La Comisión de Acuerdos del Senado dejó a tres jueces nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri por el mecanismo de traslado en cargos estratégicos muy cerca de tener que volver los puestos que ocupaban originalmente. Dos de ellos ahora integran la Cámara Federal de Comodoro Py, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y deberían volver al tribunal oral federal 4 donde trabajaban antes; el tercero, Germán Castelli, hoy está en el Tribunal Oral Federal 7, aunque su lugar de procedencia es un tribunal oral de San Martín. Ellos fueron los únicos ausentes de los 10 jueces y juezas que habían sido convocados este viernes a una audiencia pública por videoconferencia como parte de un proceso de revisión de sus designaciones, que habían sido consideradas irregulares por el Consejo de la Magistratura, precisamente porque no contaban con acuerdo del Senado. La comisión, en una reunión a la que la oposición decidió no asistir con argumentos similares a los de los jueces, dictaminó rechazar sus traslados. Los 7 restantes, que sí expusieron y respondieron preguntas, serán analizados. En todos los casos, la decisión parlamentaria final estará en el recinto del Senado, donde el oficialismo tiene mayoría. Los jueces “rebeldes”, que quieren quedarse donde el macrismo los puso, apuestan a conseguir un pronunciamiento de la Corte Suprema, aunque no les estuvo yendo bien en los tribunales inferiores.
El mismo viernes la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con las firmas de Guillermo Treacy y Jorge Alemany rechazó un nuevo pedido de medida cautelar de Bruglia y Bertuzzi para que el Poder Ejecutivo y el Senado se abstuvieran de seguir adelante con el proceso de revisión de sus nombramientos. Ese tribunal sostuvo que “de la prueba documental” que aportaron “no surge de manera fehaciente que los accionantes logren demostrar a simple vista un actuar arbitrario” ni “una invalidez notoria” de lo actuado por el Consejo al objetar sus nombramientos por saltear el Senado. Alemany dijo también que no está en juego la intangibilidad de sus salarios como jueces ni la validez de los actos procesales que hayan cumplido en los cargos cuestionados. No encontraron “verosimilitud” en el pedido ni que haya peligro en la demora de una resolución sobre la discusión de fondo, que tiene que ver con la legalidad con que se implementaron sus traslados de un cargo a otro y los de otros jueces. El día anterior también había naufragado un pedido de medida cautelar de Castelli, que en el TOF7 donde fue trasladado por el macrismo tiene, por ejemplo, el juicio pendiente de las fotocopias de los cuadernos. La jueza Macarena Marra Giménez rechazó la medida provisoria pero aún no se pronunció sobre el amparo. A Bruglia y Bertuzzi les queda un pedido de “per saltum” ante la Corte Suprema, cuyos integrantes se reunieron el jueves pero aún no blanquearon sus posiciones. De acuerdo a cuándo y cómo fallen los supremos respecto de la decisión del Senado, el asunto podría derivar o no en un conflicto de poderes.
El hecho concreto es que estos tres jueces quieren permanecer atornillados a cargos para los que no concursaron ni obtuvieron acuerdo del Senado, y donde desembarcaron a propuesta de macrismo y con una simple mayoría del Consejo. Los traslados que este órgano consideró por mayoría irregulares –con votos del oficialismo y también de Graciela Camaño–, son aquellos donde jueces o juezas cambiaron de competencia, jurisdicción o jerarquía sin obtener acuerdo del Senado. La oposición decía que el oficialismo buscaba impunidad para Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios, en especial por querer desplazar a los dos jueces de la Cámara Federal, lo que es bastante absurdo porque las causas ya pasaron por allí y, en todo caso, el macrismo busca ahora que permanezcan por la preocupación por las causas en trámite contra el ex presidente y miembros de su gobierno.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli, avisaron que no asistirían a la audiencia pública, que es parte de todo proceso de selección de jueces y juezas, y una instancia clave donde se las hacen preguntas que puedan ser de interés de los senadores/as o también planteadas por miembros de la sociedad civil. El argumento central es que, además de que tienen acciones judiciales en marcha, no reconocen la legitimidad de la convocatoria porque no es parte de régimen de traslado de jueces y juezas y que está dirigida a afectar su estabilidad en el cargo. Para ellos, sus nombramientos en los cargos que ahora tienen están firmes y son derechos adquiridos.
