Más de 70 mil hectáreas quemadas por incendios intencionales en el Delta del Paraná y el humo que llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires, precipitaron el debate en el Congreso para avanzar con una ley de protección de los humedales. Una discusión que el lobby empresario –productores agropecuarios, mineras y desarrolladores inmobiliarios— frustró tres veces en el Parlamento en menos de una década (2013, 2017 y 2018) y que ahora parece haber arrancado con fuerza en la Cámara de Diputados, que se puso como plazo lograr en lo que queda de este año el dictamen y la media sanción de la futura normativa de presupuestos mínimos para la conservación y el desarrollo sustentable de los humedales. Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, aseguró que si bien «la ley será solución» se necesita «pensar en el ‘mientras tanto»
La presentación de un proyecto por parte del presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso (Frente de Todos), abrió un nuevo debate, que incluye otras cinco iniciativas de todas las bancadas legislativas. Desde el gobierno nacional, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, promueve y respalda la propuesta de legislar presupuestos mínimos para proteger los humedales y su desarrollo sustentable, mientras está al frente del combate a los incendios y puso en marcha los Faros de Conservación del Delta del Paraná para la prevención
Hasta la Corte Suprema fungió de bombero y ordenó la creación de un Comité de Emergencia Ambiental, ante las quemas que “han producido una gran degradación ambiental en la zona. Es prioritario conservar este riquísimo ecosistema del delta y comprender que el camino es el desarrollo sostenible, aunque algunos insistan en defender métodos productivos del siglo pasado”. Un ente que estará encabezado por el Ministerio de Ambiente, junto a los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, sumadas los municipios de Rosario y Victoria de esas provincias respectivamente.
“Los humedales juegan un papel fundamental en el contexto del cambio climático, son el ecosistema que más capacidad de absorción de gases de efecto invernadero tienen, funcionan como barreras contra la elevación del nivel del mar y la intrusión de agua marina en las napas de agua dulce y reduciendo, además, el impacto las inundaciones, las sequías y las tormentas”, afirmó Grosso a PáginaI12. “Lo importante a comprender en este tema es que no se pretende prohibir la actividad económica sobre los humedales, sino lo que buscamos es regularla para no destruirlos, hasta acá lo que el Estado no regula el mercado lo destruye. Hay formas de producción sustentable y alternativas de desarrollo que protegen el ambiente”, admite el diputado oficialista.
De todas maneras, su proyecto plantea un aumento considerable en las multas por los incendios intencionales que llegan hasta 843 millones de pesos. Hasta ahora, las bajas sanciones económicas por las consecuencias ambientales de las quemas intencionales son absorbidas en los costos de producción de diferentes actividades para continuar con un modo productivo arcaico y no sustentable.
También incorpora un capítulo penal con sanciones de 1 a 10 años de cárcel. Una escala que va desde el delito culposo hasta el doloso e intencional. Incluso, contempla la “responsabilidad extendida” para que las sanciones no recaigan sólo sobre los responsables directos de los incendios, muchas veces peones rurales que cumplen órdenes, sino también de sus promotores.
En la segunda jornada de debate, por la comisión ya pasaron decenas de expertos y organizaciones ambientalistas, organismos nacionales como el Inta, entidades de productores, comunidades de pueblos originarios que habitan humedales, y por la que desfilarán también desarrolladores inmobiliarios y empresas mineras y que forman parte de al menos un centenar de expositores que pasarán por la Cámara baja.
Allí está en discusión la propuesta de Grosso (FdT) y otros cinco proyectos de distintos bloques políticos. El del socialista santafesino Enrique Estevez; de la lavagnista Graciela Camaño; y de los integrantes de Juntos por el Cambio con iniciativas diferenciadas: de la UCR encabezado por Brenda Austin, de la Coalición Cívica de Maximiliano Ferraro y de los senadores macristas Gladys González y Esteban Bullrich.
Uno de los puntos en discusión es el tiempo que cada uno de los proyectos otorga a la realización de un inventario nacional de humedales. Plazos de 2, 3 y 5 años, con diferentes niveles o etapas y una actualización cada 5 ó 7 años. La más divergente es la propuesta del PRO que no establece ningún plazo.
Lo mismo sucede con el “ordenamiento territorial” de los humedales, donde aparecen distintos clasificaciones mayormente divididos en “áreas de conservación, de gestión de recursos y aprovechamiento sostenible”. Y donde el proyecto de Grosso incorpora el “criterio de ecología del paisaje, sinergia con el enfoque ecosistémico y el manejo integrado de cuencas hídricas”, así como una mas estricta limitación territorial de actividades y ocupación.
Las medidas que deben adoptarse mientras se completen los pasos previos para la implementación plena de la ley, también son motivo de diferencias. Algunos proponen que no haya «moratoria» o que durante ese periodo se garanticen los ejes de la legislación, mientras que otros plantean que sus plazos se extiendan hasta que se realice el inventario nacional o el ordenamiento territorial. Otro de los puntos en los qeu por ahora no hay acuerdo tiene que ver con los fondos que se destinarán para todo el proceso. La mayoría coincide en que debe destinarse un 0,3 por ciento del presupuesto nacional, pero las diferencias aparecen a la hora de determinar las condiciones para acceder al fondo y sus criterios de distribución.
La discusión ya arrancó y existe una coincidencia generalizada en la necesidad de promover una ley de protección para los humedales. Aunque por lo bajo, no pocos legisladores admiten que el lobby en contra de una reglamentación para su uso sustentable ya comenzó a hacerse sentir.
