La Unidad de Información Financiera (UIF) no sólo pidió ser querellante en la escandalosa causa de los peajes sino que además reclamó la inhibición de bienes de Autopistas del Sol (Ausol), la concesionaria de la Panamericana, del Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que maneja el Acceso Oeste, y del principal accionista de ambos concesionarios, Albertis Infraestructura, que fue del presidente del Real Madrid. La UIF, hoy a cargo del abogado Carlos Cruz, argumenta en las 56 páginas de su presentación, que los delitos precedentes fueron la administración fraudulenta en perjuicio del estado y que eso le permitió a los empresarios una valoración de sus acciones del 3.125 por ciento, es decir que legitimaron riquezas obtenidas de forma delictiva.

El texto se presentó ante el juez Julián Ercolini, quien quedó a cargo del expediente tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, el magistrado que dictó los procesamientos del exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el extitular de Vialidad, Javier Iguacel; el exministro de Economía, Nicolás Dujovne; y el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Al rescate de estos funcionarios salieron los camaristas alineados con Cambiemos, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, que anularon el procesamiento por un motivo formal: que supuestamente no se les habían exhibido todas las pruebas antes de la indagatoria. En su momento, Canicoba sostuvo que toda la evidencia fue exhibida, pero que hubo una demora en la digitalización a raíz de la pandemia y por eso las últimas pruebas estuvieron a disposición justo antes de la indagatoria. La causa de los peajes tiene tanta prueba, es tan evidente la maniobra armada por los funcionarios macristas, que la anulación del procesamiento exhibió hasta dónde están dispuestos a llegar los integrantes de la Cámara Federal.

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Como se sabe, el expediente de los peajes se inició por una denuncia de los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Carlos Castagneto y Adrián Grana. Las irregularidades fueron de todo tipo y color. Tres días antes de la asunción de Macri, el 7 de diciembre de 2015, los concesionarios se presentaron en el tribunal internacional del CIADI denunciando a la Argentina por más de mil millones de dólares por supuestos incumplimientos en los contratos. El escrito de la UIF menciona que el CIADI no tenía competencia porque no se agotó la vía judicial en la Argentina, el reclamo era desorbitado, fue armado por abogados que trabajaban para las empresas concesionarias y después pasaron al gobierno de Macri y que, además esos letrados-funcionarios, tenían incompatibilidades por esa razón. La administración de Cambiemos, en un trámite express, arregló el litigio dándole a las concesionarias 499 millones de dólares, que se le cobrarían a los usuarios mediante aumentos de tarifas,. En paralelo se extendieron los contratos por otros 10 años, hasta 2030, sin estudio previo, sin concurso. El trasfondo era que el Grupo Macri era por entonces dueño del siete por ciento de las acciones, es decir que el gobierno de Macri benefició a las empresas de Macri. La evidencia económica de las maniobras fue que, la acción de Autopistas del Sol subió de 3 pesos a casi 80, que es lo que está en el centro de la acusación de la UIF: convirtieron en aparentemente legal, una ganancia fabulosa que en verdad proviene de delitos. En el texto figura, por ejemplo, que las acciones se revalorizaron en un 3.125 por ciento cuando el índice Merval subió sólo el 392 por ciento. Otro ejemplo que menciona la presentación es que mientras todas las empresas argentinas se desvalorizaron en dólares, en el mismo período, Autopistas del Sol se valorizó en casi un 700 por ciento en la divisa norteamericana.

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Sobre la base de esas argumentaciones demoledoras, la UIF solicita ser aceptada como querellante y pide la inhibición de bienes de las tres empresas que participaron y que se concrete el embargo de Dietrich, Iguacel, Dujovne y Saravia Frías. 

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