El ex funcionario macrista había impulsado un tarifazo
La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó este viernes que el ex Secretario de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, sea citado a indagatoria en el marco de la causa en la que se lo investiga por haber dictado en 2018 una resolusión con la que había habilitado una compensación a las empresas distribuidoras de gas, en claro perjuicio de los usuarios.
Los hechos por los que se investiga a Iguacel podrían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel en perjuicio de la administración pública.
Para la fiscal, la resolución llevada adelante por el ex funcionario macrista, “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”. En ese sentido, Ochoa señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.
La resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por la abrupta devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, esa resolución no fue ejecutada por la polémica que despertó en ese momento.
En su dictamen, la fiscalía indicó que se acreditó que las empresas distribuidoras de gas, de modo paralelo a la formulación del reclamo compensatorio, lejos de haber sufrido un quebranto con motivo de la devaluación monetaria, habían destinado sus ingresos a la conformación de inversiones en el mercado de futuros -contratos de dólar futuro- «que maximizaron sus beneficios«.
Según la prueba recolectada por la fiscalía, en el período investigado “las empresas distribuidoras de gas decidieron comprar el gas a un valor dólar fijado contractualmente y no a la cotización de la fecha de pago prevista”. También detectaron que “manteniendo su patrimonio incólume frente a la fluctuación cambiaria que damnificaba a los usuarios, las distribuidoras decidieron invertir sus ingresos -nutridos del pago de tarifas-, en contratos de dólar futuro y de modo concomitante negociar una rebaja en el precio del gas con las productoras”.
La prueba reunida en el expediente arrojó que durante el período estacional comprendido entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2018, donde se generaron las diferencias diarias acumuladas luego reclamadas, tanto Metrogas S.A. como también otras distribuidoras (Gas Cuyana S.A. y Gas del Centro), intervinieron activamente en el mercado de compra-venta de dólar futuro.
Durante el año 2018, Metrogas S.A. realizó un total de ciento ochenta y siete (187) operaciones en el mercado Rofex (Mercado a Término de Rosario), y sólo durante el periodo estacional en cuestión (1º de abril y el 30 de septiembre de 2018) efectuó sesenta y dos (62) intervenciones, según surge del dictamen fiscal.
La causa se inició por una denuncia del también fiscal federal Guillermo Marijuan, mientras que Iguacel, a través de abogados, ya presentó un primer descargo espontáneo en el expediente, con el objeto de señalar que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios.
