El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó de “valiente» la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar servicios público a la telefonía móvil, internet y la TV paga y consideró “más que oportuna” la suspensión de aumentos hasta fin de año. “Cumplimos con el compromiso de terminar con la lógica de los tarifazos y avanzar en garantizar el acceso a los servicios para todas y todos”, destacó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La directora de asuntos jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, apoyó el anuncio y dijo que «en términos de acceder a nuevos derechos es algo trascendental» ya que «acceder a la comunicación es un derecho, que hasta ahora sólo se podía acceder con el pago de un precio”.
“En Argentina la luz, el gas, el agua y la telefonía fija son considerados servicios públicos esenciales desde hace mucho tiempo. ¿Quién puede dudar de que hoy el acceso a internet y la telefonía celular también lo son? Solo quienes defienden intereses de grupos concentrados», escribió Kicillof. Recordó que en 2014 “la Ley Argentina Digital había reconocido el carácter de servicio público esencial y estratégico de TIC en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones” pero “a apenas 20 días de asumir Macri derogó por DNU este artículo y modificó unilateralmente leyes debatidas y votadas democráticamente en el Congreso”.
La diputada Liliana Schwindt, vicepresidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, destacó que “desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar el acceso a los servicios esenciales». «En relación a la telefonía, el cable e internet, al no ser servicios públicos, el Estado tenía la dificultad de no contar con las potestades para regular las tarifas. Esa situación fue permanentemente utilizada por las empresas prestadoras para impulsar aumentos, aun en pandemia, como lo hicieron en abril”, y “ya nos estaban mandando los de setiembre”. “Ahora empieza otro partido”, anticipó.
Para Pablo Carro, que preside la comisión de Comunicaciones, la decisión “recoge el espíritu doctrinario y los aspectos claves del proyecto que elaboramos con la diputada Blanca Osuna, como la declaración de servicio público, la consideración como derecho humano y la facultad del Estado para regular tarifas y establecer planes inclusivos”. “Si la oposición no se dedicara a bloquear las sesiones virtuales podríamos haber tratado los muchos proyectos presentados de radicales, socialistas y nuestros”, agregó.
También Ricardo Alfonsín elogió la medida. “Si queremos profundizar no sólo la democracia política sino también la social, la decisión es correcta. Esos servicios, o son en sí mismos esenciales o son instrumentos para la satisfacción de necesidades esenciales”, dijo. El radical sugirió que “no temamos a lo público: Internet, la telefonía móvil, la fija, la TV por cable, no son estatizados”. “Son tan privadas como antes. Sólo se los declara servicios públicos esenciales, lo que es muy distinto. Eso permite un grado mayor de regulación pública, como sucede en otros países”, destacó.