“Es curioso que la oposición no asistió a la audiencia convocada utilizando los mismo argumentos que los jueces que faltaron y que se oponen a la revisión de sus pliegos”, le señaló a Página/12 la presidenta de la Comisión, Anabel Fernández Sagasti. Una nota en la que anunciaban su faltazo, seis senadores le decían que consideraban la audiencia “nula de nulidad absoluta”. El texto dice abiertamente que ellos opinan los traslados fueron legales según normas del Consejo y de la Corte, que los decretos de nombramiento están “firmes y consentidos” y sólo se los podría revisar judicialmente. Denunciaron un “mecanismo encubierto de remoción de magistrados”. Es bastante previsible que defiendan las designaciones controvertidas que ellos mismos hicieron durante el gobierno de Macri en busca de ubicar jueces o juezas afines en lugares claves. La nota la firman Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Oscar Castillo y Ernesto Félix Martínez.
Lo que hizo notar el oficialismo es que pese a este tipo de advertencias, 7 de los 10 jueces y juezas convocados a la Comisión de Acuerdos para la revisión de sus pliegos asistieron y respondieron preguntas, lo que fue una forma de validarla. Estuvieron: Federico Villena, Eduardo Farah, Verónica Skanata, Gustavo Velázquez, Esteban Hansen, Juan Iglesias y Zunilda Nurimpeger. La exposición que más convulsión generó fue la de Farah, quien había sido trasladado desde su cargo en la Cámara Federal de Comorodo Py, primero al fuero Penal Económico y luego a un tribunal en San Martín. Farah dijo a los senadores y senadores que en su momento él mismo había pedido su traslado pero que pretendía volver a la Cámara. Lo pidió entonces, según señaló, en un contexto de amenazas, presiones y denuncias en su contra después de haber revocado la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa sobre Oil Combustibles. Su colega de sala, Jorge Ballestero, terminó renunciando por entonces. Farah recordó la frase de Macri ante aquella decisión de liberar a los empresarios: “Esto no es lo que acordamos” y aseguró que él no había acordado “nada ni con Macri ni con nadie”.
La Comisión dictaminó por mayoría en la misma tarde rechazar darle acuerdo para los traslados a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los dos primeros habían recibido varias impugnaciones. Pero el argumento común a los tres casos hace hincapié en la “incomparecencia a la audiencia pública” porque “evidencia su contumacia de cara al trámite complejo” para el nombramiento de jueces/zas, “su desapego al orden institucional y por fin, su inidoneidad para desempeñarse en el cargo para que ha sido propuesto”. Los otros 7 traslados serán evaluados por la comisión en los próximos días, y habrá dictamen. Todo deberá pasar por una sesión del Senado, donde la aprobación ya sea de los rechazos o posibles acuerdos requiere una simple mayoría, que el oficialismo domina. Lo único que podría cambiar el rumbo de regreso a sus cargos originales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sería una decisión judicial favorable a ellos.
“Más allá del rechazo, me hubiera gustado tener presente a Bruglia y Bertuzzi para preguntarles entre otras cosas, como fue posible que el falso abogado Marcelo D’Alessio en el marco de la causas de las fotocopias, según pericias que mandó a hacer el juez Alejo Ramos Padilla, tenía en su teléfono seis días antes de la publicación del fallo de esos jueces, cómo iba a ser el resultado”, dijo el senador de Juntos por el cambio Martín Doñate. Es la primera vez que en la Comisión de Acuerdos hay magistrados que no se presentan y judicializan su postulación”. El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, remarcó que la ausencia del os jueces es un incumplimiento “a lo que dice la Constitución” y “no podemos darles el acuerdo”.
