El reclamo por la celeridad en los juicios de lesa humanidad llegó ayer al consejo consultivo que, a pedido del presidente Alberto Fernández, estudia una reforma a instituciones claves como la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Organismos de derechos humanos pidieron plazos para la Corte a la hora de resolver en las causas y que se contemplen mecanismos para acelerar los procesos a pocos meses de que se cumpla el 45° aniversario del golpe.
La de ayer fue la última audiencia con invitados del consejo consultivo. Poco después de las 13.30, los consejeros escucharon a referentes del movimiento de derechos humanos exponer sobre una lucha que lleva más de cuatro décadas y muchas demoras. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, les habló de la lucha contra la impunidad. Su compañera, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, puntualizó reformas que podrían acelerar el trámite de las causas. Conectados desde sus casas, seguían la intervención los otros integrantes de doce organismos que firmaron un documento para entregar al consejo consultivo.
“Son años y años que venimos los organismos de derechos humanos pidiendo justicia y poder llevar a todos los genocidas a los tribunales. Tarda, se alarga y los genocidas se están muriendo sin ser acusados. Nosotras no nos queremos ir sin ver a todos juzgados”, les dijo a los consejeros Taty Almeida en su turno. “Ése es nuestro apuro”, remarcó en diálogo con este diario.
Estela de Carlotto se enfocó en pedir que el Consejo de la Magistratura cubra las vacantes de jueces y el Ministerio Público, las de fiscales. También reclamó que la Corte Suprema tenga plazos razonables para decidir en estas causas y que se cree una secretaría de lesa humanidad al interior del máximo tribunal que colabore en hacer más expeditivos los trámites de los casos que se agolpan en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las causas tardan en promedio tres años y medio antes de ser confirmadas por la Corte. Es, claro, un promedio porque hay causas que triplican esa estimación.
“Confiamos en el gobierno y en su sana intención, pensamos que estos puntos van a ser tenidos en cuenta”, Carlotto le dijo a Página|12. Con la misma expectativa estaba Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que acompañó la intervención de Carlotto y Almeida ante en el consejo consultivo. “Fundamentalmente esperamos que nos escuchen y que se pueda llevar adelante la iniciativa”, sostuvo.
Los organismos vienen reclamando que la Corte Suprema convoque a la comisión interpoderes para discutir las dificultades en los juicios. Este organismo, que funciona al interior del máximo tribunal, no ha tenido actividad desde 2016. Con la pandemia y las dificultades que trajo en el servicio de justicia, los organismos renovaron su pedido, pero no obtuvieron respuesta por parte de los supremos. “Estamos insistiendo para que se reúna la comisión interpoderes porque hay muchas causas estancadas y éste es ámbito para que interactúen los tres poderes para buscar soluciones”, explicó Carlos Pisoni, de HIJOS. “Aunque hemos recorrido un largo camino en nuestra lucha contra la impunidad, encontramos serias demoras y déficits en los procesos judiciales y en los juicios por delitos de lesa humanidad. Es urgente acelerar su marcha porque nos apremia el ciclo de la vida “, apuntó, por su parte, Adriana Taboada, de la Comisión Zona Norte. “Allí donde un genocida muere impune hay un acto de injusticia y el Estado tiene responsabilidad en la misma. Esperemos que las reformas por venir estén a la altura de lo que nuestro pueblo necesita”, remarcó.
La agenda del Consejo
El consejo consultivo está integrado por once juristas y entró en funciones el pasado 18 de agosto. Más allá del proyecto de reordenamiento del fuero federal que obtuvo media sanción en el Senado, el consejo tiene como función entregar una serie de propuestas en el plazo de 90 en torno a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, entre otros temas centrales del sistema de justicia.
En la jornada de ayer, además de recibir a los organismos, el consejo consultivo escuchó, entre otros, al presidente de la Cámara Nacional de Casación, Daniel Morin, y a la presidenta de la Casación Federal, Ángela Ledesma. La exposición de Morin giró en torno a qué hacer con los jueces de la justicia nacional que no presten su consentimiento al traspaso a la justicia de la Ciudad. La de Ledesma se ciñó al impacto del nuevo Código Procesal Penal Federal, que implanta el sistema acusatorio, y a la necesidad de fortalecer la reforma en los tribunales y en el Ministerio Público. El consejo volverá a reunirse el sábado para discutir sobre el juicio por jurados.
