Juntos y al mismo tiempo. Dirigentes de la oposición salieron a criticar de forma inmediata el anuncio de Alberto Fernández de congelar hasta fin de año las tarifas de telefonía móvil, internet y TV paga
. El exsenador de Cambiemos Federico Pinedo señaló que es una “estatización que viola tratados internacionales”. Por su parte, la expresidenta del Enacom Silvana Giudici afirmó que puede provocar “riesgos sobre la pluralidad y libertad de programación” en la televisión.

“La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis”, afirmó Pinedo a través de su cuenta de Twitter, a pesar de que en ninguna parte del anuncio se hizo referencia a “estatizar”.

Una de las personas que salió a marcar la desinformación del exlegislador fue la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort quien le advirtió que “no se estatizan, solo se declaran servicios públicos”. “Seguirán gestionados por privados, pero sujeto a las regulaciones que establezca el Estado, como la mayoría de los servicios públicos”, explicó la abogada.

Tampoco se quedó atrás, la expresidentea del Enacom durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvana Giudici. Para la exfuncionaria la medida es un “retroceder a un esquema ultra regulado que espantará competidores y además pondrá más obstáculos a pymes para seguir sobreviviendo”.

Giudici, quien mantiene como tradición una férrea posición en favor de los medios de comunicación concentrados y ha sido una de las caras visibles en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lanzó una insólita advertencia al señalar que la declaración de servicio público sobre la televisión “va a generar riesgos sobre la pluralidad y libertad de programación”. 

Al anunciar la medida, Alberto Fernández apuntó contra la gestión de Macri. Afirmó que “se están recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior le quitó al Estado” y expresó que el derecho de los usuarios y consumidores “es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”.

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