Un concurso salvavidas para el Grupo de la familia presidencial
Boquin fue quien denunció en 2016 un hecho elocuente: con Mauricio Macri en la presidencia, representantes del Estado nacional –por entonces del ex Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad– aceptaron un acuerdo con el Correo que licuaba su deuda en un 98,7 por ciento, a pagar –además– hasta 2033. Ella sostuvo que era “ruinoso” y “abusivo” para las arcas públicas.
Fue tal el escándalo público que el Estado dio marcha atrás, y desde entonces el grupo empresario desplegó un sinfín de estrategias legales para dilatar un nuevo acuerdo. Mientras que la fiscala Boquín fue asediada con denuncias por supuestos malos tratos que desembocaron en la reciente apertura de un sumario insólito por maltrato laboral por decisión del procurador interino Eduardo Casal, como represalia por la investigación que inició el Congreso en su contra. Al día de hoy el Correo debe más de 4500 millones de pesos.
La convocatoria a oferentes para rescatar a la empresa postal comenzó después de que la Cámara Comercial rechazó el último planteo de la firma para frenarla. Vale recordar, de todos modos, que la misma Cámara, integrada por Matilde Ballerini y Lilia Gómez Alonso de Diaz Cordero, fue la que favoreció dilaciones por años. ¿En qué consiste? En la presentación de empresas que se manifiesten dispuestas a comprar las acciones y hacerse cargo de las deudas. Hoy el Correo tiene tres empleados, ninguna actividad y deudas con 700 acreedores, dentro de los cuales el principal es el Estado. El plazo para esas ofertas se cumplió ayer y fue entonces que aparecieron:
* La firma Organización Courier Argentina SA (OCASA) de Héctor Colella, sucesor de Alfredo Yabrán en sus empresas y vinculado con Mercado Libre.
* Transporte Chimiray SRL, de Ramón Puerta, un viejo aliado de Macri y el PRO.
* MV Cargo SAS, que son tipos de sociedades creadas en tiempos del macrismo para poder armar firmas en 24 horas, sin presentar balances ni responder a grandes requisitos, y en ocasiones utilizadas para cometer fraudes.
* Valuaciones SA, de actividad inmobiliaria.
* Jorge Alberto Anselmi, un caso extraño ya que tiene un concurso de acreedores pendiente en trámite de pago, de una propuesta homologada en septiembre del año pasado. Aún no empezó a pagar, antes no tenía para hacerlo, no está muy claro por qué podría comprar el Correo.
* Y la que apareció a último momento es la propia empresa Correo. La ley permite que si hay otros postulantes la propia concursada se presente, como una nueva oportunidad para conseguir conformidades de los acreedores.
El primer paso es la tasación de la empresa. Luego hay que ver si alguna oferta de pago es aceptada por los acreedores. De todo este grupo OCASA pareciera ser la que podría estar en condiciones de hacer una oferta sólida. Pero es difícil descifrar cuáles son las ventajas de comprar una empresa casi inexistente y llena de problemas.
Algunas especulaciones apuntan a cierta expectativa de ganarle juicios con reclamos de indemnizaciones al Estado relacionados, por ejemplo, con la expropiación del Correo, o que esos juicios si son ganados sean usados como compensación. Son procesos por montos mayores aún que la deuda del Correo, porque los intereses son calculados a “tasa activa”.
Según otra teoría, todavía cabe la posibilidad de que el Estado sea declarado “acreedor hostil”, por su resistencia a aceptar un acuerdo, de modo que deba aceptar un pago convenido si el juzgado lo aprueba. La jueza Marta Cirulli es la que deberá evaluar las propuestas y los acreedores aceptar. Por el Estado opinarán distintos organismos y entidades que forman parte del universo de acreedores e interviene también la Procuración del Tesoro.
En el caso del propio Correo, claro que sorprende que se presente, porque los antecedentes no la ayudan: no puede usar las conformidades anteriores porque ya que Boquin mostró que eran truchas, que eran dadas –como representantes de los acreedores– por los mismos directores de la firma, apoderados del estudio Tonelli y apoderados e integrantes del estudio de Jaime Kleidermacher. Cerca del 80 por ciento de acreedores que habían dado su aval tenían esa característica.
Correo, además, está denunciada por desvíos de dinero del concurso y maniobras de vaciamiento, incluso hacia personas vinculadas al gobierno de Macri, como el diputado Pablo Tonelli y el exasesor Pablo Clusellas. Se calcularon unos 35 millones de pesos en desvíos, por lo menos. A esto hay que sumar que los balances de la empresa de 2018 fueron declarados “irregulares e ineficaces a los efectos administrativos” por la Inspección General de Justicia (IGJ).
En lo que coinciden varios funcionarios que conocen el expediente es en que hay una intención de utilizar la instancia del “salvataje” como una nueva oportunidad para dilatar una definición y el pago de la deuda. También se especula con que salga una ley que ponga entre paréntesis los concursos de acreedores en trámite. De por sí los múltiples planteos que pueden aparecer, ir y venir, en el “cramdown” seguirán dando tiempo para que el grupo Macri siga eximido de sus obligaciones.
