Reproche de la Casa Gris al magistrado del concurso de Vicentin. Somaglia blanqueó sus dudas sobre la imparcialidad de Lorenzini: «Pone la empresa en riesgo». Además, un fallo a pedir de boca del directorio
Se terminaron las cortesías y los eufemismos en el gobierno provincial acerca del grupo Vicentin y el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tramita el concurso preventivo de acreedores. El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, dijo ayer que las decisiones que adopta el magistrado «en lugar de conservar la empresa, la empeora». Lo cuestionó por hacer caso omiso a las pruebas de vaciamiento doloso que aportó el Ejecutivo y de resolver siempre de acuerdo a los intereses del directorio que encabezan los Buyatti, Nardelli, Padoán y Vicentin. Es la primera vez que un funcionario de ese nivel formula abiertamente un reproche institucional tan grave contra el juez a cargo del mayor concurso judicial de la historia, de casi 100 mil millones de pesos y 2.600 acreedores.
Para colmo, en Buenos Aires otra jueza rechazó la pretensión del Gobierno nacional de sacarle la causa Vicentin a la Justicia santafesina y llevársela al fuero federal pero en Buenos Aires. La magistrada María Alejandra Biotti falló en contra y dispuso que el planteo de inconstitucionalidad del DNU presidencial que decretó la intervención se discuta en la Justicia federal en lo contencioso administrativo, pero en el juzgado de la jurisdicción donde se encuentra Avellaneda. Es decir, en el feudo controlado por el grupo agroexportador concursado.
Lorenzini rechazó en los últimos días una recusación contra su rol en el concurso -una empresa acreedora lo acusó de no garantizar imparcialidad-, se declaró incompetente para resolver si el DNU 522/2020 es constitucional o no, y elevó esas decisiones a la Cámara en lo Civil y Comercial de Reconquista. Antes de eso, restituyó el control del grupo Vicentin al directorio presidido por Daniel Buyatti y degradó a los interventores designados por el Presidente Alberto Fernández a un rol de veedores. «Para correr a los interventores no se sintió incompetente», desdeñó un funcionario local. También mandó al freezer la propuesta que arrimó Omar Perotti de asignarle la administración de la empresa concursada a Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).
Esto en la Casa Gris terminó por confirmar su desconfianza hacia el papel de Lorenzini en todo esto. Somaglia lo puso en blanco sobre negro: «Ahora la Cámara revisará las decisiones tomadas hasta ahora. Con los plazos procesales previstos por la apelación, no se va a resolver hasta por 45 o 60 días. Llama la atención que el magistrado no haya ni considerado las 35 pruebas, muchas y contundentes, que aportó la provincia para demostrar que los administradores actuales y reinstalados no tienen la capacidad suficiente de conducir los destinos de la empresa en esta transición», dijo el secretario de Justicia. Y enfatizó que el juez Lorenzini «trató de manera desigual a la empresa y a la provincia de Santa Fe, y eso es un invalidante legal superlativo».
Somaglia hizo ver que Lorenzini tampoco tuvo en cuenta hasta ahora la investigación penal que se abrió en Estados Unidos ante la presunción de «posibles delitos que se pudieran haber cometido contra bancos extranjeros» en el marco del multimillonario default que la aceitera declaró en diciembre.
El funcionario político de Perotti que oficio de nexo con el Poder Judicial dejó un razonamiento que lo deja mal parado al juez reconquistense: «La Provincia aportó sus pruebas después de que el magistrado reinstalara a los directivos. Y ahora ratificó esa decisión sin atender esas pruebas. Hay, cuanto menos, una celeridad en negar las postulaciones provinciales. Y al tratar esta discusión dentro del marco del concurso hará que este incidente no se resuelva sino hasta fines de agosto. Esto hace un clima de controversia jurídica que no trasluce garantía de previsibilidad para cualquier inversor u otra entidad que pudiera proponer un salvataje o rescate de la empresa», reprochó Somaglia.
El funcionario dejó entrever la posibilidad de que la presión social en Avellaneda -donde se fundó Vicentin SAIC- influya en el criterio del juez Lorenzini, de donde es oriundo.
El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, había intentado avanzar con el plan del Gobierno por la vía judicial. Buscó que un fallo en lo contencioso administrativo le quite a la Justicia provincial el expediente de la apelación de los Vicentin a la intervención de empresa y fije competencia en un juzgado federal de Buenos Aires.
La jueza que tomó ese planteo, María Alejandra Biotti, falló en contra de la estrategia gubernamental y le atribuyó competencia a «los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Santa Fe». «En Reconquista se tramita el proceso concursal. No es razonable que un tribunal a casi 800 kilómetros del lugar donde se produce el concurso entienda en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucional del DNU 522/2020», concluyó la jueza.
