades para todos”.

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