Otros dos testigos, propuestos por la fiscalía les produjeron goles en contra a la propia acusación en la causa por la obra vial en Santa Cruz. El objetivo de los fiscales era demostrar que Lázaro Báez apretaba a sus competidores, los obligaba a vender y se quedaba con su capacidad de obra registrada, lo que le permitía ganar más licitaciones en Santa Cruz. Los testigos de este lunes, hijos del fallecido Adelmo Biancalani, derrumbaron esa hipótesis. Sandra y Fabio Biancalani contaron que, tras la muerte de su padre, ellos buscaron un comprador para su empresa constructora dado que estaba en convocatoria de acreedores al punto que corrían el riesgo de perder, por embargos, hasta sus propias viviendas. De manera que -según contaron- no hubo presiones sino todo lo contrario: la venta a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, los salvó de la quiebra y se hizo en buenos términos.
Sandra Biancalani declaró durante más de dos horas y contó la historia de la empresa. Su padre se radicó en el Chaco en 1956 y desarrolló la constructora más importante de la provincia, que protagonizó las obras viales de mayor relevancia en la zona. No sólo en el Chaco, sino también en Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Misiones y Formosa. Lo concreto es que tras el huracán económico-social de 2001 la constructora quedó al borde del abismo: no se construía ninguna ruta, ni el estado nacional ni el provincial pagaron sus deudas. Fabio Biancalani estuvo varios años a cargo de Sucesores de Adelmo Biancalani, después de la muerte de su padre en 1996. Relató, al borde del llanto, que estuvieron por perder sus casas por las deudas acumuladas y los embargos judiciales.
A partir de la crisis, tomó contacto con la familia otro ingeniero chaqueño, Julio Mendoza, que venía de trabajar en Santa Cruz en Gotti Hermanos, una empresa que ya estaba vinculada con Lázaro Báez. De esas conversaciones surgió el acuerdo por el que la viuda de Adelmo vendió su mitad de la empresa. El relato de Sandra fue concluyente: no hubo presión alguna, sino que la venta resultó una salida salvadora. Para Báez la ventaja fue que se quedó con una empresa con una capacidad de obra que podía utilizar en su provincia. En las licitaciones, cada constructora tiene registrado oficialmente lo que se llama capacidad de obra, un parámetro que es indicativo para el estado y las licitaciones. No constituye una obligación que la empresa ganadora tenga suficiente capacidad de obra, pero es una referencia de importancia. Además de esa ventaja, Austral tomó la determinación de llevarse al sur una parte de la maquinaria de Adelmo Biancalani.
A lo largo de las dos horas y media, Sandra en ningún momento deslizó que hubieran existido irregularidades o presiones de algún tipo. Los integrantes de la familia prácticamente no vieron a Báez en ningún momento y el centro de las negociaciones fueron los alquileres por los terrenos en que se ubicaban las instalaciones de la constructora o algún otro pago por distintos ítems. Además, contó que en su momento la empresa conformó UTEs (Unión Transitoria de Empresas) tanto con Austral Construcciones como con IECSA, la compañía del Grupo Macri.
Sandra Biancalani detalló que la venta de acciones se hizo en 2006 mediante escrituras y actas perfectamente registradas. Austral Construcciones se quedó con el 55 por ciento, compuesto por el 50 que vendió la madre y un cinco por ciento adicional que vendieron los hermanos, para que Austral quedara con mayoría. «Hubo transparencia en todo lo que hicimos y con lo que nos pagaron pudimos cubrir buena parte de las acreencias», redondeó la hija del fundador de la constructora. Para el fiscal Diego Luciani fueron dos testigos que no beneficiaron a la acusación como se preveía, sino a las defensas.
Desde el punto de vista judicial, la causa de la obra pública en Santa Cruz es la madre de todas las batallas, por cuanto se supone que Lázaro Báez presionó a todos sus competidores para que le vendieran sus empresas, que se quedaba con constructoras apretando a sus dueños, que luego utilizaba esos sellos para ganar licitaciones y que en la adjudicación de las obras había sobreprecios. Como se sabe, la principal imputada es Cristina Fernández de Kirchner, pese a que las rutas fueron licitadas, adjudicadas y controladas en Santa Cruz. El estado nacional aportaba la financiación, pero la ejecución la manejaban las autoridades provinciales, con supervisión del Ministerio de Planificación. Pese a ello, no hay un solo gobernador imputado.
Hoy por hoy, está claro que a Báez no se le pagó nada que no se haya construido, las demoras en las obras fueron las habituales en las obras de todo el país y la polémica estará centrada en las pericias sobre eventuales sobreprecios. La pericia del tribunal, realizada por el ingeniero Eloy Bona -de feroces tweets contra CFK-, afirma que existieron sobreprecios y la pericia de la defensa, hecha por la ingeniera Adriana Alperovich, enumera los datos arbitrarios, equivocados y engañosos de la pericia oficial.
