El fiscal Ramiro González, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, amplió la imputación que pesa sobres el expresidente Mauricio Macri y los exministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por “administración fraudulenta”, por privatizar “a precio vil” las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
La causa que investiga que el Gobierno de Cambiemos licitó las centrales por menos de la mitad de la valuación fiscal que la Auditoria General de la Nación fijó en 2012 y por apenas algo más del doble que la ganancia obtenida por cada una de ellas en un solo año, ahora avanza también sobre, Iecsa, empresa vinculada al grupo Macri, por haber recibió una indemnización millonaria por la ruptura del convenio para continuar la construcción que había licitado, mientras que la Central Puerto, en manos de Nicolás Caputo, el “amigo del alma” del expresidente, avanzaba para quedarse con las dos centrales termoeléctricas.
En ese marco, Rodolfo Tahilade, uno de los diputados que impulsaron la investigación en 2018, señaló: “La investigación estaba enfocada, inicialmente, en la venta a precio vil de las centrales, pero ahora también se va revisar la rescisión del contrato de Enarsa con la constructora de las plantas, Iecsa, cuyo ‘dueño’ en ese momento era Ángelo Calcaterra. Ese fue el primer fraude en la maniobra, y su modus operandi fue similar al de la causa peajes. Dibujaron un reclamo y rescindieron de común acuerdo cuando todavía faltaba para terminar la construcción total de las centrales. Iecsa se llevó mil millones de pesos».
